En la Casa Rosada vienen contando “poroto tras poroto” a medidas que los gobernadores van fijando posición respecto a la reforma judicial que impulsa, con excesivo interés, el presidente Alberto Fernández. La reciente decisión de Córdoba de no acompañarla, pone en mayores dudas la iniciativa del Ejecutivo que se encuentra en tratamiento previo en las comisiones de diputados.
Salvo que un Gobierno cuente con una mayoría propia en el Congreso, siempre tendrá dependencia de votos de los legisladores que pertenecen a partidos que se transforman en eventuales aliados para aprobar una ley de sumo interés. Es el juego de la democracia.
Y si existe un grupo que suele capitalizar hábilmente las necesidades de la Nación para negociar, son los gobernadores de provincias que -por más pequeñas que resulten- ese puñado de votos puede ser crucial para el destino de una iniciativa legislativa.
Por esta razón, en los últimos días, se intensificaron las reuniones virtuales de algunos mandatarios que no son parte directa del Frente de Todos pero lo han apoyado para llegar al poder.
En el caso de Misiones, hace una semana, el presidente del bloque “misionerista”, Ricardo Wellbach ya había anticipado en FM de las Misiones 89.3 que estaban de acuerdo con un cambio “que no tuviera como eje la pelea por la designación de los jueces”.
Sin embargo, en los últimos días, la Casa Rosada intensificó las comunicaciones, firmas de convenio y soluciones a reclamos de larga data con la Gobernación. ¿Casualidad o negociación clave?
El Frente de Todos necesita sumar todos los apoyos posibles a la tropa propia. En caso contrario, se verá obligado a aplazar desde el dictámen hasta el tratamiento en el recinto si ve insegura la votación. La oposición se vio fortalecida con la movilización del feriado del 17A, hasta piensa en reeditar la salida a las calles con esa consigna que apareció más fortalecida frente a los anticuarentena.
Negociaciones con la tierra colorada
Primero fue Alberto Fernández que habló con Oscar Herrera Ahuad en los últimos días, donde comprometió el tratamiento de la política impositiva diferencial e instruyó a Kulfas a seguir la cuestión.
Eso llevó a fijar agenda para el 31 de agosto mediante teleconferencia, para empezar a hablar del tema. Después fue el propio Kulfas que -según pudo saber PRIMERA EDICIÓN– intercambió mensajes con Herrera para impulsarlo a fundamentar el pedido, sin que sea descartado de entrada por el área técnica presidencial.
Paralelamente, luego de la charla con el Presidente, el mandatario misionero consiguió la refinanciación de la deuda con la ANSeS y la consecuente devolución de 400 millones que le descontaron a Misiones. Y, el mismo día, ANSeS se comprometió a pagar 700 millones al IPS que le adeuda desde 2017.
A mitad de semana, Fernández organizó una teleconferencia con cinco gobernadores (entre ellos Herrera) para anunciarles el reinicio de inversiones en obras públicas, que para Misiones es empezar a cumplir la firma de convenios realizada en la última visita a la Provincia por parte del primer mandatario nacional.
Políticamente, aunque resulte casualidad, finalmente echaron al misionero Sergio Lanziani como secretario de Energía de la Nación, al que el diputado renovador Roque Gervasoni declaró como un “traidor al espacio político y a la provincia”.
En este contexto político y de medición de fuerzas legislativas para la sanción de leyes clave, las fuerzas provinciales que no responden ciegamente al kirchnerismo podrán obtener un mayor rédito político para los gobiernos locales, creyendo en la palabra y los compromisos que la Nación asuma con tal de garantizarse el apoyo.
Respecto a esto último, el Frente Renovador de la Concordia aprendió con el correr de los años a perfeccionar su capacidad de negociación con los sucesivos presidentes. Particularmente cuando se gestiona en una provincia pequeña, castigada en el reparto de la coparticipación y relegada año a año en materia socioeconómica, sin importar el signo político que llegue a la Casa Rosada.
