Las provincias argentinas perdieron, desde febrero, la facultad de homologar los Procedimientos Preventivos de Crisis por disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación, debido a que podían afectar aportes y contribuciones que forman parte de la recaudación nacional.
A raíz de esta situación, la herramienta más utilizada por parte de las empresas y gremios en el marco de la crisis económica que generó la pandemia, fueron los acuerdos del Artículo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
La ministra de Trabajo de la Provincia, Silvana Giménez, explicó al respecto que “hasta el 18 de febrero las PPC se podían tramitar en las provincias. A partir de 18 de febrero mediante resolución Nº 101 nos quitan a las provincias esa facultad, porque afectan las cargas y contribuciones que son recursos nacionales”.
La funcionaria explicó que la opción que surgió en ese momento y fue muy utilizada en los últimos meses por las empresas en situación de crisis fueron los acuerdos por el Articulo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
“Esta fue la salida para muchas empresas, que acordaron con los gremios y el Estado. En marzo se acordaba el pago de 50% del salario del trabajador para no echarlo, pero después mediante una reunión con la UIA se acordó que las empresas debían pagar el 75% del salario, es como una prestación no remunerativa”, señaló Giménez.
De ese 75%, el 50% lo pagaba el Estado nacional mediante las ATP (Aportes al Trabajo y la Producción) y el 25% restante las empresas que presentaron los acuerdos del 223 Bis.
La ministra explicó que “en el Ministerio no había antecedentes de este tipo de acuerdo. Debutamos en la cartera provincial con los primeros acuerdos de este articulo porque no se usaban”.
Las empresas de Iguazú
Un grupo de empresas del rubro turístico de Iguazú presentó en marzo un pedido de Procedimiento Preventivo, que es un recurso para prevenir despidos tempranos y recibir asistencia del Gobierno nacional.
El Ministerio que dirige Giménez resolvió remitir ese pedido al Ministerio de Trabajo de la Nación, teniendo en cuenta que no tiene facultad para homologar un PPC.
“Le notificamos a las empresas, y antes de avisar que no podíamos homologar el PPC, le aconsejamos que acuerden con el 223 Bis. Ellas quisieron seguir en la línea del PPC. Pero ninguna provincia de Argentina tiene facultad de tramitar” dijo.
Incluso el Ministerio envió abogados a dialogar varias veces con las empresas para ponerlas al tanto de este tema.
Lamentablemente las empresas no tramitaron el 223 pero tampoco pudieron acceder al PPC.
En este sentido, el sector del turismo en general, y Puerto Iguazú en particular, están pasando la peor crisis económica de su historia. Van seis meses sin actividad nacional e internacional y no hay expectativa de un pronto retorno.
Entre las que accedieron al 223 “pagaron el 75% y algunas hasta 82%, sin aportes y contribuciones”, dijo
Lo importante, además, es que todavía se están realizando y renovando los acuerdos por el 223 y muchas empresas están a tiempo de acceder a este beneficio.
La Nación primero determinó acuerdos trimestrales pero luego, con la extensión de la cuarentena, resolvió que este beneficio se otorgará todo el tiempo que perdure la pandemia.
Fondos
En febrero, para evitar disminuciones de sus recursos, la Nación le quitó a las provincias la facultad de homologar o tramitar Procedimientos Preventivos de Crisis porque le permite a las empresas no aportar.
