El Gobierno extendería el decreto “antidespidos” y rebajas salariales

La premisa es contener una mayor disparada de los niveles de pobreza y desempleo en el marco de la pandemia. Pero no es una tarea fácil.

15/05/2020 09:59

A pedido de la CGT, el Gobierno evalúa por estas horas extender por dos meses más el decreto “antidespidos” como parte de las medidas de emergencia dispuestas para atravesar la tormenta que azota al mercado laboral.

Bajo este paraguas, las autoridades buscan prorrogar también el acuerdo entre la central obrera y la Unión Industrial Argentina (UIA) para fijar rebajas salariales de hasta el 25% del personal suspendido y sostener el empleo por abril y mayo. La Casa Rosada reforzó este esquema con la homologación automática de los acuerdos dentro de esos parámetros y el aporte de fondos millonarios del Estado para pagar la mitad de los sueldos de 1,2 millones de trabajadores privados.

La premisa es contener una mayor disparada de los niveles de pobreza y desempleo en el marco de la pandemia. Pero no es una tarea fácil.

La delicada arquitectura construida por los ingenieros de Alberto Fernández empezó a verse sacudida con la reactivación gradual de la economía y la aparición de nuevas tensiones.

La reapertura de 1.000 fábricas en todo el país no sólo trajo aire fresco a una industria paralizada en la mayoría de sus ramas desde el 20 de marzo por el aislamiento obligatorio. El reinicio de las tareas, aún en forma reducida, aceleró además la embestida de un creciente pelotón de gremios que desde dentro y fuera de la CGT le declararon la guerra a las reducciones salariales. Y en más de un caso recurrieron a medidas de fuerza para protegerse del vendaval de suspensiones y despidos que ya afectaron a medio millón de trabajadores en la peor crisis que atraviesa el empleo desde 2002.

 

Tiembla el pacto social

Para sostener el esquema vigente de emergencia, el Gobierno deberá superar varios desafíos. En primer lugar, la resistencia empresaria al DNU “antidespidos” y la duplicación del costo indemnizatorio. El riesgo es exponerse a una declaración de inconstitucionalidad.

“Es inminente que ocurrirá por 60 días más (la prohibición de las cesantías). Más plazo lo pone a tiro de una declaración judicial de inconstitucionalidad”, advierten los asesores de empresas. Tampoco será fácil convencer a los industriales de estirar el pacto alcanzado a fines de abril.

“Eso quisiera la CGT”, responden con ironía en la central fabril, en donde apuntan contra una nueva picardía sindical. Sucede que varios gremios no responden a la notificación de la cartera laboral, impidiendo el avance del expediente presentado por las empresas o cámaras privadas para concretar las suspensiones.

El convenio marco también es resistido por el sindicato ceramista, que se mantiene firme en el pago del 100% de los salarios. En la misma trinchera se ubicaron el gremio bancario, el del seguro y el de las estaciones de servicio, liderado por el cotitular de la central obrera, Carlos Acuña, quien acordó con las cámaras respectivas el pago del sueldo completo.

La disminución salarial generó grietas dentro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con el rechazo aireado de la seccional de la Matanza al acuerdo firmado por el pago del 70% del salario bruto. El otro foco es la poderosa Confederación de los Trabajadores del Transporte. “Yo no les puedo pedir a compañeros míos que reduzcan su salario”, dijo uno de los titulares de la CATT, Juan Carlos Schmid.

La rebelión contra el acuerdo UIA-CGT tomó impulso con el desplante temprano de las dos CTA y, luego, con el boicot inesperado de Hugo Moyano.

“Queremos apoyar al Gobierno, pero es fácil para el dirigente que se baje el salario porque total el que se perjudica es el laburante”, disparó Moyano a principios de mayo, tres días después de firmarse el entendimiento.

El torpedeo prosiguió la semana pasada con el envío de una notificación al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la que anunció que “no suscribirá acuerdos con ninguna de las cámaras empresarias de nuestra actividad ni con las empresas del sector que impliquen la baja de salarios, y/o supresión del pago de ítems convencionales, como así tampoco acordará suspensiones de personal”.

Moyano hizo público el malestar que ya había manifestado el 6 de mayo pasado en una audiencia con funcionarios de Trabajo al rechazar el esquema de rebajas salariales convalidado por la resolución 397 de dicha cartera. En esa misma reunión, los empresarios del transporte de cargas recordaron que pagaron una suba del 10% en febrero y otra igual en mayo, en cumplimiento de la paritaria.

Pero advirtieron que, si bien el sector integra la lista de los esenciales, el 70% de la actividad estuvo paralizada en los primeros 30 días de la cuarentena por el cierre de las industrias, mientras que aquellos que prestaron servicios lo hicieron por debajo del “punto de equilibrio”.

Y reclamaron por las empresas excluidas de los ATP por presentar un aumento de la facturación superior al nivel exigido debido a la inflación. La reacción del camionero sorprendió al Gobierno. Alberto Fernández había sellado una suerte de paz social con el sindicalista a principios de abril durante la reinauguración del Sanatorio Antártida, que el gremio prestó al gobierno bonaerense para afrontar la pandemia.

En ese marco, el Presidente dijo que el extitular de la CGT era un “dirigente ejemplar”. La foto se produjo después de la liberación en marzo de $258 millones para Camioneros dentro de una partida de $2.800 millones para las obras sociales, dos señales que enfureció a la dirigencia de la central obrera.

La pelea se recalentó a fines de abril con el reparto de una segunda tanda, de $4.000 millones, que otra vez benefició a Moyano. Hasta que hace unos días el Gobierno dio marcha atrás y aceptó un criterio más “equilibrado” propuesto por la cúpula sindical”.

Ese no fue el único gesto hacia la actual conducción de Azopardo. Su mandato vencía en agosto, pero por la pandemia fue extendido hasta fines de marzo de 2021. La resolución 489 de la cartera de Moroni publicada la semana pasada suspendió los procesos electorales, asambleas y congresos sindicales, y prorrogó por seis meses a partir del 30 de septiembre la vigencia de los cuerpos directivos, incluidos los de las confederaciones.

Sin ánimos de abrir ese frente ahora, la decisión fue leída con suspicacia en los sectores duros encabezados por Moyano y Palazzo, autoexcluidos del consejo directivo y obsesionados con desbancar del trono al ala dialoguista conformada por los “gordos” e “independientes”.

Tensiones que se suman a las presiones por reabrir paritarias y la resistencia de los gremios estatales a ser el “pato de la boda” en la negociación con los acreedores de la deuda.

Fuente: iprofesional.com