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La Mesa “No a las represas” exige que se respete el plebiscito del 96 por Corpus

24 julio, 2020
RÍOS LIBRES. Más de 40 organizaciones sociales, ambientalistas, religiosas y gremiales forman la Mesa “No a las represas”.

La publicación del estudio de prefactibilidad, elaborado por la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP), para el “aprovechamiento multipropósito Corpus Christi en el emplazamiento Pindoí”, encendió la alarma de varias organizaciones que están en contra de la instalación de una nueva represa en Misiones.

Es que dicho informe fue puesto a disposición de los Gobiernos de Argentina y Paraguay en el caso que, eventualmente, se decida avanzar en el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para llevar adelante la obra.

Sin embargo desde la Mesa Provincial “No a las represas” (integrada por más de 40 organizaciones sociales, ambientalistas, religiosas, gremiales y personas independientes) lanzaron un comunicado exigiendo que se respete el plebiscito que le dijo: “No a Corpus”.

Es que en el año 1996 se realizó en la provincia una consulta popular, vinculante y obligatoria para definir acerca de la construcción de la Represa Corpus Christi sobre el río Paraná; siendo el resultado un rotundo rechazo por parte de la ciudadanía. En esa oportunidad “el 88 % se manifestó en contra del mencionado proyecto, refrendado con una Ley Provincial que prohíbe su construcción cualquiera fuera su emplazamiento”.

Pese a ello “la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP) anunció los resultados de nuevos estudios de factibilidad para su construcción, elaborado por técnicos de la comisión, otros organismos del Estado y universidades efectuados con recursos estatales y sin la autorización legislativa correspondiente, tal como lo determina la Ley Provincial de Soberanía Energética”, advirtieron.

Asimismo, observaron que en la publicación de los resultados de ese informe se plantea la realización de un nuevo plebiscito para la concreción de la represa “con la intensión de generar confusión en la población, siendo que no tiene sentido porque el plebiscito ya fue realizado y la ley correspondiente sancionada”.

ESTUDIO. El proyecto que se actualizó corresponde a la alternativa propuesta para el aprovechamiento multipropósito Corpus.

Señalaron, además, que los objetivos que se plantean para fundamentar la construcción son “la generación de energía y la navegabilidad del río Paraná”. Esto último, manifestaron, “a los efectos de concretar una vía de transporte que profundiza el actual modelo extractivista”.

Por otra parte, remarcaron que “resulta alarmante la liviandad con que se minimizan los posibles impactos, tales como la inundación de más de 8.000 hectáreas mayoritariamente de bosque nativo, la desaparición de la reserva arqueológica Gruta India y la disminución de los saltos de las Cataratas del Iguazú, entre otros”.

Acotaron, a su vez, que el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, en su última visita a Misiones reconoció que analizaron la represa en Corpus. “Hoy estamos con una emergencia que nos lleva mucho tiempo, pero sin dudas Argentina necesita avanzar en materia de infraestructura energética”, sostuvo el funcionario nacional.

Estas declaraciones, según suponen desde la Mesa “No a las represas”, sumadas a la reciente presentación de la COMIP “hablan a las claras de que nuevamente desde el poder central se intenta avasallar una definición de los misioneros”. Por todo esto, exigen a las autoridades provinciales, legisladores provinciales y nacionales que “fijen una postura al respecto y exijan las explicaciones correspondientes al Gobierno nacional”.

 

Proyecto de Ríos Libres

Las organizaciones ambientalistas insistieron también en la necesidad que sea tratado en la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Ríos Libres presentado por la Mesa hace más de un año, ya que de lograrse su aprobación echaría por tierra cualquier nuevo intento de instalar represas en Misiones.

Recordaron además que “más de 40 organizaciones sociales, ambientalistas, religiosas, gremiales y personas independiente nos hemos comprometido a garantizar la libertad de nuestros ríos y su preservación”. “Sea cual sea las circunstancias que nos toquen vivir seguiremos luchando y esgrimiendo, como siempre lo hemos hecho, sólidos argumentos que respaldan nuestra postura y la de más del 90 % de los misioneros”, aseveraron.

 

“Es un atropello a la soberanía de la provincia”

El integrante de la Mesa Provincial “No a las represas”, Eduardo Luján, responsabilizó a las autoridades provinciales por la incertidumbre que genera este nuevo estudio de prefactibilidad que realizó la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP) para el “aprovechamiento multipropósito Corpus Christi en el emplazamiento Pindoí”.

“Tanto diputados nacionales, como provinciales, así como el mismo Gobierno provincial, tendrían que fijar una postura y exigir a Nación una explicación del porqué se están haciendo esos estudios de factibilidad siendo que hay una ley que prohíbe la construcción de Corpus”, señaló Luján a PRIMERA EDICIÓN.

Asimismo, manifestó que esta situación “es un atropello a la soberanía de la provincia, más aún en un momento tan crítico cuando Misiones ha sido declarada como capital de la biodiversidad”. “Me parece que es totalmente injusto que el Gobierno nacional plantee esto en una provincia que se viene destacando por pretender o proponer respetar los bienes naturales”, sentenció.

Sostuvo que este comunicado que lanzaron desde la Mesa exige “que se respeten las leyes provinciales, que están respaldadas por la misma ciudadanía”. “Conocemos los impactos de Yacyretá, lo que han generado otras represas en la región y los inconvenientes que tenemos con las que han construido en Brasil sobre las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay”, enfatizó.

Y agregó que “ya nos hemos manifestado cuando se intentó construir Panambí o Garabí”. “La Provincia y la región ya no soportan este tipo de megaobras”, adujo.

En este contexto, el ambientalista apreció que “a lo largo de estos años las inversiones en energía alternativa han dado muy buenos resultados”. “La energía eólica, solar y de la biomasa son formas que no sólo están desarrolladas en el mundo entero, sino también en nuestro país. Hay muchas cooperativas eléctricas que están experimentando con energías alternativas que solucionan muchos problemas de la producción local”, adujo.

Consultado sobre el proyecto de Ley de Ríos Libres, Luján opinó que desde la Mesa no lo ven con muchas expectativas ya que “es la segunda vez” que lo presentan. “La primera vez perdió estado parlamentario. Si no es tratado antes de fin de año, volverá a perderlo. Nosotros queremos que por lo menos se debata para perfeccionarlo y contar así con el aporte de todos”, cerró.

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  • La COMIP actualizó estudios del proyecto Corpus emplazado en Pindoí
Tags: COMIPCorpus Christiimpacto ambientalMisionesNo a las represasPindoí
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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