La semana nos dejó una “catarata” de malas noticias en la economía de la Argentina. Y el reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central no fue esperanzador para lo que resta del año, particularmente sobre el camino inflacionario ascendente y el PBI en firme caída durante el 2020. Como era de esperar, la “herencia” de la gestión Mauricio Macri, sumada al inexperto manejo de Martín Guzmán en el Gobierno del Frente de Todos y -si algo faltaba- las consecuencias de la pandemia por COVID-19, lleva a los argentinos a vivir cada mes peor.
En una reciente encuesta de Aresco (Julio Aurelio), realizada durante junio en todo el país entre 5.005 personas, el 64% de los consultados percibió la situación económica del país como “negativa”. Mientras que un 54% tiene también expectativas negativas de lo que vaya a suceder en materia económica.
“Desde el inicio de la cuarentena y hasta la medición pasada, la gente consideró que el Gobierno de Alberto Fernández debía priorizar el COVID por sobre la economía, sin embargo hoy la cuestión prioritaria está equilibrada con la economía”, indicó el informe.
De la encuesta se desprendió que “al 64% de los argentinos las consecuencias del coronavirus lo están afectando en su economía personal”; y que un “52% prevé estar peor o igual de mal en sus ingresos luego de la cuarentena”.
Además, “sólo el 10% de quienes han sufrido daños en su situación económica familiar o personal, confían que en el corto plazo se recuperarán”. “A medida que se fue flexibilizando la cuarentena, aumenta la gente que retoma su actividad laboral, pero el impacto sobre sus ingresos no mejoró”, concluyó Aresco.
Caída en cuarentena
Las cifras negativas de este aislamiento obligatorio son “récord”, y generan un escenario nada alentador no para los próximos meses, sino por varios años más para los argentinos. El dato más significativo fue la caída de la economía, siempre según datos del INDEC: 26,4% en abril último.
Un mes en el que la mayoría de las fábricas y comercios debieron cerrar, y también se paralizaron las obras en construcción, por mencionar algunas actividades afectadas.
En los primeros cuatro meses del año la actividad económica reflejó una contracción del 11% en la comparación con el mismo período del 2019. Ese dato llevó a varios economistas a advertir una caída del 15% en todo 2020.
Como cada mes, el Banco Central elabora su Relevamiento de las Expectativas del cual participan economistas y protagonistas del mercado financiero. Para ellos, la economía argentina caerá 12% este año, por encima de lo previsto un mes antes, ya que a principios de junio esas consultoras habían proyectado una baja del Producto Bruto del 9,4 por ciento. En el caso de la inflación, estimaron ahora 40,7% para este año, 2,6 puntos porcentuales por debajo del pronóstico que habían realizado a principios de junio.
“Tenemos un horizonte muy pero muy complicado, esto es mucho mayor que las dos grandes recesiones que tuvimos tras la salida de la convertibilidad y la crisis financiera internacional de 2008 y 2009”, alertó el economista Miguel Ángel Broda tras criticar al Gobierno nacional por tener una “visión como Irán o Venezuela de cómo debe ser una economía”.
Otro grave síntoma de la coyuntura es la fuerte caída del empleo registrado, admitido por el Ministerio de Trabajo nacional. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en abril se registraron 186 mil puestos de trabajo menos que en marzo en el sector privado, debido a la pérdida 128 mil empleos asalariados, equivalente a un recorte de 2,2%, y la salida de 32 mil aportantes al monotributo, lo que implicó una caída de 2%.
Los sectores con mayores pérdidas fueron construcción (-4,6%); hoteles y restaurantes (-1,7%); servicios sociales (-1,4%); transporte y servicios empresariales (-1,9%), enseñanza (-1,8%), y Comercio (-1,3%).
“La preocupación mayor es la destrucción de empleo formal y mucho de esto desliza la informalidad”, advirtió el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes De Rioja. “Seguramente, estemos en una tasa de 40% de informalidad”, dijo por lo que llamó a “repensar su esquema tributario desde el punto de vista laboral y todos los costos laborales”.
