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Compras online: “Hubo muchos incumplimientos y pocos controles”

30 junio, 2020
CAMBIO DE HÁBITOS. Las compras online llegaron para quedarse, pero se deben aceitar los mecanismos.

CAMBIO DE HÁBITOS. Las compras online llegaron para quedarse, pero se deben aceitar los mecanismos.

CAMBIO DE HÁBITOS. Las compras online llegaron para quedarse, pero se deben aceitar los mecanismos.

Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio se produjeron cambios en los hábitos de consumo por parte de la población. Es que durante la cuarentena creció la modalidad de compras online para los distintos rubros.

En este contexto el abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ADECUA), Osvaldo Riopedre, manifestó en la FM 89.3 Santa María de Las Misiones que “hubo muchos incumplimientos y pocos controles”.

Además consideró que en esta pandemia “como consumidores padecemos” las relaciones entre consumo y empresas.

“Hay muchos aprovechamientos, muchos incumplimientos y pocos controles. Se da una conjugación de hechos y vulneración de derechos, la gente por un lado no tiene dónde reclamar y por otro la empresa o el Estado no se hacen cargo en lo que corresponde al control y al cumplimiento”, expresó el abogado.

Riopedre se refirió a las compras online y comentó que las principales denuncias en estos casos se deben a las demoras en las entregas o a que estas no llegan a destino.

“Las compras online son una nueva modalidad que creo están para quedarse y si funcionaran todo sería mucho más práctico y mejor. El problema está en las entregas, muchas veces se echan la culpa entre quien está a cargo de entregar el producto y el que lo vendió”, señaló.

Y ejemplificó que “una persona denunció que había comprado un producto electrodoméstico relativamente pesado y le llegó un ladrillo”.

“Tenemos casos de compras en hipermercados de hace 20 días o un mes que no se entregaron, en otros que aparecieron a las 12 de la noche con la compra pretendiendo que la gente la reciba, son situaciones violentas”, apreció.

En este sentido, sostuvo que los consumidores no conocen sus derechos y que las empresas tampoco los hacen conocer. “Si me compro una heladera, y la compré online, la Ley de Defensa del Consumidor prevé que yo me puedo arrepentir de la compra 10 días después de haber recibido el producto, por supuesto que no lo tengo que usar; o en caso de no haberlo recibido puedo arrepentirme de la compra. Ahora, nosotros le decimos a la gente que puede hacer uso de esta opción, pero también hay que considerar que los valores de los productos cambian a causa de la inflación, de la recesión, del por si acaso; y lo que hoy se compró a 20 mil pesos, la semana que viene ya está 22 mil entonces se pierde plata”, adujo el abogado.

Consultado sobre qué se debe hacer en caso de que el producto recibido no sea igual al de la foto que se muestra en la página del vendedor, Riopedre expresó que el consumidor “puede devolverlo y se le tiene que devolver la plata. El problema es que esa parte no está aceitada. Muchas veces no se devuelve la plata con la misma rapidez con la que se saca. Lo que le decimos a la que gente es que, si no le cobró aún el producto en el resumen de la tarjeta de crédito, vaya al banco emisor y diga que no se le descuente porque la compra está anulada conforme a la Ley de Defensa del Consumidor, Artículo 30 y siguiente”.

Asimismo, sostuvo que si bien hay mucho desconocimiento de los derechos, “poco hacen el que vende y el Estado para que se conozcan. Si uno tiene que tener un abogado o un escribano todo el tiempo, estamos mal. Más allá de que las leyes pueden ser desconocidas, se tiene que tratar de hacerlas conocidas”, apuntó.

Para finalizar, opinó que “está bien denunciar cuando hay incumplimientos, sin embargo otra cosa es hacer de inspector. El consumidor está para comprar y si hay algún tipo de desvío denunciar, pero esto no significa que tenga que salir con una lista de precios para ver si se cumplen o no, eso le corresponde al Estado nacional, provincial y municipal”.

 

Emisión de facturas

En relación al consumo doméstico, el abogado de ADECUA, Osvaldo Riopedre, destacó que durante la cuarentena hubo problemas con la obligación de las empresas de emitir las facturas en papel y entregarlas al usuario, tanto para el pago de servicios como para tarjetas de créditos.

“Eso no se hizo en el caso de las facturas de servicios y el resumen de tarjetas de crédito lo cual es muy grave porque entonces está todo a cargo del usuario, cuando en realidad la ley obliga al banco o la empresa a recordarle y entregarle el papel físico al usuario. Yo tengo que tener la factura o el resumen para saber qué me están cobrando”, explicó.

Consultado sobre la continuidad de los programas de “Precios Máximos de Referencia” y “Precios Cuidados”, el abogado expuso que siempre están de acuerdo con todo lo que sea beneficioso para el consumidor, aunque consideró que “una cosa es que sea a través del consenso y otra que sea forzado”.

Tags: #economíaADECUAcompras onlineFM 89.3
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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