El diputado provincial y presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), Omar Olsson, presentó un proyecto de Comunicación, que tomó estado parlamentario en la última sesión de Cámara de Representantes, con el objetivo de defender la recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET).
En ese sentido, solicitó, mediante el documento formulado, que “el Ejecutivo provincial, a través del organismo competente, analice la viabilidad de la intervención” en el expediente relacionado a la situación de la Tabacalera Sarandí, para proteger los recursos del FET “y de los que le corresponden a la Provincia en concepto de coparticipación, que se ven perjudicados por el otorgamiento de medidas cautelares que eximen de tributar el impuesto mínimo fijado por la Ley 27.430 para la comercialización de cigarrillos”.
Al respecto, entre los fundamentos del proyecto, se argumenta que “los recursos del FET se vieron gravemente afectados por el otorgamiento de medidas cautelares, especialmente a Tabacalera Sarandí, que en este momento lejos de ser una PyME (ya que cuenta con más del 20% del mercado actual), utiliza falazmente este fundamento para interponer acciones judiciales y de este modo eludir la tributación fijada por ley; impidiendo que nuestra provincia logre introducir a la economía regional más de $4.2000 millones, hace ya más de cuatro años”.
Al mismo tiempo, recordó que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de “evaluar si Tabacalera Sarandí seguirá gozando del beneficio de no pagar el impuesto mínimo; decisión que afectaría en forma directa a las siete provincias tabacaleras, entre las cuales se encuentra Misiones, como así también a miles de personas que se ven beneficiadas de los recursos que genera la actividad tabacalera”.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el diputado provincial Olsson indicó que “como la Corte no se expide sobre el tema, hay jueces que siguen prorrogando esa medida cautelar, ahora fue prorrogada por seis meses más. Y esto perjudica al fisco nacional porque es mucha la plata que deja de entrar, que además es coparticipable con todas las provincias del país, y también va un aporte importante al Fondo de Asistencia Social que contribuye a la ANSeS para el pago de jubilaciones o la asignación universal”.
“También nos afecta a nosotros en el FET, porque como esos fondos no van a las siete provincias tabacaleras, el productor se queda sin plata que debería llegar a su bolsillo en concepto de Retorno y Caja Verde. Perjudica al sistema de salud porque los fondos se achican. Es un combo de cosas muy importantes que son afectadas”, añadió.
Por otro lado, subrayó que “el peor riesgo es que si siguen con esto las demás empresas que no tienen esas medidas cautelares, como caso Massalin o Nobleza Piccardo, se van a preguntar por qué ellos no tienen el mismo beneficio. Se puede sentar un mal precedente porque se está dando cabida a planteos que están fuera de la ley”.
Pérdidas millonarias
“Si la Corte Suprema avala la continuidad de las cautelares, Misiones perdería $1.900 millones sólo en el 2020, de los cuales $1.100 millones serían del Fondo Especial de Tabaco. Peor aún, si la Corte declarase inconstitucional el Impuesto Interno Mínimo, la provincia perdería $3.100 millones este año, de los cuales $2.000 millones serían del FET. Estas cifras se irían ampliando con el correr de los años”, dijo Olsson.
Cuestionó que se permite “a dicha empresa que tribute únicamente el 70% de sus precios de venta de cigarrillos, lo que le permite poder vender un atado de cigarrillos a un menor precio del que tendría ese mismo paquete si debiese tributar el piso mínimo impositivo”.
