El Colectivo Nacional de Hipotecados UVA Autoconvocados volvió a denunciar en forma pública innumerables irregularidades, entre las cuáles destacan que, muchos hipotecados han recibido cartas documentos a través de las cuales los bancos los intiman al pago de las cuotas bajo pena de iniciar en un futuro no muy lejano acciones judiciales.
Vale recordar que, el Banco Central instrumentó a través de las Comunicaciones A 6949 y A 7044 la posibilidad de diferir el pago de las cuotas de créditos hipotecarios en UVA desde abril hasta septiembre, postergando los vencimientos hacia el final de la vida de los créditos.
La medida de alivio se inscribe en las dictadas en el marco de la grave crisis social y económica provocada por la pandemia. El sistema financiero, es decir los bancos, pusieron desde su implementación una serie de trabas a quienes solicitaban este beneficio.
En un principio sostenían que los créditos hipotecarios sólo se encontraban alcanzados por el DNU 319/2020 el cual dispuso el congelamiento de las cuotas y la suspensión de las ejecuciones por 6 meses.
Tras numerosos reclamos, las entidades financieras comenzaron a permitir que los hipotecados se acogieran a la posibilidad de prorrogar el pago de las cuotas.
Pero, al caso nombrado inicialmente, se suman otros donde a los hipotecados se les hace saber que las cuotas prorrogadas sufrirán intereses punitorios cuando las comunicaciones mencionadas no contemplan tal posibilidad.
Asimismo se han registrado situaciones en las cuales los hipotecados sufren la suspensión de su tarjeta de crédito, ya que desde los bancos les informan que se encuentran en situación de morosidad.
La posibilidad de postergar el pago de las cuotas significa para los hipotecados un enorme alivio, habida cuenta la crisis económica reinante y en un momento en el cual los despidos y cierre de comercios se encuentran a la orden del día.
El universo de hipotecados se encuentra integrado por trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos que han visto reducir dramáticamente sus ingresos conforme se profundiza la crisis económica; y no es momento de sumar incertidumbre a las economías de las familias.
Los bancos deben cesar con estas prácticas las cuales resultan abusivas conforme la Ley de Defensa del Consumidor y por ello resulta imperioso que el BCRA tome cartas en el asunto e instruya a los bancos a que apliquen las comunicaciones A 6949 y A 7044 conforme al espíritu que surge de las mismas.
Tampoco apelar a reclamos infundados que lo único que provocan es un enorme desasosiego y zozobra a los deudores en medio de una de las peores crisis económicas de la historia.
