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Piden actualizar el precio de las garrafas

21 septiembre, 2020
Imagen ilustrativa

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En este nuevo inicio de semana y en el tramo final del mes de septiembre, distribuidores de garrafas, como así también fraccionadores hicieron un llamado desesperado, ya que según aseguran que el sector está “al borde del colapso” ante la imposibilidad de actualizar los precios de venta desde marzo de 2019.

Además, advierten que “el retraso es alarmante” y que alcanzan a cubrir menos de la mitad de sus costos. Esta situación pone en riesgo el servicio de más de 18 millones de usuarios y más de 9 mil empleos.

Del lado de los fraccionadores -las empresas que reciben el gas de las petroleras y lo envasan en garrafas de gas de 10, 12 y 15 kilos y en cilindros de mayor volumen- la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) advirtió que la actividad se encuentra “ante una situación de déficit insostenible”.

Según señalaron a TN.com.ar el director de CEGLA, Pedro Cascales, “la última actualización de precios fue en marzo de 2019, pero no alcanzó a cubrir lo que se necesitaba, y desde marzo de este año se congeló el precio cuando se incluyó al gas natural licuado (las garrafas) entre los servicios básicos, cuando no lo es”.

Desde marzo del año pasado el precio de la garrafa de gas de 10 kilos que venden los fraccionadores a los distribuidores está congelado en $185 y el valor al público ronda entre $350 y $400.

Pero según la entidad empresaria, la estructura de costos (sin impuestos) es de $354 en planta de fraccionamiento de la zona central del país y de $400 en el norte. “Los precios actuales no alcanzan siquiera al 50% del valor que se necesita para operar con normalidad”, explicó Cascales.

Del total de usuarios, unos 2,3 millones acceden a la garrafa social por el que reciben $183 para nuevas compras, que otorga el Gobierno nacional a los hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural, independientemente de que pase o no la red por fuera de su hogar, por cada garrafa de 10 kilos .

Según el empresario, “incluso para quienes no acceden a la garrafa social, en el AMBA es hoy más barato el gas en garrafas que el de red”, cuando la estructura de costos es al revés.

De acuerdo con un informe de la entidad que representa, el gas natural es 38% más caro que las garrafas; la leña tiene un valor 41% superior; el gasoil, un 52%, y utilizar electricidad requiere un 62% más de dinero.

Para CEGLA, son “injustificados” los “atrasos en la actualización de los precios de referencia que lleva a que la actividad de fraccionado del gas envasado ante una situación de déficit insostenible”.

“El desfasaje producido por la falta de actualización de precios genera una situación crítica en un mercado de 18 millones de consumidores y de una actividad que da empleo directa e indirectamente a más de 9.000 personas”, describió Cascales.

Además, advirtió que “se trata de un sector que exige cuantiosas inversiones para el mantenimiento de un parque de 18 millones de envases en poder del público, así como para la conservación de la flota de transporte y de la infraestructura de plantas de fraccionado, almacenaje y equipos especiales.

Cascales explicó que mientras “históricamente el margen entre el fraccionador y el distribuidor era de U$S6, al igual que en el resto de la región, hoy no supera los 2 dólares” y cuestionó que “desde la renuncia del exsecretario de Energía “(Sergio Lanziani -de Misiones-) no hay a quien plantear la situación”.

Lo que pretenden las empresas del sector es que el Gobierno nacional cumpla con el artículo 34 de la Ley 26.020, que obliga a actualizar el precio del gas natural licuado cada seis meses. “Necesitamos que se establezca un precio de referencia para el GLP en envases que sea coherente con la estructura de costos actual tal como se estipula en la ley”, finalizó Cascales.

Pero la queja no es sólo de los fraccionadores, también las distribuidoras de gas en garrafas advirtieron que “hay muchas pymes en estado terminal” por esta situación de atrasos de precios.

Así lo señaló la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas), que alertó que los valores actuales a los que opera el sector “impide cubrir los costos de operación” a muchas compañías, debido a que “en los últimos cinco años los costos crecieron 435%”, mientras que las empresas pudieron “trasladar una actualización del 140%”.

“Debido a las fuertes pérdidas acumuladas al estar trabajando con márgenes muy inferiores a los necesarios para cubrir los costos de operación, unas 180 pymes se encuentran en estado terminal, empujadas hacia la quiebra”, indicó Cadigas en un comunicado.

En este contexto, la entidad advirtió que existe un “riesgo inminente de desabastecimiento de un insumo crítico para 10 millones de personas que viven en zonas vulnerables de todo el país”.

Según Cadigas, por cada garrafa vendida las empresas pierden “un tercio de su valor, lo cual resulta absolutamente insostenible”.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de un total de 12,2 millones de familias del país, casi 5 millones, es decir el 41%, utilizan gas envasado en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Tucumán y Mendoza, entre otras.

Fuente: tn.com.ar 

Tags: actualizarGarrafasPrecios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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