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Crisis COVID-19, Dimensión sociosanitaria: la clave para solucionar el dilema

27 mayo, 2020
sociosanitaria

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La entrega anterior hablamos de la trampa que encierra la perspectiva que opone economía y salud, y propusimos el enfoque del punto de equilibrio como la forma más adecuada para entender y/o actuar frente a la pandemia con la máxima eficacia y eficiencia posibles.

Si definimos la salud como el nivel de malestar o bienestar (sea este demostrablemente objetivo o subjetivamente percibido), lo sociosanitario establece con qué herramientas científicas contamos para reducir ese malestar o enfermedad.

Un ejemplo de análisis sociosanitario: la inevitabilidad del contagio. Los ciudadanos debemos saber que -con alta probabilidad- vamos a enfermarnos de COVID-19, antes o después, según criterios científicos.

Por lo que sabemos hasta ahora, esta nueva enfermedad ataca mayoritariamente a personas que tienen el sistema inmune debilitado, bien sea por las características propias del envejecimiento (adultos mayores), por tener condiciones inmunodepresoras previas, o la combinación de ambas. Es decir que, en una amplísima proporción, la población presentará síntomas leves por un breve período o ningún síntoma en absoluto al contraer el virus. Y aunque el porcentaje de enfermos severos sea bajo, si el número de contagiados es muy elevado -debido a la infecciosidad del coronavirus-, acaba por desbordar la capacidad de atención sanitaria, produciendo un mayor número de muertes evitables.

Por otro lado, si el contagio masivo es un hecho predecible, la fortaleza o debilidad del sistema inmune es un factor clave en esta enfermedad; deberíamos entonces intensificar la promoción de acciones en salud que lo potencien (ejercicio físico adecuado, alimentación saludable, niveles de estrés moderado, entre otros aspectos). De este modo, los individuos se encontrarán en mejores condiciones de salud para enfrentar la enfermedad y reducir el agravamiento de la sintomatología cuando el contagio suceda.

Mantener la curva de propagación aplanada es útil para no colapsar los sistemas sanitarios, pero no para mejorar las condiciones inmunológicas per se frente a la enfermedad.

Lo anterior constituye un claro ejemplo de análisis sociosanitario.

 

Muchas disciplinas, un común objetivo

Aunque solemos pensar en esta dimensión como los recursos exclusivamente médicos, se trata, más bien, de la integración e inclusión de todo el conocimiento sobre un tema determinado con el fin de reducir un daño en la salud o incluso, mejorarla. Cuando tratamos temas tan complejos como los efectos de una pandemia y los mecanismos para su control, no podemos esperar que médicos, infectólogos o epidemiólogos puedan solucionarlos por sí mismos. Tampoco los economistas, sociólogos o psicólogos, entre otros, pueden encontrar una respuesta aislados. Lo sanitario debe pensarse desde un enfoque interdisciplinario y aplicado: de acuerdo al tipo de problema en cuestión, deben participar todas las disciplinas relevantes para definirlo y debe estar orientado a la aplicación práctica (terreno o campo) para su efectiva solución.

Primum non nocere o no hacer un daño mayor que el que produce la enfermedad. Definimos el punto de equilibrio como el punto óptimo y dinámico entre las capacidades sociosanitarias y las capacidades socioeconómicas para dar respuesta a un problema de salud concreto, definido con las herramientas de conocimiento y tecnología disponibles en un momento determinado.

Por lo tanto, este modelo plantea reflexionar sobre los elementos a tener en cuenta ante los efectos de la pandemia y encontrar el punto del menor daño posible.

sociosanitaria

 

Un enfoque diferente de la salud pública

Al comprender la cuestión interdisciplinaria y aplicada de lo sociosanitario, sumada a la consideración del punto de equilibrio, estamos en condiciones para realizar la mejor gestión de la salud pública posible.

Dependemos de la investigación y experimentación para producir ciencia y tecnología y un adecuado tratamiento sociosanitario de estas respuestas (interdisciplina y aplicación) para generar mejoras de nuestros niveles de bienestar, pero es aún más crucial una adecuada gestión de la salud pública, es decir, como ese conocimiento se aplica realmente para dar respuesta a las amenazas en la salud de la población, reduciendo sus efectos y daños.

Lo primero a considerar es la necesidad de contar con mesas de expertos de todas las áreas (sociólogos, médicos, administradores, representantes del sector social, empresarial y laboral, psicólogos, especialistas en comunicación, legisladores y representantes políticos, expertos en innovación, tecnologías, logística, entre otros) para: a) realizar un análisis de los factores implicados y definir el problema. b) aplicar o desarrollar tecnología. c) crear estrategias y agenda. d) medir sus resultados (evaluación) y modificar procesos. e) comunicar el análisis, la agenda, los resultados y los ajustes, eficazmente.

Tenemos integradas así las dimensiones psicosocial, socioeconómica y sociosanitaria alrededor del enfoque del punto de equilibrio, con lo cual podemos establecer soluciones expertas a problemas complejos, como el que estamos atravesando actualmente.

Por Saxa Stefani Irizar Psicólogo, investigador y docente

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Tags: Coronavirus Covid-19CrisisEnfoqueImpactoSociosanitario
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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