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El Consejo de la Magistratura publicó los candidatos al Juzgado Federal de Iguazú

17 junio, 2020
PRIMER LUGAR. Gallandat Luzuriaga (izquierda) durante su exposición y designación en la Comisión del Senado de la Nación.

La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación dio a conocer hace pocas horas la lista u orden de mérito con los 21 candidatos a convertirse en el primer juez federal de Puerto Iguazú.

El primer lugar de los exámenes lo ocupó quien (en julio de 2019) fue elegido por el Senado de la Nación como juez federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, por lo que se descartaría su participación en la nueva compulsa por respectiva renuncia.

De esta manera entre los cinco primeros candidatos de acuerdo a sus puntajes, se destacaron Liliana Beatriz Komisarski, integrante de la Cámara de Apelaciones Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de Misiones, con 125,80 puntos; Marcelo Alejandro Cardozo, juez de Instrucción Penal 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, con 118 puntos; el juez Civil, Comercial y Laboral de Eldorado, Eduardo Javier Jourdan con 114,40 y Selva Raquel Zuetta, jueza de Instrucción 4 de Leandro N. Alem con 112,50 puntos.

Cabe señalar que entre estos magistrados misioneros también hay otros nombres que, según las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, poseen firmes aspiraciones al cargo en Puerto Iguazú.

Tales los casos de Roberto José Boico, abogado penalista ligado al kirchnerismo y exjuez subrogante de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyo examen, de 139,50 puntos, lo ubicó detrás del misionero Gallandat Luzuriaga (146,90). A Boico, lo sucede Juan Manuel Cabral con 132,60 puntos.

Cabral es abogado nacido en Río Cuarto Córdoba pero criado y educado en San Luis, juez civil y comercial e integrante del Consejo Directivo del Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de San Luis y docente universitario, entre otros cargos y funciones.

Los demás lugares correspondieron a Zacarías Miguel Issolio 111,50 puntos, Fernando Gabriel Zarabozo 108,34, Javier Fernando Pastore 101, Horacio Gabriel Paniagua (actual Fiscal de Instrucción 3 de Puerto Iguazú) 91,30, Adriana Marcela Verónica Herbociani (Fiscal de Instrucción 3 de Posadas) 90, Felicitas María Bire Barberán 87,20 (Secretaría Civil Juzgado Federal de Posadas), Maximiliano Daniel Chávez 86,10, Miguel Ángel Faría 81 (Juez de Instrucción 4 de Apóstoles), Ivana María Balanda 79,66, Cecilia Vanesa Montejano 77,12 (Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú), Rosana Mariela Corti 73,72, José Eduardo Villena 72,80, Marcelo Javier Klikailo 59,15 y Juan Marcelo García 52,75 puntos.

 

Dilatada espera

En 29 de noviembre de 2011 fue creado por el Congreso de la Nación el Juzgado de Primera Instancia Federal de Puerto Iguazú, que comprenderá dos secretarías, una con competencia criminal, y la otra con competencia civil, comercial, contencioso administrativa, laboral, seguridad social, tributaria, ejecuciones fiscales, así como también toda otra cuestión federal, con excepción de la materia electoral.

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas será el tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia respecto del juzgado.

Tags: Justicia FederalMisionesPoder JudicialPuerto Iguazú
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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