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Indicaron que se pagan 165 tasas e impuestos, la mayor tajada se lleva la Nación

14 junio, 2020

Los contribuyentes argentinos, incluidos los misioneros, deben hacer frente a una telaraña de 165 tributos, impuestos o tasas de carácter nacional, provincial o municipal, dos más que el año pasado cuando existían 163. Desaparecieron algunas pero se crearon otras.

Las obligaciones de los tres niveles del Estado, que asfixian a los contribuyentes, fueron relevadas en el segundo informe anual “Vademécum” impositivo argentino que se elabora desde 2019 por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Se llega al número de 165 tributos luego de sumar 41 impuestos nacionales, 39 provinciales y 85 municipales, disfrazados de diversos tipos de impuestos, “tasas”, “contribuciones” y “derechos” de dudosa contraprestación.

La principal diferencia con el relevamiento realizado en 2019 es que en este 2020 se consolidó la creación del “Impuesto PAIS”, de 30%, porcentaje que le cobra el Estado nacional a cualquier ciudadano que quiera acceder al dólar o cualquier otra moneda extranjera, sea para ahorrar, consumir o invertir.

A nivel provincial la lista mermó dos tributos. Córdoba derogó dos “Fondos”: el del “Financiamiento del Sistema Educativo” (FoFiSE) y el de “Financiamiento de Obras de Infraestructura” (FFOI), y Salta eliminó el de las “Cooperadoras Asistenciales”, que se aplicaba sobre la nómina salarial.

A nivel municipal, La Plata creó una nueva “Tasa por Seguridad Vial y Señalética” en tanto Castelli y Puerto Madryn crearon dos “tributos extraordinarios” COVID-19.

Pese a la abundancia de tributos, muy pocos explican el grueso de la recaudación. Según el informe de la consultora que dirige Nadín Argañaráz, el IVA, los Aportes a la Seguridad Social, las Contribuciones a la Seguridad Social, el Impuesto a las Ganancias de personas humanas y de sociedades, y el Impuesto provincial a los Ingresos Brutos explican el 70% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina.

Y si a esos 6 tributos se le agregan los Derechos de Exportación, los de Importación, el Impuesto al Cheque, el Impuesto sobre los Combustibles y la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (el tributo preferido de los intendentes), se llega que 11 tributos explican el 90% de la recaudación de los 3 niveles de gobierno. Los 154 restantes explican el 10% del total, a un promedio de 0,064% de aporte cada uno.

De los 11 tributos que explican el 90% de la recaudación total, 9 son nacionales. Eso explica que la Nación ejerce la mayor presión fiscal sobre los contribuyentes.

La distribución se da entre la Nación (el Tesoro y la ANSeS) las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de un intrincado esquema de coparticipación, leyes y acuerdos modificatorios.

A su vez, las provincias, mediante sus propios laberintos legales, distribuyen a sus Municipios los fondos que les ingresan por coparticipación nacional y los impuestos provinciales de recaudación propia, básicamente, Ingresos Brutos.

Por otra parte, el IARAF precisó que los $90 de cada $100 que recaudan los 11 principales tributos se distribuyen automáticamente del siguiente modo: $24 para el Tesoro Nacional, $27 para la ANSeS, $31 para el conjunto de las provincias y la Capital Federal y $8 para los municipios.

 

Tasas municipales

De acuerdo al relevamiento realizado por IARAF, los municipios ocupan el primer lugar en relación a la cantidad de tributos. Estos acaparan un total de 85 de los 165 totales. Un promedio realizado por el Instituto muestra que cada territorio municipal registra cerca de 19 tasas, derechos o contribuciones y hay algunos que cobran hasta 26.

Los municipios cobran honorarios por varios servicios relacionados con la seguridad industrial, la higiene pública y la iluminación, por nombrar algunos; cálculo basado en variables como el ingreso público o parámetros fijos sobre el número de empleados, la capacidad de fuerza motriz y la potencia. Algunos ejemplos son: Tasa de Alumbrado; Tasa General de Inmueble; Derecho de Inspección Registro y Contralor; Publicidad, entre otros.

Hay allí una gran variedad de situaciones, dependiendo de la creatividad de intendentes y ediles, al punto que 80% de los tributos municipales es cobrado por 10 municipios o menos.

Sólo 4 de los tributos relevados son comunes a todos los municipios; se trata de la “Tasa de Servicios Generales” (conocida como tasa inmobiliaria o a la propiedad), la de “Inspección, Seguridad e Higiene” (la que más incide sobre la actividad industrial, comercial y de servicios), el “Derecho de Registro al Conductor” y el “Derecho a Cementerio”.

 

Los de mayor volumen en Misiones

En todas las provincias argentinas existen 39 impuestos, según la investigación del IARAF, pero no todas cobran esa cantidad. Hay impuestos que se pagan en una provincia pero no en otra. En promedio se cobran entre ocho y once tributos por provincia.

Son cuatro los tributos que se repiten en todas las jurisdicciones. Las 24 provincias recaudan el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuestos a los Sellos, Tasas Judiciales y su correspondiente a Servicios Administrativos (Tasa Administrativa). En tanto que todas, menos Chubut, cobran el Impuesto Inmobiliario.

El sitio web de la Dirección de Rentas de Misiones describe que mediante diez impuestos provinciales en el año 2019 se ha recaudado la suma de $18.913 millones.

Las herramientas que lograron ese aporte fueron: Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto Provincial Automotor, Impuesto a los Sellos, Tasas Varias del Código Fiscal, Tasa Forestal, Concesión Minera, Tasa Administrativa, Tasa de Servicios Industriales y Tasa Administrativa Inmobiliaria.

Los cuatro más importantes, por su volumen de recaudación, son los siguientes:
• Impuesto sobre los Ingresos Brutos: en 2019 recaudó $17.372 millones, lo que representa el 91,85% de la recaudación provincial total. Este impuesto es percibido por cada transacción comercial, y ningún crédito fiscal es obtenido por impuestos pagados durante los períodos precedentes. Las tasas dependen de la industria y el área, y van desde el 1,5% al 5%, aproximadamente. Los impuestos son abonados a lo largo del año con pagos mensuales o bimestrales. Algunas actividades primarias e industriales, sin embargo, disfrutan de ciertas exenciones.

• Impuesto al Sello: obtuvo en 2019 la suma de $1.038 millones (5,49% del total acumulado anual). Es un impuesto provincial aplicado a la realización de instrumentos notariales y privados que incorpora contratos y otras transacciones para consideraciones valiosas.

• Impuesto Inmobiliario: recaudó el año pasado $283 millones, alcanzando el 1,5% del total anual. Es aplicado al valor de la tierra y edificios, sin tener en cuenta la situación financiera del contribuyente. La cantidad es establecida por la autoridad fiscal apropiada y es calculada según las leyes de cada período fiscal, que establecen la valoración y las escalas de las tasas para ser aplicadas a la base imponible según el tipo de propiedad.

• Impuesto Provincial Automotor (IPA): sumó $167 millones (0,69% del total anual). Lo cobran los municipios pero es de carácter provincial. Es un impuesto que recae sobre una manifestación particular de la riqueza: la propiedad automotor. El hecho imponible es la propiedad o tenencia de vehículos automotores radicados en la ciudad. Para el cobro del tributo se suele considerar el valor, el modelo, peso, origen, etc. Los vehículos más nuevos y costosos tributan más.

Tags: ImpuestosInformeMisionespresión impositivaTasas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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