A inicios de esta semana, los principales diarios de Asunción dieron cuenta de una embarcación abandonada en aguas del río Paraná en el puerto de Campichuelo, frente a la provincia de Misiones.
Se trata de un navío denominado Yporã II, que pertenecería a una empresa privada, llegado desde Ciudad del Este hasta el puerto de Campichuelo.
Ahora, un vecino de Itapúa con el patrocinio legal del abogado paraguayo Rogelio Ríos, promovió un recurso de amparo. “El motivo esencial de esta acción es evitar que esta situación perdure así por más tiempo, y que la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realice las gestiones administrativas pendientes para retirar esa carga tóxica del río Paraná”, indicó el letrado a masencarnacion.com.
Según los medios del vecino país, desde los municipios del sur paraguayo se promovieron diversos pedidos tanto a la Armada como a la Fiscal de Ambiente para que el aceite sea removido y dejado en una excantera en Campichuelo.
La intención es descargarlo para que sea posible su remolque, debido al mal estado en que se encuentra la infraestructura naval.
El periodista Juan Augusto Roa, del diario ABC Color, explicó recientemente que “la empresa UABL vendió el barco estando en el puerto, a la compañía Merval SA y esta firma negoció con Kyu You Lee, de Asunción, empresario dedicado al desguace y venta de naves en desuso como hierro viejo. Una situación legal planteada entre el arrendatario del puerto y el dueño del barco derivó en un conflicto que hasta ahora no se resuelve, mientras la nave con su carga de aceite contaminado sigue en el sitio”.
Agregó en su informe que “en junio de este año, You Lee solicitó a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) autorización para descargar el líquido contenido en el barco a un pozo de una excantera de piedra existente en el predio del amarradero del Campichuelo. También contrató los servicios de una empresa especializada en estas tareas, la compañía Biocompany SA. La operación no se pudo concretar, porque, según dijo la fiscal especializada en medio ambiente Raquel Bordón, la empresa contratada para la tarea tenía vencida la licencia para operar. Además, agregó, no existen estudios de suelo que garanticen que esta descarga no tendrá un impacto negativo en el ambiente”.
De ambos lados del Paraná, lo que se espera es una decisión política que proteja los recursos naturales de ambos países de manera inmediata.
