Primero, la Asamblea Nacional aprobó -con el rechazo de la oposición, con el correísmo a la cabeza- topes presupuestarios para el gasto público y una ley “de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada de la Covid 19” que, de promulgarse, permitirá a las empresas reducir la jornada laboral hasta la mitad en “situaciones de fuerza mayor” y “acordar” con los trabajadores reducciones de salarios.
Si no llegan un acuerdo, “el empleador puede liquidar al trabajador“; y si llegan a un acuerdo con la mayoría de los trabajadores, pueden imponérselo a toda la planta.
Además, se crea un “contrato de trabajo especial emergente” que puede durar hasta cuatro años, período tras el cual el trabajador puede ser despedido sin causa y sin indemnización.
La ley no incluyó la reducción del 10% de los salarios de los trabajadores públicos que había pedido el presidente Lenin Moreno, en consonancia con el acuerdo que firmó en marzo de 2019 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su momento el mandatario impuso por decreto y con un porcentaje aún mayor.
El martes pasado, luego que su propio gobierno anunciara que solo quedaba una cama de terapia intensiva disponible en toda la provincia de Pichincha, donde está la capital, Quito, y donde los muertos por coronavirus se duplicaron en una sola semana, Moreno anunció un ajuste de 4.000 millones de dólares del gasto público, es decir, 3,7% del PBI de 2019.
Destacó “las pérdidas humanas y económicas” que vive el país y subrayó la caída de la recaudación y el derrumbe del precio internacional del petróleo, vital para las arcas públicas.
Ecuador es uno de los países de Sudamérica más golpeados por el coronavirus -más de 35.800 infectados y casi 5.000 muertos- y también uno de los que sufrirá la peor recesión, junto a Argentina y Venezuela, con una caída del 6,5% del PBI, según los pronósticos de la Cepal, que, por ejemplo, en el vecino Perú ya quedaron muy desactualizados.
En este contexto, Moreno anunció una reducción de ocho a seis horas para todos los trabajadores públicos -excepto los de la salud y fuerzas de seguridad- y de una hora para los docentes. Esto significa una reducción del 16,66% del salario para los primeros y del 8,33% para los segundos.
Además, decretó el cierre -no la venta- y el despido de los empleados de diez empresas estatales, entre ellas la aerolínea Tame, Medios Públicos, Ferrocarriles y Correos; de varias embajadas y consulados, y la creación de un sistema de bandas para reemplazar los subsidios a los combustibles y que atará el precio local al internacional y permitirá ajustes mensuales.
“La economía ecuatoriana va a ajustarse. Lo que está intentando el gobierno es que esta contracción no sea muy alta“, explicó a Télam Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas de Ecuador y ex diputado.
“El gobierno tiene un déficit del 12% del PBI: cuatro puntos va a reducir del gasto, cuatro va a buscar financiamiento afuera y aún no tiene solución para los otros cuatro“, agregó.
“No había alternativa, Ecuador no puede endeudarse más ni tiene ahorros. Es la única manera de seguir adelante sin destruir la dolarización, que es muy popular en el país”, dijo al apoyar la medida, pero también admitió que si bien el discurso oficial dice que va a ahorrar para ayudar a los más golpeados por la pandemia, “ese gasto posiblemente no se va a dar”.
Moreno advirtió esta semana que con la paralización de la economía se perdieron 150.000 puestos de trabajo, en un país en el que solo un 38,8% de los trabajadores tenía un empleo formal de tiempo completo a fines de 2019, es decir, 3,1 millones de personas.
Albornoz está convencido de que “sin dudas” estas medidas aumentarán la pobreza, que en diciembre pasado era de más del 38%, y la informalidad laboral, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ronda el 65%.
Con una mirada más heterodoxa, el especialista en sociología económica y mercados ecuatorianos, Andrés Chiriboga, coincide en que las medidas aumentarán la pobreza, la informalidad y -agregó- el desempleo, pero no está de acuerdo con la inevitabilidad del ajuste.
“El gobierno utilizó la pandemia para retomar los compromisos que tomó con el FMI. Por eso, el eje es reducir el Estado para cerrar el déficit fiscal, pero también para reducir su capacidad de intervención en la economía”, explicó a Télam Chiriboga, doctorando y profesor en la universidad francesa Sciences Po.
El analista cuestionó no solo la veracidad del discurso del gobierno sino la efectividad de sus medidas.
“Cuesta confiar en un gobierno que, en el inicio de la pandemia, eligió destinar recursos a pagar la deuda externa privada, en vez de reasignarlos para fortalecer el sistema de salud y comprar tests, y apostar, por ejemplo, a un proceso de renegociación fuerte como está haciendo Argentina”, sostuvo.
“Además, el gobierno está generando mucho más desempleo, justo cuando lo que se necesita es que la gente tenga trabajo, recursos para consumir y pagar sus créditos”, continuó.
“Esto no sólo crea un problema inmediato, sino que pondrá en problemas el sistema financiero público. -destacó Chiriboga y concluyó-Temo que en el mediano plazo vamos a tener una grave grave situación económica en el país”.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
