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Beneficiarios de planes sociales no podrán comprar dólares

17 septiembre, 2020

La normativa especifica que quienes reciben ayuda alimentaria y quienes no tengan ingresos comprobados estarán impedidos de abrir nuevas cuentas en dólares, mientras que quienes ya las tengan no podrán hacer nuevas compras. El objetivo es evitar que el dinero que la ANSeS vuelca en medio de la pandemia no dañe a las reservas de la autoridad monetaria al aprovechar la diferencia entre la cotización oficial y la paralela. También que personas con ingresos abran cuentas para familiares a cargo o terceros con el fin de duplicar el cupo mensual.

Los detalles de las trabas para que beneficiarios del IFE, la Tarjeta Alimentar y otros beneficios sociales son parte de la Comunicación A 7105 del BCRA que establece criterios de verificación de los ingresos de las personas que abren cuentas bancarias en dólares o usan las que ya tienen.

“La autoridad monetaria dispone que previo a la apertura de una caja de ahorros en moneda extranjera las entidades financieras deberán obtener evidencia de que el cliente posee ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera, no siendo admisible que sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social”, detalló un análisis de la web Normas Financieras.

“Respecto de las personas titulares de cajas de ahorro en moneda extranjera abiertas a la fecha de difusión de esta comunicación, previo a la acreditación de nuevos importes -excepto que provengan de transferencias del exterior-, las entidades financieras deberán realizar la consulta en la página de Internet de la ANSeS, cuyo resultado deberán considerar lo mencionado previamente”, agrega el análisis de la normativa.

En lenguaje más llano, lo que establece el BCRA es que los bancos deberán consultar a la ANSeS antes de abrir una cuenta en dólares. Si la persona titular es beneficiaria del IFE y otros planes sociales no podrá abrirla. Tampoco si no tiene ingresos registrados, con lo que se busca evitar estrategias que se emplearon en los últimos meses para acceder a más dólares. Por ejemplo, que en una familia en la que no todos los integrantes tengan ingresos se utilice varias veces el cupo de USD 200, con la apertura de cuentas a familiares a cargo. O que se creen nuevas cuentas de “coleros digitales” que no tienen ingresos registrados y prestan el cupo a terceros.

Más adelante, la misma norma establece además que en el caso de cuentas bancarias con dos titulares se impedirá que se utilice dos veces el cupo mensual de USD 200.

Las trabas pesan también sobre quienes ya abrieron cuentas bancarias en dólares y perciben planes o no tienen ingresos. Ante una nueva acreditación de dólares -salvo que provenga del exterior, por ejemplo una remesa- los bancos deberán cruzar datos con ANSeS de la misma forma que antes de abrir una cuenta nueva. Las cuentas ya existentes no se pueden cerrar. Pero, por esta vía, el Central impide que usen el cupo mensual de USD 200 para ahorro.

Las trabas para beneficiarios del IFE y otros planes se suman a las que se establecieron sobre personas que están pagando un crédito hipotecario UVA, las que refinanciaron el pago de tarjetas de crédito dentro del marco de los planes oficiales de abril y septiembre, y las que accedieron a otras vías de postergar o refinanciar pagos de créditos.

El objetivo oficial es que el dinero que el BCRA imprime y luego vuelca a la calle para intentar paliar el parate económico que genera la pandemia no termine corriendo contra las reservas internacionales. En los últimos meses, a pesar de lo pequeñas que son las compras autorizadas, la cantidad de compradores se disparó en la medida en que personas que nunca registraron actividad cambiaria pasaron a demandar los USD 200 mensuales. La cifra rozó los 4 millones de compradores en julio y, según estimaciones del mercado y cálculos hechos a partir de la recaudación del Impuesto PAIS, habría rozado los 5 millones de compradores en septiembre.

Fuente: infobae.com

Tags: #economíaDólarPlanes sociales
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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