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Crisis COVID-19 Impacto psicosocial, socioeconómico y sociosanitario

19 abril, 2020

Sin embargo, hoy estamos atravesando la peor crisis jamás contada, y ello se debe a cuatro motivos:

• tiene un alcance global (sobre casi toda la población del mundo).

• supone un cambio radical de nuestra vida cotidiana.

• tensiona o colapsa los sistemas sanitarios de las diferentes regiones y países.

• existe incertidumbre sobre la capacidad de su resolución.

A diferencia de las guerras, el peligro ya no se mide por las estrategias y fuerzas militares de unas naciones contra otras; el enemigo es ahora biológico, invisible a nuestros ojos y se extiende por todo el planeta, provocando que el contacto social humano deba ser modificado o suprimido.

Si bien parte de la comunidad científica lleva años alertando sobre estos peligros, la amenaza tuvo que hacerse real para que los gobiernos y sus habitantes tomáramos conciencia de la gravedad de aquello a lo que nos enfrentamos, no sólo como comunidades sino también como especie.

Los cambios que la pandemia ha suscitado son muchos. Su análisis por tanto, debe ser complejo, atendiendo y ordenando cada una de las áreas donde esta emergencia mundial está impactando.

Nosotros dividimos la incidencia de la crisis COVID-19 en tres dimensiones.

Dimensión psicosocial

Es decir, cómo las personas, familias, grupos, comunidades, regiones y países reaccionan ante los efectos de la pandemia.

En general, existe una respuesta condicionada por la incertidumbre y el temor ante una enfermedad sobre la que nuestra posibilidad de control es limitada.

Y lo es, ya que depende por un lado de las características propias de la enfermedad, y por otro de actores sociales que pueden proveernos de los recursos necesarios para enfrentarla (sistemas sanitarios eficaces, ayudas económicas, etc.).

Además, en esta dimensión se puede analizar cómo respondemos individual, familiar, grupal y socialmente ante las medidas de distanciamiento social que imponen serias restricciones y alteraciones de la actividad y vida cotidiana, afectando -en mayor o menor medida- nuestra salud mental.

Dimensión socioeconómica

La modificación o suspensión de la actividad laboral, ya sea por acción directa de las administraciones o bien por el propio avance de la pandemia, afecta a la dinámica comercial y al mercado de trabajo en las diferentes comunidades, regiones y países; esto altera -de un modo nunca antes visto- su funcionamiento. Este impacto se da en el aspecto micro o local de la economía y también en su aspecto macro, ya que los contextos económicos internacionales se ven altamente afectados por el detenimiento del consumo y el comercio internacional.

Las pérdidas económicas se trasladan inevitablemente a casi todo el conjunto de las actividades, previendo, como ya han afirmado organismos como el FMI, un escenario histórico e inédito de debilitamiento del sistema económico-financiero actual.

Dimensión sociosanitaria

Las características de este virus (infecciosidad, morbilidad, mortalidad), sumadas a las dificultades actuales de proveer tratamientos eficaces para combatirlo, hacen que la capacidad de contención sanitaria de la pandemia sea altamente limitada.

Aunque existen diferencias abismales entre los sistemas de salud en el mundo, incluso los mejor preparados no pueden otorgar una atención sanitaria adecuada en el caso de una propagación rápida de este nuevo coronavirus. Todas las comunidades, regiones y países están expuestas a un potencial colapso de sus sistemas sanitarios, como hemos visto en Italia, España, Francia o Inglaterra (todos con sólidos sistemas de salud pública). El riesgo es aún mucho mayor donde estos sistemas son deficientes, por ejemplo, muchas regiones de Latinoamérica, África subsahariana y el sur de Asia.

Gestión

Una adecuada gestión de la crisis del COVID-19 estará estrechamente ligada a la consideración de estas tres dimensiones en conjunto, sabiendo que actúan de forma interconectada e interdependiente: es decir, la incorrecta gestión de alguna de las dimensiones impactará negativamente sobre las otras.

Es importante agregar que estas dimensiones funcionan dentro de un determinado contexto geopolítico. Es una crisis que está inserta en un complejo marco global de relaciones entre opinión pública, corporaciones, naciones y organizaciones internacionales que ejercen su influencia e intentan imponer sus objetivos y agenda.

Divulgar una comprensión multidimensional de esta crisis, puede ayudar a que los expertos, los ciudadanos y representantes políticos tengan mejores herramientas para entender la complejidad de las causas y efectos que esta pandemia provoca.

Desarrollaremos un análisis pormenorizado y con detalle de cada una de las dimensiones psicosocial, socioeconómica y sociosanitaria, en posteriores entregas.

Por Saxa Stefani Irizar
Psicólogo, investigador y docente

Tags: Covid-19CrisisEnfoquePandemiaPsicosocialSocioeconómicoSociosanitario
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#Salud #Obesidad #Historias #EstiloDeVida #Entrenamiento #Posadas
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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