La crisis económica provocada por la pandemia en el sector comercial y turístico de Puerto Iguazú ha generado una situación de fuerte tensión entre el sector empresario y el gremio del Centro de Empleados de Comercio.
Esta entidad publicó recientemente en su cuenta de Facebook una resolución emitida por el Ministerio de Trabajo de Misiones, que conduce Silvana Giménez, donde se analiza el pedido de una empresa para declarar el Procedimiento Preventivo de Crisis y se decide remitirlo al Ministerio de Trabajo de la Nación. En pocas palabras, el Ministerio se declara incompetente para resolver el planteo.
No sería una sola empresa, sino varias las que acudieron al ministerio de Giménez con ese planteo pero el fallo de la ministra les desdibujó la estrategia. En este sentido, además de los fallos ministeriales, el gremio CEC publicó un pronunciamiento con duras críticas a los empresarios.
En el primer párrafo indicó: “Comunicamos a los afiliados del Centro de Empleados de Comercio Iguazú que ante los pretendidos embates de unos cuantos empresarios irresponsables e inescrupulosos que han pretendido vulnerar el legítimo derecho alimenticio que le asiste a los trabajadores, con el esfuerzo y trabajo diario que caracteriza a esta nueva conducción sindical, hemos logrado que los procedimientos preventivos de crisis presentados ante la Delegación del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Puerto Iguazú, sean declarados improcedentes y por consiguiente nulo en razón de la incompetencia material que tiene el órgano provincial para entender en dichos procedimientos”.
Luego el gremio arremete: “El procedimiento de mención presentado por unos cuantos inescrupulosos que pretendieron considerarse en emergencia económica y/o empresarial del día a la mañana, aún cuando no se conocieran los efectos de esta lamentable pandemia, ha sido declarado improcedente para ser tratado ante las autoridades provinciales presentadas, remitiéndose las mismas ante el Ministerio de Trabajo de la Nación e intimando la regularización formal”.
“En efecto, informamos que todos los acuerdos individuales suscritos por los trabajadores no tienen efecto alguno, tornándose intactos sus derechos para reclamar la totalidad de la diferencia del salario mensual que ilegítimamente fueran privados, bajo procesos absolutamente improcedentes”, remarca después.
Y finalmente insta a los trabajadores a “continuar con la lucha de la dignificación y enaltecimiento de los derechos laborales, evitando caer en los engaños de los inescrupulosos, aún en el de estado de necesidad que embarga al trabajador y su núcleo familiar”.
