Desde que rige el aislamiento obligatorio en el país para enfrentar la pandemia mundial del coronavirus, desde el 19 de marzo, a la población carcelaria en Misiones se le suspendieron no sólo las visitas de familiares, sino también los beneficios correspondientes a la fase previa a la finalización de sus condenas. Las salidas transitorias para trabajar y para visitar a parientes fueron prohibidas hasta que se resuelva la morigeración de la cuarentena.
Según cada caso y aunque esté vigente la feria judicial, camaristas de los tribunales penales de la Justicia provincial trabajan en que los beneficios no se pierdan sino que se reconozcan cuando el aislamiento finalice.
Según fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN se tomarían en consideración, para nuevos cómputos de pena, los días de salidas transitorias perdidos por cada interno. Lo que aceleraría su finalización de condena.
Vale aclarar que no se estudian los casos de delitos graves, sino los de menor condena y perjuicio, siempre que la conducta sea certificada por las etapas de resocialización que controla el Servicio Penitenciario Provincial.
Vale aclarar que, desde que se desató la pandemia y el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena y aislamiento obligatorio, en las cárceles misioneras se prohibieron las visitas y salidas, por lo que se activaron mecanismos para cumplir con las medidas y que no se generen motines.
Se facilitaron horarios y teléfonos para que los internos se comuniquen con sus allegados, se habilitaron dependencias y recurso informático para videollamadas y se recepcionaron colaboraciones y donaciones de insumos alimentarios que habitualmente son acercados a los reclusos por sus parientes.
No obstante, se reconoce que existen focos de hacinamiento carcelario y magras o mínimas condiciones de higiene. Por este motivo, integrantes del Equipo Misionero de Derechos Humanos, que comprende a varios abogados penalistas locales, insistirán durante las próximas horas con un nuevo hábeas corpus, recurso con el que intentan la liberación o la alternativa de la prisión domiciliaria para bajar la cantidad de detenidos en celdas o predios insalubres.
El viernes de la semana pasada, la jueza Correccional y de Menores 1 de Posadas, rechazó una presentación similar. Pero estos letrados ampliarán su solicitud con el fundamento de la exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pidió que se baje al 70 por ciento la población carcelaria ante la crisis sanitaria por el COVID-19.
Esta postura en Argentina fue ratificada hace pocos días, tal como lo adelantó este Diario, por la Cámara Federal de Casación Penal que pidió a los magistrados federales un rápido actuar para que se garanticen condiciones dignas de encierro.
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Ayer los servicios de videollamadas del SPP se ampliaron para los internos con comunicaciones a sus abogados defensores.
Los primeros en hacerlo fueron detenidos de la unidad penal I de Loreto. Mantuvieron audiencias con la defensora oficial del Correccional de Menores 1, Teresita Inés Belloni, quien atendió cada una de sus consultas acerca del estado de sus causas judiciales.
