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Crisis COVID-19: impacto psicosocial, problemas y acciones de salud

3 mayo, 2020

El temible efecto del confinamiento y el distanciamiento social en la salud psicosocial. Por acción u omisión, las medidas de afrontamiento que adoptan las administraciones nacionales, regionales y locales sobre esta crisis, nos afectan directa e indirectamente. Especialmente, las medidas de confinamiento y distanciamiento social tienen un efecto profundo en lo psicosocial, ya que altera severamente nuestra vida cotidiana y nuestra salud.

Puesto que los cambios han sido dispuestos de forma inmediata y abrupta -sin poder contar con tiempo suficiente de adaptación-, el desafío de gestionar adecuadamente el malestar psicosocial que nos provocan, es mayor.

En la tabla adjunta que hemos construido, se resumen una serie de problemas derivados de la nueva situación, y también acciones para minimizar su impacto sobre nuestra salud psicológica individual, familiar, grupal y social

¿Tiene esta crisis algo positivo para nuestra salud?

Desde el punto de vista psicosocial, no podemos ignorar el devastador efecto de cientos de miles de personas convaleciendo apartadas de sus seres queridos o impedidas de la cercanía y el contacto familiar, ni de la interrupción de las relaciones entre colegas de trabajo, familiares o amigos; tampoco podemos subestimar la merma o pérdida de actividades culturales, creativas, laborales, deportivas o de esparcimiento que son cruciales para nuestro bienestar físico, emocional e intelectual.

Los investigadores y profesionales estamos constatando un aumento significativo en los problemas de salud mental, como el incremento de tasas de suicidio, trastornos depresivos y de ansiedad, consultas por conflictos familiares -entre otros tantos-, derivados de las nuevas condiciones que las cuarentenas y restricciones imponen. En este sentido, las normas de distanciamiento y confinamiento social -necesarias en muchos casos para combatir la propagación de la enfermedad- se presentan como un desafío psicosocial sin precedentes.

Sin embargo, hay también en este contexto, algunos efectos que podrían resultar beneficiosos: las situaciones adversas que nos sitúan en un escenario nuevo o conflictivo, nos generan estrés y malestar. Pero si esa situación puede ser atravesada y superada, se transforma en una experiencia significativa, es decir, genera un vínculo positivo entre como nos sentimos (lo interno) y lo que nos sucede (lo externo).

Esa experiencia significativa es conceptualizada por autores de la psicología como resiliencia o respuesta de adaptación frente a la adversidad, y puede ser muy valiosa para explorar nuestra capacidad de anticipar, afrontar y/o resolver una situación presente o futura.

Además, representa una oportunidad óptima para realizar una crítica constructiva sobre nuestro comportamiento, y así resurgir de ese proceso de conflicto más empoderados y con un mayor nivel de autoconocimiento y desarrollo individual, grupal o social.

Más adelante, abordaremos las restantes dos dimensiones: la socioeconómica y la sociosanitaria.

Por Saxa Stefani Irizar. Psicólogo, investigador y docente

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  • Crisis COVID-19 Impacto psicosocial, socioeconómico y sociosanitario
Tags: #saludaccionesCovid-19CrisisEnfoqueImpactoProblemasPsicosocial
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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