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Molineros insisten en la suba de los precios y estiman que debe rondar los $35 por kilo

28 junio, 2020
CAMBIO DE ESTRATEGIA. Las principales empresas misioneras decidieron pedir reunión con Herrera Ahuad.

CAMBIO DE ESTRATEGIA. Las principales empresas misioneras decidieron pedir reunión con Herrera Ahuad.

El sector de la molinería, la parte más poderosa de la cadena yerbatera, sigue insistiendo  en un aumento en los productos de góndola. Según sostienen “el incremento debería ser como mínimo de 35 pesos por kilo”.

La insistencia ya lleva varias semanas y ayer -a través de un comunicado- volvieron a reiterar “la necesidad de trasladar al mercado los costos de elaboración para atenuar un escenario que se muestra aún más complejo en el contexto de pandemia de COVID-19”.

Según sostienen la inquietud radica en que hay una caída consumo; como así también un crecimiento del endeudamiento y están ante la imposibilidad de trasladar aumentos al producto final.

Desde la Cámara de Molineros de Yerba Mate expusieron que “este panorama crítico sigue sin encontrar respuestas de Nación, pese a los infructuosos pedidos de una reunión que permita al sector fundamentar el traslado al consumidor de un mínimo incremento que disipe las apremiantes consecuencias de trabajar a pérdida con una estructura de costos sostenida con precios congelados”.

En el escrito además indican que “se necesita una urgente recomposición de precios” y señalan que “según las estimaciones técnicas, el aumento debería ser como mínimo de $35 por kilo para hacer frente a la constante suba de la materia prima que se incrementó un 50% entre diciembre y junio últimos”.

Asimismo, desde la Cámara de Molineros mencionan en el escrito que “otro aspecto que afecta al sector es la caída del consumo teniendo en cuenta que en un año se vendieron casi 3 millones de kilos menos, según datos del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) 2.962.408 kilos en enero-mayo 2019/2020”.

A la vez, remarcan que “si bien en esta variable negativa debe considerarse el contexto sanitario mundial, se trata de una caída en los índices de comercialización que no deja de ser otro llamado de atención que se aferra a los pocos márgenes de rentabilidad”.

Justifican que el aumento es necesario, ya que “la industria está atravesando una crisis preocupante, asumiendo costos financieros que incrementan su endeudamiento en pos de mantener un negocio inserto en un esquema adverso que amenaza el sostenimiento laboral y precipita la caída del nivel de actividad de las empresas del sector”.

 

Reclamo anterior
A fines de mayo pasado, desde la Cámara habían insistido en el reclamo de trasladar los precios a las góndolas.

En la ocasión, habían apuntado que “el reclamo está dirigido al Estado nacional”; y agregaban que “éste se mantiene inflexible a la modificación de los precios de los productos de la canasta básica, se sustenta en que la yerba es un producto regional cuyas particularidades para su elaboración requiere un alto costo financiero considerando que en la actualidad la materia prima se paga de contado, para luego secarla, trasladarla a depósitos y estacionarla por un tiempo de 10 a 12 meses y una vez cumplido este plazo recién poder enviarla al mercado para su consumo”.

Tags: AumentoGóndolamolinerosYerba
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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