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Excluidos

10 mayo, 2020

Camino a los dos meses de la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el presidente de la Nación Alberto Fernández dio una nueva conferencia de prensa en la que dejó en claro su panorama epidemiológico: una cosa es lo que ocurre en provincias menos urbanizadas y otra más complicada con la pandemia del COVID-19 en la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Por esta razón, desde mañana, habrá mayor flexibilización (la denominada Fase 4) en la cuarentena, que permitirá la reapertura de varios rubros más del comercio misionero. No serán todos, de hecho hay sectores como el turismo y la hotelería, gimnasios, restaurantes y bares, entre otros que no podrán volver a trabajar.

Ahora, ¿todos los nuevos exceptuados del aislamiento podrán abrir?

Desde este 10 de mayo veremos quién sobrevivió a los más de 50 días de paralización de actividades, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas que -sin recibir ayuda de algún tipo- se endeudaron y no tienen capacidad para seguir.

Esos fueron los excluidos, en un enorme porcentaje, a los que el Estado no los atendió a pesar de los numerosos anuncios y publicidades de planes y programas. Privados generadores de empleo a los que obligaron a cerrar, en línea con la preservación de la salud de la población ante el COVID-19, sin ningún salvataje más que el “rojo” en cuenta corriente bancaria al 80% de interés o los créditos que ofreció el mercado en un porcentaje de pago similar.

Para quienes miran con recelo y de reojo la crítica, no pueden entender que se trata de una cadena. El comercio no trabaja, no percibe ingresos y, a su vez, no paga compromisos. Se endeuda estando paralizado para pagar sueldos, servicios e impuestos. Un mes aguanta, al siguiente ya no y despide o suspende personal. Sigue sin ayuda y no soporta el ahogo financiero: cierra. Entonces, no dará más empleo, no aportará a la economía de Misiones ni impuestos, no pagará las deudas acumuladas que, también, será causal de la misma cadena de problemas con sus acreedores, con mayor impacto si éstos también estuvieron excluidos de los planes oficiales.

Todo ello, tal vez, por efecto de un funcionario que desde el centralismo del Gobierno, no supo ver las consecuencias y decidió excluir empresas en este difícil momento, que los especialistas en economía aseguran que superó a las últimas crisis conocidas hasta el presente.

 

Últimos datos

La Confederación Económica de Misiones dio a conocer ayer resultados de su encuesta entre las Cámaras empresarias y productivas asociadas. Hasta el 8 de mayo estaba paralizada el 59,5% de la actividad.

Llegada la fecha de pago de los salarios del mes de abril, nuevamente se observó que más de la mitad los pudo afrontar parcialmente o no lo logró de ninguna forma, dejando al descubierto el fuerte impacto de la exclusión de las medidas oficiales en la tierra colorada.

Así, la CEM indicó que el 49,1% de los empresarios los pudo afrontar de manera parcial; el 18,1% restante no pudo afrontarlos; mientras que el 32,8% los realizó en su totalidad.

Una de las líneas más promocionadas por la Casa Rosada, fue la de créditos al 24% con tres meses de gracia para el pago de salarios, inversiones en equipamiento, entre otros fines a los que la Nación subsidiaba la tasa y la Provincia ponía de garantía su coparticipación para quienes no reunían los requisitos.

De acuerdo al relevamiento de la Confederación misionera, el 77,5% de los encuestados no tuvieron acceso a las líneas bancarias instrumentadas por los Gobiernos nacional y provincial.

El 40% de las empresas declaró no poder cumplir con los requisitos de su banco: otro 32% no se encontraba en condiciones de asumir un crédito a la tasa propuesta y un 18% a ninguna tasa; mientras que el 10% restante desconocía la existencia del plan oficial.

Entre las preguntas, hicieron una específica sobre qué medida necesitan para que impacte positivamente en su empresa. Un 52% requirió beneficios impositivos; un 30% subsidios directos; mientras que un 18% un diferimiento de impuestos.

Finalmente, la encuesta preguntó si las empresas participantes tienen reservas financieras y cuánto tiempo estimaban los gerenciadores que les podían durar en este contexto de ampliación de la cuarentena, aunque de modo más flexible.

Un 50,4 % aseguró que no cuenta con dichas reservas; el 35% que tiene recursos disponibles estimó que le durarán 30 días mientras que un 13% dijo que serán por menos de 30 días. Solamente el 1,6% respondió que cuenta con recursos para más de 30 días.

 

Error con la deuda

El presidente Alberto Fernández tuvo antes de asumir varias opciones para sumar a su Gabinete, en un área tan sensible para los tiempos posteriores como es la economía. Ni siquiera entonces se esperaba semejante golpe de la pandemia de COVID-19.

