El problema de la inseguridad se acrecienta cada vez más en las chacras misioneras y esto preocupa a quienes se dedican a la actividad rural.
Es así que – a través de una carta abierta al Senado de la Nación- el director de Secaderos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Sergio Delapierre, reclamó justicia contra el delito rural y nuevas leyes que favorezcan la generación de empleo.
A su vez, referentes de los sectores yerbatero y ganadero brindaron sus opiniones sobre dicha problemática.
Aseguran que a diario son víctimas de robos de yerba o de colmenas, de herramientas o de animales.
Alegan que estos hechos provocan que los productores abandonen las chacras o dejen de lado las actividades rurales.
En conversación con PRIMERA EDICIÓN, Delapierre indicó que “la preocupación es que todos somos víctimas en un momento u otro. Y hay desánimo en los productores que ya no quieren hacer denuncias porque la policía no tiene medios”.
Relató que la inquietud surge luego de “escuchar que los senadores analizan bajar algunas penas; es decir que vamos a contrapelo de la realidad. Estamos viviendo un problema que es por falta de castigo a la gente”. Agregó que “los senadores deben generar las soluciones y para eso se debe cambiar la legislación”.
En esta línea, sostuvo que “queremos que el delito rural sea tomado como algo grave”. Ejemplificó que el abigeato es considerado de gravedad y sugirió que debería suceder lo mismo con la yerba. “Hay elementos valederos para esto. El factor social es uno, porque sino vamos a seguir generando el éxodo de las colonias”, advirtió.
Expuso, además, que “el abigeato tiene una ley especial que aumenta el castigo porque dice que el animal robado y faenado puede producir problemas de salud al consumidor porque no fue revisado por un veterinario como sucede en los mataderos”.
En consecuencia, deslizó que “lo mismo debería pasar con la yerba, porque un yerbal pulverizado con agroquímico debe estar en cuarentena, pero si alguien cosecha esa hoja contaminada y va a un secadero, también puede llegar al consumidor”.
Apuntó que “si eso llega al exterior se pueden perder mercados; por eso se debe tener en claro que el robo de yerba puede producir daños al consumidor”.
En consonancia, el referente de APAM y productor yerbatero y tealero, Cristian Klingbeil subrayó que “las leyes no les recaen a los delincuentes, pero funcionan bien para los que trabajan”. Adicionó que “funcionan para cobrar impuestos o embargar, para eso son rápidos”.
También remarcó que “para algunas cosas el Estado funciona de forma perfecta, pero para otras no y eso es lo que se tiene rever”.
En este sentido, aseguró que “se tiene que facilitar el blanqueo de personal porque -en la actualidad- tener a una persona en blanco o en negro es lo mismo porque hacen juicio y se sale perdiendo igual. Por eso muchos optan por trabajar en negro”.
Afirmó que “parece que hoy es una condena tener en blanco a los trabajadores porque no hay beneficio para el empleador. Además, no hay incentivo de generar trabajo registrado y el empleador debe sentirse protegido”.
Situación ganadera
Desde el sector ganadero también están preocupados porque la actividad es afectada por el robo de ganado y el abigeato.
Un caso particular se dio días atrás en la zona de Andresito donde, además de los hechos de cuatrerismo, varios animales fueron lastimados.
Al respecto, el presidente de la Asociación Ganadera de Andresito, Darío Bruera dijo a PRIMERA EDICIÓN que “la situación está complicada porque no sólo roban sino que mutilan o lesionan a los animales y terminan muriendo”.
Consideró que se trata de “vandalismo y es muy indignante”.
Comentó que “hay una inseguridad rural muy grande porque roban bombas, motosierras, baterías y son todas herramientas que se necesitan en la chacra”. Afirmó que “no hay respeto a la propiedad privada”.
A la vez, manifestó que “la Justicia garantiza los derechos a los malvivientes, entonces siempre tienen derecho a la defensa”.
Sostuvo que “hay mucho desánimo, los productores están terminando con la actividad. Muchos vendieron las vacas o se dedican a hacer otra cosa”.
Agregó que “se debe tener en cuenta que son actividades que generan mano de obra, pero no hay garantías”.
Detalló que “se realizan las denuncias y la Policía agarra a los delincuentes, pero el problema está en que la Justicia garantiza los derechos a los otros”.
Añadió que “el derecho a la propiedad es fundamental si no se respeta no se puede hablar de inversión o producción”.
