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Juntaron 2.500 firmas y piden que se llame a licitación del transporte de pasajeros

12 agosto, 2020
RECLAMO. Los usuarios muestran su malestar por la forma “hacinada en la que deben viajar a diario”.

Junto a unas 2.500 firmas de los usuarios de colectivos urbanos, la Unión de Presidentes y Dirigentes Sociales entregó notas en el Concejo Deliberante, la Municipalidad de Posadas y Casa de Gobierno pidiendo que se llame a licitación del transporte público de pasajeros. Además, solicitan que se retrotraiga el Decreto Nº 980, que beneficia al Grupo Z, ya que es el único concesionario del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano en Posadas, Garupá y Candelaria. La norma habilita que el monopolio incremente la cantidad de pasajeros en cada colectivo, sin la necesidad de sumar más frecuencias.

En varias oportunidades los usuarios expusieron sus quejas porque sus reclamos no son escuchados. Por esto, en las notas presentadas esbozaron que “no se ha obtenido respuestas favorables en ningún sentido hasta la actualidad, ya que el servicio de transporte integrado de Don Casimiro -actual servicio mayoritario- no ha mejorado en cuanto a la calidad del servicio que presta a los usuarios sino que sigue siendo pésimo en todos los sentidos: falta de frecuencias, cambios de recorridos y salubridad. Estas deficiencias y falencias se han incrementado en plena pandemia y distanciamiento social ”.

Es así que manifestaron: “Reiteramos el pedido de llamado a licitación pública del sistema de transporte y esto se acompaña con las firmas de varias comisiones vecinales y usuarios frecuentes del servicio del transporte que se encuentran en disconformidad con el servicio de Casimiro”.

Asimismo, otro grave problema que les genera malestar es la forma en la que deben viajar todos los días, ya que las unidades circulan repleta de personas y no se respeta la distancia social; incluso los usuarios hicieron llegar imágenes a este Diario de los colectivos desbordados de pasajeros.

Es por eso que en la nota agregaron que “apelamos a que se retrotraiga el Decreto Nº 980 a la cual se adhirieron y se encuentra en vigencia, atentando contra la salud pública de todos los posadeños y más aún de la población en riesgo”.

“Entendemos que nuestros funcionarios son los responsables directos del tema del transporte; por lo cual deben velar por el efectivo cumplimiento del servicio que se ofrece al vecino que a diario viaja en colectivo. Como así también arbitrar los medios para evitar el maltrato que sufre el usuario por parte del empresario que deja a muchos barrios sin servicios, quitando frecuencias y cambiando recorridos sin previo aviso”.

 

Más competencia

Daniel Morel, titular de la Unión de Presidentes y Dirigentes Sociales indicó a PRIMERA EDICIÓN que “se juntaron alrededor de 2.500 firmas en cuatro días en distintos sectores de Posadas. Nos faltó tiempo, pero era urgente hacer esta presentación en los distintos organismos del Estado”.

A la vez, señaló que “vimos el abandono porque ningún funcionario se presentó a defendernos”. Agregó que “hasta ahora nos comunicamos con dos concejales Facundo López Sartori y Fernando Meza, pero no hubo comunicación con el departamento Ejecutivo municipal”.

Morel remarcó que “entendemos que el Decreto Nº 980 es una equivocación y esto nos da pie al llamado a licitación pública para que nuevas empresas vengan a competir”.

Adicionó que “a nosotros lo que nos interesa es la salud del vecino, que viaje cómodo, con una garantía para que vaya a sus lugares de trabajo”.

La semana pasada Morel intentó preguntar -en una conferencia de prensa que se desarrollaba en un espacio público- a los referentes del Grupo Z y de EUTA sobre las frecuencias, pero su pregunta fue bloqueada. “Este empresario viene haciendo lo mismo durante muchos años y él no es el dueño de Posadas. Esta empresa es altamente subsidiada y no brinda un buen servicio”.

En consecuencia, recordó una frase que expusieron en dicha conferencia. “Desde las empresas dicen que no dan abasto, pero si ellos no pueden cubrir todo, entonces con más razón que se abra la jugada a otras empresas”.

Afirmó que “si no les da ‘el cuero’ que dejen que otras firmas trabajen y que así se preste un servicio como corresponde”.

“En 2022 vence el plazo de la concesión de Don Casimiro; es decir que el año que viene se debería hacer el llamado a licitación para que ingresen los proyectos y sean analizados en el Departamento Ejecutivo Municipal. Es justo que tengamos competencia y buen servicio” enfatizó.

 

“En juego la salud”

En tanto, Cristina Cuevas del barrio Hermoso dijo a este Diario que “pedimos que se llame a licitación pública del transporte urbano de pasajeros. El Gobierno tiene el deber y la obligación de brindarnos seguridad”.

Apuntó que “antes se tenía que viajar sentados debido al aislamiento social, pero ahora viajamos como sardinas”. “En juego está la vida humana, por eso pedimos que se retrotraiga el Decreto que permite que se viaje parado. Están jugando con la vida de la gente”, aseguró.

También advirtió el problema que padecen a diario en las estaciones de transferencias. “Dicen que tienen el desinfectante en un pulverizador, pero eso no tiene ni olor a alcohol”. Aseguró que “vamos a ir hasta las últimas consecuencias con esto porque la gente está harta del manoseo, del pisoteo y la falta de responsabilidad”.

 

Frecuencias

El presidente del barrio Las Vertientes, Joel Medina se expresó sobre la falta de frecuencias. “Todos los días viajamos apretados. Esto molesta”, se quejó. Deslizó que “nos da miedo todo esto y además se paga el boleto para viajar bien”.

En consecuencia, subrayó que “pedimos más frecuencias en todo lo que es la zona Sur de Miguel Lanús”. Contó que “el 27 ingresa una vez por hora al barrio y ese colectivo pasa por el hospital y va hasta el centro por lo cual siempre está lleno”.

Ante esto, recalcó que “necesitamos más frecuencias en las primeras horas del día que sería de 6 a 9 que es cuando más usuarios se movilizan para ir a sus trabajos”.

Tags: #PosadasGrupo ZReclamosTransporteusuarios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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