La pesquisa no tardó en dar pasos firmes y desde la Jefatura de Policía apartaron a todos los uniformados que consideraron podrían guardar relación con la golpiza, literal “guacheada”, a un joven de Colonia Itatí el sábado pasado.
Por decisión del juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, Martín Brites, una comisión de la SAIC allanó ayer un destacamento en el paraje Deseado, jurisdicción de Comandante Andresito, donde además de secuestrar libros de actuaciones de la dependencia perteneciente a la Unidad Regional V se inició la investigación a ocho policías integrantes de una división de Infantería.
Ayer fueron puestos en disponibilidad siete de los ocho uniformados bajo sospecha. La Dirección de Asuntos Internos de la fuerza de seguridad concretó los trámites, a la par que los miembros de la SAIC cumplían con la orden del magistrado interviniente.
De acuerdo a la denuncia de lo sucedido, un joven de 19 años fue víctima de un procedimiento de policías en cuatro motocicletas sobre la ruta provincial 24 en el paraje Deseado. Lo interceptaron cuando en una moto de baja cilindrada, y acompañado por un vecino de la zona, retornaban a Colonia Itatí, todo en jurisdicción de Andresito.
Según el relato informal del denunciante, al que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso, tanto él como su amigo fueron maltratados por los policías, los obligaron a hacer flexiones de brazos y ordenaron que el acompañante se volviera a pie a su casa, mientras que a él lo escoltaron los policías hacia el destacamento.
Camino a la sede policial y dentro de ella, habría recibido latigazos en la espalda y habría sido obligado a más flexiones de brazos para luego secuestrarle la motocicleta y obligarlo a regresar caminando a su hogar a trece kilómetros de distancia.
Las lesiones fueron constatadas y obran en imágenes fotográficas presentadas con la denuncia que el lunes realizó la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, organismo de la Cámara de Representantes de la Provincia.
La CPPT presentó ante el procurador general de la Provincia, Miguel Ángel Piñero el pedido de investigación por lo sucedido y el “jefe de fiscales” encomendó la tarea a Horacio Gabriel Paniagua, fiscal de Instrucción 3 de Puerto Iguazú.
Este magistrado ya había solicitado informes de oficio, al igual que el juez de la misma localidad, Martín Brites. Restará saber el grado de participación de cada sospechoso para las formales imputaciones.
Encuadre legal
De acuerdo al Código Penal Argentino, el delito de apremios está comprendido en el artículo 144 bis dentro del título V de “delitos contra la libertad individual”.
Según la norma indica “será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal, el funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales y el funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios”.