Un contribuyente, en promedio, debe trabajar más de medio año para poder pagar todos los tributos, según el cálculo del “Día de la independencia tributaria”, que realiza el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dirigido por Nadin Argañaraz, desde hace una década.
Ese indicador estimó que un trabajador asalariado formal en Argentina debería trabajar entre 181 y 214 días para cumplir con las obligaciones tributarias.
Brecha entre ricos y pobres
Días pasados también se difundió el informe oficial de distribución del ingreso en la Argentina. Del mismo surge que el sector más pobre de la población tuvo ingresos 23 veces más bajos que el más rico.
En el primer trimestre el ingreso promedio per cápita de la población alcanzó los $19.916, mientras la media fue de $14.500. Es decir que, la gran mayoría percibe menos de $20.000 mensuales para vivir.
Si el análisis se traslada a Misiones, la conclusión del informe es que en la tierra colorada los ingresos son un 40% menores que en el resto del país.
Respecto a la cuestión, en la encuesta de Aresco surgió que “el 52% prevé estar peor o igual de mal en sus ingresos luego de la cuarentena”, ya que la mayoría consideró que “los ingresos actuales son peores que antes, sólo el 35% han mantenido el nivel”. Así, concluyó que “a medida que se fue flexibilizando la cuarentena, aumenta la gente que retoma su actividad laboral, pero el impacto sobre sus ingresos no mejoró”.
Hubo reacciones en los sectores sindicales e industriales, para intentar buscar una salida a la crítica situación. El influyente secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, reclamó al Gobierno de Alberto Fernández que incluya a gremialistas y empresarios en el Gabinete Económico y Social para “constituir una mesa que ya discuta y genere pautas sobre la economía después de la pandemia”.
A su vez, la Unión Industrial Argentina (UIA) presentó al Gobierno un plan de reactivación productiva “hacia una nueva normalidad”, con dos ejes principales: “La construcción de consensos e instituciones para el desarrollo”; y “las medidas productivas para sostener la producción generando las condiciones para la posterior reactivación e iniciar un proceso de crecimiento”.
¿Será capaz el presidente Fernández de convertir la salida de la pandemia en una política de Estado, convocando a diversos sectores a construir un futuro mejor?
Según Julio Aurelio de Aresco, el mandatario mantiene un 65% de imagen positiva como de evaluación de la gestión en la pandemia. Con mayor apoyo entre los sectores de menores recursos. Esa “fuerza” que da el respaldo de los ciudadanos debería ser utilizado para encabezar la salida a un duro, largo y difícil transe posterior a la cuarentena.
Perjuicio popular
En Misiones, el nuevo paro de colectivos urbanos e interurbanos decretado por la UTA ante incumplimientos de las empresas en materia salarial, causó un fuerte perjuicio popular, en particular entre los que dependen exclusivamente del servicio público de transporte para llegar a trabajar, a un hospital o a realizar una gestión.
Se le escapó en dos entrevistas al titular de la UTA Misiones, Horacio Álvez, que las empresas Z de Posadas adeudaban un adicional y algunos otros pagos a los trabajadores. Lo cual fue motivo para parar y afectar a miles de personas.
¿Cómo puede ser que un paquete de millonarios subsidios estatales no se utilicen para estar al día con los trabajadores?
Con la yerba mate, no
La puja entre industria y Nación por el precio de la yerba en góndola, puso en alerta al sector productivo. Las marcas pidieron 25% de aumento pero el Gobierno no lo aceptó. Uno de los argumentos fue el precio que ronda los 32 a 35 pesos por kilo de hoja verde que están pagando los secaderos, con escasez latente. Algunos directores del INYM advirtieron cierta señal negativa hacia un presente muy alentador para los productores misioneros y correntinos.
En la continuidad de la negociación, donde los supermercadistas y el Estado con la aplicación del IVA se llevan una gran porción de las ganancias en los precios, quedaron en remitir un estudio de costos nuevo para tomar una definición. Se vienen días clave para evitar un perjuicio a los eslabones más débiles.