La Corte Suprema de Brasil abrió una investigación para determinar si el presidente Jair Bolsonaro cometió delitos, tras un pedido del fiscal general Augusto Aras por las denuncias realizadas el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, que podrían derivar en un proceso de juicio político contra el mandatario.
La decisión fue tomada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, quien tomó un pedido del fiscal general, Augusto Aras, para que se investiguen los delitos denunciados por Moro el viernes pasado, al renunciar a su cargo, en los que señalaba que el presidente brasileño pretendía manipular las investigaciones que lleva adelante la Policía Federal.
Según Moro, ex juez de la Operación Lava Jato, cuya fama lo llevó a ser miembro del Gabinete del actual gobierno, Bolsonaro echó al jefe de la policía federal para reemplazarlo por otro que le pudiera dar acceso a investigaciones y material de inteligencia.
Es que supuestamente la Policía Federal bajo el comando de Moro tenía información sobre los tres hijos del presidente que forman parte de su entorno político de mayor confianza, uno de los cuales, el senador Flavio Bolsonaro, es considerado sospechoso por la fiscalía de lavar dinero de la Asabmela Legislativa de Río de Janeiro para las bandas parapoliciales.
El juez Mello dio 60 días de plazo para interrogar a Moro, que en caso de no tener pruebas de sus acusaciones corre el riesgo de ser acusado de falsa testimonio.
Moro mostró conversaciones de la aplicación Whatsapp con Bolsonaro en la cual el presidente le pide acceder a investigaciones que la Justicia abrió contra sus aliados y sus hijos. Bolsonaro negó las acusaciones de Moro y dijo que el ex ministro debe ser investigado.
Una vez que se concrete la investigación ordenada por la Corte, el fiscal general deberá resolver si presenta o no la denuncia contra el presidente.
Este proceso es demorado porque la denuncia debe presentarse ante la Cámara de Diputados, donde se requiere una mayoría especial de los dos tercios para aceptarla y, eventualmente, disponer el apartamiento por 180 días del cargo del jefe del Estado.
En 2017 eso ocurrió con el entonces presidente Michel Temer, quien fue denunciado por corrupción por el fiscal general, pero, en ese caso, el Congreso rechazó la acusación, que comenzó a ser ejecutada una vez terminado el mandato.
Fuente. Agencia de Noticias Télam