Finalmente los Fernández hicieron jurar al economista Martín Guzmán (con amplios pergaminos académicos teóricos de formación), presentado como “la salvación” que iría a enmendar el desastre dejado por los cuatro años de Mauricio Macri y sus tantos ministros que profundizaron el problema.

A Guzmán (sin experiencia de gestión ni en la ingeniería financiera) lo rodearon de expertos con mucho “mundo financiero” encima pero, con el correr de los pocos días de Gobierno, los fue descartando a medida que el Presidente le confió las decisiones.

Una de ellas fue la negociación de una deuda impagable por donde se la mire, arrastrada de muchos años pero seriamente abultada por Macri no solamente con el FMI sino con la emisión de un festival de bonos que -tarde o temprano- el país iba a tener que pagar o renegociar para no entrar en default.

Martín Guzmán convenció a Fernández de no renegociar de inmediato (enero o febrero) y llegó la pandemia. El mundo se paralizó. El titular de Economía consiguió respaldo para, en medio de ese contexto adverso, se hiciera una oferta calificada como “agresiva” a los bonistas. Incluso, sin necesidad, hasta se les puso plazo de adhesión y firma, pensando que los acreedores estaban “desesperados” y sin poder vivir, al punto de ir a firmar en masa.

Resultado de semejante error al que Guzmán arrastró a Fernández: los grandes grupos de tenedores de bonos le dijeron “no” en masa y son ahora los que mandaron una contrapropuesta para que Argentina no caiga en default.

Ayer, ambos funcionarios decidieron “extender” el plazo para la presentación de nuevas ofertas hasta el lunes, sabiendo que BlackRock, Fidelity y otros bonistas lograron torcer el brazo al Ministro en la cuenta regresiva antes de entrar el país en cesación de pagos.

Ya se habla de reemplazos, del alto costo que significaría para el Gobierno nacional que los acreedores eleven las exigencias de las que, difícilmente, se puedan rechazar de manera “agresiva” como le gustó a Guzmán plantear la negociación. Trascendió que en la última reunión entre CFK y el Presidente, la primera demandó un cambio de resultados en la gestión y hasta de personas para llevarlas a cabo.

No es lo mismo la imagen de un Presidente que la de un sector de la política que trabaja para varios mandatos en adelante; y que conoce el impacto en las urnas de los errores que se cometen.

 

Las noticias falsas

Con el correr de estos más de 50 días de aislamiento, fueron quedando claras las noticias falsas que -por error o interés- se intentaron instalar desde las redes sociales como, también, desde medios de comunicación no tradicionales. El rol del periodismo fue clave para ayudar a no entrar en pánico ante el miedo que generó el COVID-19 y la falta de medicación y vacunas.

Así, la tecnología fue mostrando su lado positivo y el negativo de su uso. Como muchas otras herramientas, si se utilizan con fines productivos son más que importantes; mientras que su mala implementación sólo genera problemas. Para entender el impacto, se puede referir el buen uso de la tecnología para la educación sin aulas físicas. De hecho, el titular de la Legislatura, Carlos Rovira, confirmó el pasado jueves que “Esto ha hecho que nos hayan convocado desde la Nación, el Presidente y el Ministro de Educación, para que aportemos en la elaboración de la Ley marco nacional que permita la primera Ley Nacional de Educación Disruptiva, de la educación digital, y todo lo que hemos sancionado aquí en la provincia de Misiones, con el antecedente y con los fundamentos hechos aquí en la tierra colorada”.

A propósito de las fake news, el legislador sostuvo que “Hay mucha información que no es conocimiento y hay mucha información que se genera con objetivos políticos o comerciales”. Pidió a la gente que haga “un tratamiento democrático tranquilo, ciudadano” de todo lo que recibe y haga su propio filtro, revisando la veracidad antes de compartir.

“Hoy felizmente hay métodos y hay dispositivos para saber, yo sé quiénes generaron lo que a mí me tocó, pero no lo hice ni público ni menos lo hago ahora porque hoy se sabe quiénes son los generadores con medios tecnológicos”, remarcó.

Así, varias instituciones fueron implementando sistemas que agilizan y previenen el contagio de coronavirus: el Poder Judicial que hizo hasta un juicio en el fuero Correccional; el Legislativo con las reuniones de comisiones y la primera sesión online; las continuas reuniones en el Ejecutivo que reemplazaron a varias audiencias.

En el otro extremo queda la difamación contra personas. Lamentablemente, las noticias falsas también dejaron víctimas cuyas heridas difícilmente se borren con facilidad.

Tags: ComentarioDe Primera Mano 10-05-2020
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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