El presidente peruano Martín Vizcarra lanzó una advertencia a las clínicas privadas que estarían abusando con precios “extremadamente altos” a la hora de atender pacientes con Covid-19.
El jefe de Estado dio un plazo de 48 horas para que los centros asistenciales y el Gobierno se puedan poner de acuerdo en las tarifas que esos establecimientos cobran al Estado.
Con la Constitución en la mano, Vizcarra resaltó que el artículo 70 establece “la inviolabilidad de la propiedad privada excepto por “causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada“.
La advertencia es clara: si no se llega a un acuerdo, el Gobierno podría invocar ese artículo para expropiar o intervenir estas clínicas.
El titular del Gabiente Ministerial, Vicente Zeballos, sostuvo que la decisión del plazo a las clínicas se da luego de que el diálogo entre el Gobierno y los establecimientos sanitarios privados se dilatara en plena emergencia. Agregó que “la Constitución establece que las empresas no deben ir contra la salud“.
“Esto no es una amenaza, es una decisión del Gobierno acentuada sobre el principio de autoridad. Se ha estado dialogando; sin embargo, esto se viene dilatando y tenemos una responsabilidad frente al país de priorizar y de atender la salud”, sostuvo.
“La Constitución del Estado se soporta en principios fundamentales como lo que es el bien común y la necesidad pública y más aún el artículo 59° establece, con mucha precisión, que es un principio de la libertad de empresa que sus decisiones no sean lesivas a la moral y a la salud”, manifestó el presidente del Consejo de Ministros.
Fuente: Agencia de Noticias Télam y medios digitales