Ahora, el gran objetivo del oficialismo misionero es conseguir esa rebaja impositiva que vuelva competitivas a las PyME misionera frente a Paraguay y Brasil. Aun cuando Alberto Fernández no acompañó el pedido de reivindicación histórica de Misiones con la asignación de la compensación de 3 mil millones de pesos mensuales, hay esperanza en la renovación para la mirada fiscal diferenciada.
Larga espera
La economía sufrió en junio una caída del 12,3% -la mitad de lo que se contrajo en abril y mayo- y acumula en el primer semestre un retroceso del 12,9%, en medio de la pandemia de coronavirus. El sector del turismo sigue siendo el gran perjudicado mientras que la actividad bancaria y el consumo de servicios como agua y energía fueron los únicos dos que mejoraron.
En el mismo sentido, la Unión Industrial Argentina reveló al inicio de la semana una encuesta entre sus asociados donde 6 de cada 10 siguen con caídas promedio de más del 25% en su producción. Ese dato se potenció cuando se informó en las últimas horas que la actividad industrial cayó 10,7% interanual en todo el país durante junio.
El Gabinete Económico se reunió esta semana y aseguraron que se nota una “leve recuperación” en el país. Delinearon el ATP 5 para asistir a algunas empresas privadas. Continuaron con el análisis de las tan promocionadas 60 medidas que, desde el pasado 3 de agosto, la CGT y algunos ministros empezaron a mencionar que Alberto Fernández lanzará.¿Cuándo? Aun no hay fecha y la espera se alarga.
Consumidores: buenas y no tanto
Esta semana proliferaron malas noticias de alto impacto para los bolsillos de los consumidores y, el viernes, llegó al menos una buena con el congelamiento de las tarifas de servicios como telefonía (fija y móvil) TV paga e Internet.
La sorpresa desagradable fue las aplicaciones de mayores intereses de financiación para los que “patearon” los pagos de resúmenes ante la pandemia.
En algunos casos, se puso más del 43% de tasa nominal sobre los montos impagos o refinanciados, lo que generará deudas imposibles de saldar para muchos y la consecuente incapacidad para seguir operando con los plásticos de crédito. Sin olvidar el serio compromiso financiero en que quedarán los deudores.
El Banco Central prometió abrir una investigación para intentar mejorar la situación de los deudores.
La otra cuestión fue la suba de los combustibles después de algunos meses congelados. En Misiones, donde la nafta cuesta hasta $7 más que en la CABA, la suba significó entre 2,10 y 2,20 pesos más por litro.
Ahora se espera el impacto de ese incremento sobre algunos rubros de la vida cotidiana, donde cualquier aumento desmedido en comestibles significará mayores postergaciones para los que cuentan las monedas para llegar a fin de mes, y poder alimentar a la familia.
Vale recordar los datos que esta semana oficializó el INDEC. Los precios de los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria aumentaron 1,6% en julio, con lo que grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos necesitó percibir ingresos por $18.321,51, para no caer en la indigencia. La misma integración familiar tuvo que obtener $44.521,25 para no caer debajo de la línea de la pobreza.
Finalmente se publicó ayer en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 que congela las tarifas de telefonía, TV paga e Internet hasta diciembre.
La medida generó un nuevo cruce entre la oposición y el oficialismo por el impacto que tendrá la decisión sobre las inversiones y las prestaciones empresarias. Sin olvidar que se llegó a plantear desde sectores de Juntos por el Cambio que la intención final del Gobierno era “controlar” el uso de Internet, como medio de socialización masivo con notable crecimiento en los últimos tiempos.
Desde el Frente de Todos aclararon que la declaración de servicio esencial no es lo mismo que servicio de interés público.
El tiempo dirá si las empresas sostienen y mejoran las prestaciones (por cierto nada baratas en el contexto regional o internacional), para no seguir perjudicando a los consumidores, a quienes cuesta mes a mes más esfuerzo poder cumplir con los pagos.
