La resistencia que tiene el Grupo Z al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) nacional va contra los intereses de los usuarios que claman por beneficios. Los diputados que firmaron el pedido de informes de Lenguaza solicitaron “… que se remitan los antecedentes sobre las tratativas de la provincia para la implementación de la tarjeta SUBE nacional, un mecanismo transparente que centraliza todas las recargas de los plásticos en un solo sistema y posibilita el control de la recaudación real, la cantidad real de pasajeros transportados, los kilómetros realmente recorridos”.
Recordaron que “en Misiones, la SUBE Misionero es administrada por una empresa creada con capitales de Casimiro Zbikoski, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, por lo que mal podríamos confiar en datos proporcionados por quienes estarían directamente interesados en manipular las estadísticas a su favor”.
“Entendemos que el Estado misionero debe ser el primer interesado en terminar con este oscurantismo en torno a la recaudación de las empresas del SITM”, dijeron.
“Es lamentable que los vecinos más pobres de Posadas, Garupá y Candelaria no puedan viajar con un boleto a mitad del precio actual porque no pueden acceder a la Tarifa Social Federal.La Tarifa Social Federal de la Tarjeta SUBE nacional es un beneficio que permite viajar con un 55% de descuento en el transporte público a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, excombatientes de la Guerra de Malvinas, beneficiarios de la AUH, monotributistas sociales, beneficiarios de las becas Progresar y titulares de programas oficiales de asistencia como el Hacemos Futuro”, expresaron los diputados.
También se hace mención en el proyecto “… que jamás funcionó el promocionado Centro de Monitoreo y Control del Transporte Público Colectivo para el Área Metropolitana que se inauguró en 2015 y que demandó la inversión de 700 mil dólares (unos sesenta millones de pesos al cambio actual oficial) aportados por el Banco Mundial. Ese centro supuestamente iba a controlar los recorridos en tiempo real con equipos de GPS en las unidades, para cumplimentar así las exigencias del Gobierno nacional, cansado de aportar subsidios en base a ‘declaraciones juradas’ de las empresas. Lamentablemente no sabemos por qué hasta se hizo un acto de inauguración pero jamás se puso en marcha ese sistema, como tampoco pudimos saber qué pasó con este dinero ya que el pedido de informes elaborado por los diputados del PAyS nunca se aprobó en esta Legislatura para su trámite”.
En el texto del pedido de informes, se pide que “particularmente se remitan certificaciones, declaraciones juradas de cada una de las empresas sobre pasajeros transportados, registros GPS, documentación elaborada por la empresa Servicios Urbanos SA en base a tickeadoras y/o registradoras fiscales; y/u otra documentación que acredite fehacientemente la recaudación, pasajeros transportados y kilómetros recorridos por las unidades afectadas al SITM, documentación que fuera considerada válida para la elaboración de la fórmula polinómica, la determinación de los aumentos en el costo de los boletos y el incremento de las subvenciones durante los años 2016- 2017, 2018, 2019 y 2020”.
Finalmente se pidió que “se remita a esta Legislatura la documentación que avala las adecuaciones y que integran los cálculos realizados en el marco de la ecuación polinómica determinada por el Decreto 171/2007”.
