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En plena pandemia, el Ministerio de Salud de Brasil se convierte en un cuartel

19 mayo, 2020

Si la lucha contra el coronavirus es tomada como una guerra, en Brasil, donde el presidente se niega a adherir a las cuarentenas y hoy se registraron por primera vez más de mil muertos en un día, el Ministerio de Salud se transformó en un cuartel: nueve militares fueron nombrados hoy en cargos clave de la estructura de la cartera más caliente del país, conducida por un general.

El ministro de Salud interino, general Eduardo Pazuello (foto), un especialista en logística y no en medicina, nombró nueve militares para cargos de asesoría, coordinación y directores de la cartera, mientras que la ciudad de San Pablo, en el umbral del colapso hospitalario, decidió anticipar feriados a partir de mañana para facilitar el aislamiento social.

Hasta ahora, durante la pandemia, el Ministerio de Salud había estado a cargo de dos médicos, que renunciaron tras tener diferencias con el presidente Jair Bolsonaro: el traumatólogo Luiz Henrique Mandetta y el oncólogo Nelson Teich.

Ambos se negaron a firmar un protocolo para que los médicos receten a enfermos de Covid-19, desde el inicio del tratamiento, cloroquina, una sustancia contra la malaria no recomendada por la comunidad médica para esta enfermedad y que en Brasil está siendo fabricada en laboratorios de las Fuerzas Armadas.

Solo en el día de hoy, Brasil registró la cifra récord de 1.179 nuevas muertes por coronavirus y de 17.408 nuevos casos. En total, el país ya suma casi 18.000 fallecidos y más de 271.600 infectados, informó el Ministerio de Salud.

Con estos números y pese a ser el tercer país en el mundo con más casos, Bolsonaro aún no eligió a un nuevo ministro de Salud.

Hoy, en diálogo con simpatizantes en la puerta de la residencia presidencial, el Palacio de la Alvorada, se defendió y dijo que ninguno de sus ministros “se fue por corrupción como ocurría en otros gobiernos”.

Pero, en paralelo, el presidente está siendo investigado por la corte suprema por presunta obstrucción de la justicia, en base a una denuncia de su ex ministro de Justicia, Sérgio Moro, quien lo acusó de intentar manipular las investigaciones que dirige la Policía Federal contra su familia y amigos por corrupción.

En este contexto, la militarización del Ministerio de Salud se suma a la ola verde oliva que domina el Palacio del Planalto, la sede de gobierno, donde ya hay una estructura de militares retirados y en actividad como nunca se vio antes, ni en la dictadura (1964-1985).

En primer lugar, se destacan tres hombres de alta confianza de Bolsonaro: los generales Walter Braga Neto, jefe de gabinete, Luiz Eduardo Ramos (en actividad), ministro Secretario General, y Augusto Heleno, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional.

Además del ministro de Salud interino Pazuello, considerado como un especialista en logística y recientemente a cargo de la inmigración venezolana en el fronterizo estado de Roraima, ya había dos militares al frente de secretarías de alto rango.

Hoy fueron designados otros nueve en el Diario Oficial de la Unión y Bolsonaro sigue recibiendo sugerencias sobre médicos que acepten, por ejemplo, la cloroquina y la guerra que el propio jefe de Estado lanzó contra gobernadores que piden seguir las recomendaciones de la comunidad internacional y tomar medidas preventivas contra la pandemia.

En Pernambuco, uno de los estados del nordeste que concentra más casos y fallecidos como Ceará y Maranhao, el gobernador, Paulo Cámara, dio positivo de Covid-19.

En San Pablo, la situación se está acercando al famoso “pico” de la curva. En la principal urbe sudamericana, el gobierno local anticipó los feriados de Corpus Christi y el Día de la Conciencia Negra para mañana y el jueves, con el viernes como día laborable opcional.

El gobierno está analizando sumar el lunes como feriado para evitar declarar un lockdown, el bloqueo total que es rechazado por la base bolsonarista y que debería ser administrado por la policía paulista contra los negacionistas que salen con sus vehículos y sin barbijo a pedir el fin de la cuarentena.

La ciudad de San Pablo registró hoy el récord de 324 muertos en las últimas 24 horas, lo que elevó a 5.147 el total de víctimas fatales y 65.995, los infectados.

En tanto, tres de las principales entidades médicas de Brasil desaconsejaron la iniciativa del presidente Bolsonaro -que sigue una línea similar a su par estadounidense Donald Trump- del uso de cloroquina para tratar a pacientes con Covid-19.

La Asociación de Medicina Intensiva Brasileña, la Sociedad Brasileña de Infectología y la Sociedad Brasileña de Neumología publicaron un manifiesto sobre las débiles evidencias de la supuesta efectividad de la cloroquina y los muchos problemas colaterales comprobados que acarrea.

Tags: en un cuartelMinisterio de Salud de BrasilPandemia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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