La oficial de Policía que ofició de secretaria de actuaciones en la investigación por el crimen de 47 puntazos del agricultor Ángel Márquez (59) declaró ayer lunes y complicó la situación de los dos imputados por el hecho, en el marco del juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Penal 1 de esta ciudad.
Fue el último testimonio de cara a los alegatos de las partes y que se iniciarán este martes desde las 8.30. El fallo por el homicidio, perpetrado el 28 de julio de 2017 en Colonia Itatí (Bernardo de Irigoyen), podría conocerse el próximo jueves, indicaron las fuentes.
Los dichos de la funcionaria policial fueron claves, teniendo en cuenta que fue testigo de oídos de los testimonios de la madre y del hermano menor de uno de los acusados, quienes se encuentran en Brasil y no pueden comparecer.
De esta manera se corroboró lo que afirmaron los familiares de uno de los imputados en la fase de investigación del homicidio, es decir que ambos jóvenes “anduvieron preguntando si la víctima tenía plata y armas. Además, si era cierto que vivía solo” y que tras el crimen “pidieron esconder armas blancas (cuchillo y machetes) en una vivienda”.
Pericias posteriores establecieron que el ADN del fallecido estaba presente en un cuchillo secuestrado en ese lugar. Por si fuera poco, luego de conocerse el hecho uno de los imputados amenazó de muerte a su hermano menor, “si contaba algo a la policía”.
Este último episodio movilizó en gran parte a la progenitora de uno de los dos detenidos, quien se presentó en la comisaría y radicó una denuncia dando cuenta de lo que sabía e incluso, llevó a los uniformados hasta la chacra donde posteriormente se hallaron las armas, una de las cuales tenía vestigios biológicos de la víctima.
“Hago esto por temor a que le pase algo a mi hijo menor, que no tiene nada que ver con el crimen, él solo cuidaba la chacra donde le pidieron que guarde las armas. Además fue amenazado de muerte por el mayor”, refirió la mujer a la oficial instructora del caso y que declaró ayer.
Ambos imputados, Rogerio Da Silva Vargas y Luis Da Silva Zanella, de 22 y 20 años (ambos de nacionalidad brasileña), fueron arrestados doce horas después del hallazgo del cadáver, en un paso fronterizo.
Caipirinha, droga y muerte
La víctima cuidaba un predio en Colonia Itatí (Bernardo de Irigoyen) desde mayo de 2017. Según la instrucción de la causa, el viernes 28 de julio de 2017, los dos brasileños ahora en el banquillo de los acusados, en compañía de un tercero que nunca fue capturado, bebieron caipirinha y fumaron alucinógenos en una chacra cercana.
Fue allí que se cree estuvieron haciendo preguntas respecto a si el cuidador de una chacra, al que conocían en la zona como “Marreco” (Márquez) tenía “armas y dinero”. Esto fue ratificado ayer por la investigadora policial.
Por la noche, la víctima fue atacada y recibió 47 puntazos en distinas partes del cuerpo. Le destrozaron un ojo y tenía fracturas de cráneo. Murió desangrado.
A eso de las 22, uno de los imputados le pidió a su hermano menor que le esconda una “faca y un machete”, amenazando de muerte a él y a su familia, tal y como surgió en la investigación y lo manifestó ayer la funcionaria policial.
El lugar del crimen está situado a 20 kilómetros de la zona urbana de Bernardo de Irigoyen. Queda sobre la ruta provincial 18.
