Por Bruno Costanzo
Según pudo averiguar NA, entre quienes llevan adelante las denuncias contra el grupo Vicentín aparecen algunos fondos de inversión que, entre 2018 y 2019, le prestaron varios millones de dólares a la cerealera y ahora están en la fila de cobradores, junto con los bancos transnacionales y los estatales.
Lo primero que aseguran los abogados defensores de la empresa es que no hay ninguna relación entre la colosal deuda que acumuló la empresa y en volumen de facturación que reportó, el cual fue siempre creciente en los últimos años y alcanzó el récord de más U$S 4.000 millones en 2019.
En ese sentido, lo que se investiga es si no hubo movimientos ocultos a las dos relacionadas con la empresa y radicadas en paraísos fiscales, una de ellas asentada en Panamá y otra en las Islas Vírgenes Británicas.
Del informe de investigación que realizaron los abogados surge que “hay incongruencias respecto del verdadero estado económico y financiero del Grupo Vicentín”, es decir, que la empresa pudo haber simulado una falsa quiebra para no hacerse cargo de la deuda que tiene con los acreedores.
También señalaron a Noticias Argentinas que la falta de justificación en el flujo financiero entre las firmas de Vicentín en Paraguay, Uruguay, Argentina y Panamá hacen despertar un “estado de sospecha” respecto a un “esquema de ocultamiento de activos”, perpetrado desde hace por lo menos dos años.
Además, si bien una de las firmas radicadas en Panamá no está a nombre de nadie de la familia Vicentín -ni Nardelli o Padoán-, la misma fue abierta por dos abogados panameños que ya fueron investigados por participar en procesos de lavado de activos en la Argentina, Asterio Caballero Ibarra y Oriel Francisco Kennion.
Fuente: Agencia de Noticias NA
