La norma busca proteger a los pequeños agricultores que recurren a la compra de tractores usados de países limítrofes y son criminalizados por las fuerzas federales. No tienen posibilidades de comprar equipamiento argentino por los altos precios, ni acceso al crédito.
El proyecto establece la posibilidad de legalizar los existentes y de importar con “tasa cero”. Por eso, el autor de la iniciativa, Héctor “Cacho” Bárbaro (Pays-Frente de Todos), socializó el proyecto con los legisladores de provincias fronterizas donde existen agricultores que podrían beneficiarse con el régimen especial. Busca que se trate de una iniciativa conjunta.
“Hoy por hoy, un colono del alto Uruguay misionero no tiene posibilidades de comprar un tractor usado de fabricación nacional. Un tractor chico y de entre 30 y 40 años de antigüedad cuesta entre $500.000 y un millón de pesos. Es totalmente inviable. Por eso se arriesgan con tractores de Brasil sin aval aduanero que les cuestan hasta siete veces menos”, contó, reflejando así la realidad que se registra en Misiones y en otras provincias fronterizas del país.
Estos productores son criminalizados cuando las fuerzas federales detectan la existencia del tractor en una chacra o en tránsito por rutas o caminos vecinales. Cuando esto pasa, pierden la máquina y enfrentan una causa federal. “No hay créditos para la tecnificación de las chacras a los que puedan acceder los productores más pobres. Los obligamos a ser criminalizados o a someterse a las herramientas de labranza del Siglo XIX: la yunta de buey, el taka taka, la azada, la rastra. A los 50 años terminan con la espalda rota y una mínima capacidad de producción”, finalizó.
