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Distribuidores de gas protestaron contra el congelamiento de precios

8 octubre, 2020

Las empresas distribuidoras de gas envasado realizaron este jueves una movilización en las calles de Posadas para reclamar por una actualización de los precios de las garrafas. Se trató de una movida a nivel nacional, convocada por la Cámara de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (CODIGAS), compuesta por 181 PyME de todo el país, la cual advirtió que “el sector está en quiebra”.

“Peligra el abastecimiento de garrafas en los sectores más vulnerables del país. Están en juego más de 3.500 puestos de trabajo directo e indirecto”, sentenciaron.

En consecuencia, y ante la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, la distribución se manifestó y movilizó ayer para reclamar “un urgente reconocimiento de los costos del sector”.

Es que la CODIGAS indicó que “los costos promedios del sector son de 210 pesos por garrafa contra un margen ponderado promedio de 120 pesos, arrojando una pérdida de 108 pesos por garrafa comercializada, situación que ya no se puede sostener más”.

Y añadieron que “el reconocimiento de incremento de costos fue del 150%, siendo el incremento real del 450%, esto eliminó el margen bruto que hoy es inexistente”, precisaron.

Cerca del mediodía inició una caravana de vehículos que se apostó por diez minutos en el Mástil de la avenida Mitre para visibilizar la problemática que afecta a las empresas. También entregaron un petitorio en la Gobernación para informar sobre el pedido que llevan adelante y la situación en la cual se encuentran.

“Hay un reclamo a nivel nacional. Es para visibilizar los problemas que sufre el sector de fraccionadoras y distribuidoras de gas por la falta de actualización de precios de referencia y el aumento de los costos operativos. Estamos con precios establecidos en julio de 2019”, explicó a PRIMERA EDICIÓN Omar Cabral, presidente de la Cooperativa de Cooperativas de Gas, Viviendas y Otros Servicios Públicos de Misiones Limitada (Miscoopgas) entidad que abastece a sus asociadas de Eldorado, Puerto Rico, Oberá, Dos de Mayo, Leandro N. Alem, Concepción de la Sierra y 25 de Mayo.

Contó que días atrás las cámaras empresariales se reunieron en forma virtual con el nuevo secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, donde le plantearon la situación y la necesidad de un ajuste de precios.

“Si bien el precio de compra para nosotros también está congelado desde 2019, los demás componentes de la estructura de costos siguieron aumentando (sueldos, combustibles), en especial los materiales e insumos cuyo valor está atado al precio del dólar (envases, válvulas, repuestos, etcétera)”, detalló Cabral.

Asimismo, manifestó que “un precio aproximado que se estima en el sector está en un promedio de 430 pesos a 450 pesos (final) para la garrafa de 10 kilogramos”.

“Es una estimación. En nuestra zona la situación es más compleja porque tenemos que recorrer más de 1.000 kilómetros para llegar a la planta de carga más cercana. Eso significa un costo superior al de las plantas ubicadas en la zona centro del país. Hace tiempo que se solicita un adicional por esta mayor distancia”, manifestó.

 

Escasos márgenes

Cabe mencionar que actualmente una garrafa de 10 kilogramos tiene un costo de 350 pesos con retiro en la sucursal mientras que con el envío a domicilio aumenta a 600 pesos, lo que deja un margen de ganancia de 120 pesos por cada cilindro a las distribuidoras.

A todo esto, el propietario de Central Gas en Posadas, Jorge Mieres, contó a este Diario que el reclamo es a la Secretaría de Energía de la Nación para que les autorice un aumento que les permita obtener “márgenes justos y razonables”.

“Nosotros estamos regulados por ellos y hace 14 meses, desde julio de 2019, que no nos atienden y vendemos a un mismo precio porque si lo hacemos a uno mayor de lo estipulado nos multan. Entonces pedimos una audiencia, sin embargo no nos atienden y quedamos en el medio al igual que nuestras proveedoras”, manifestó.

Detalló que “hoy la garrafa de 10 kilos en el depósito está 350 pesos, desde hace 14 meses, y los costos aumentaron mucho, sobre todo lo que es mantenimiento, además tuvimos paritarias del 30% el mes pasado y un montón de cosas que por ahí la gente no sabe y por eso nos manifestamos de forma masiva en todo el país”.

Mencionó que a nivel nacional dependen de la Cámara de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado (CODIGAS) que los representa en las negociaciones con las autoridades nacionales.

“Nosotros estamos con un margen de 120 pesos de ganancia por cada garrafa, hace 14 meses a nosotros nos servía, pero hoy ya no, ese es el problema que estamos teniendo. Para cubrir los costos hoy una garrafa de 10 kilogramos tendría que estar en alrededor de los 600 y 700 pesos, hoy con el delivery cuesta 600 pesos. Queremos que la Secretaría de Energía nos entienda, no tuvimos despidos todavía pero no podemos pagar los aumentos de sueldos”, advirtió.

Para finalizar, aclaró que no están pidiendo ningún subsidio. “No queremos subsidios, queremos que la Nación nos autoricen a vender a un precio con los márgenes justos y razonables”, cerró.

https://www.primeraedicion.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/protesta-gas-video.mp4
Tags: #ProtestaGasMisionesprotesta distribuidores de gas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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