La Cámara de Apelaciones de la provincia ratificó la elevación a juicio oral y público a dos exjefes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) acusados de dejar salir a internos de la cárcel de Eldorado sin más autorización que la de ellos mismos.
Se trata de los funcionarios Roque Omar Benítez y Luis Alberto Gómez, quienes estuvieron al mando de la Unidad Penal III hasta el miércoles 7 de septiembre de 2016, cuando fueron removidos. Fue tras pasar cinco días de salir a la luz el escándalo que alcanzó incluso repercusión nacional.
Al decir de la Justicia, los presos salían sin ninguna orden emanada de órgano judicial competente, como manda la Ley.
La requisitoria fue efectuada en su momento por el Ministerio Público Fiscal, que entendió más que suficientes los elementos que obran en el expediente y pidió que ambos vayan al banquillo.
Hubo apelaciones de por medio y finalmente fue el mencionado órgano el que ratificó la determinación de las autoridades judiciales.
La investigación de la causa, tal como publicó en su momento y en forma exclusiva PRIMERA EDICIÓN, se inició con una carta anónima por debajo de la puerta del Tribunal Penal 1 de Eldorado, en la última semana de agosto de 2016.
En la misma se enumeraba una serie de irregularidades que fueron materia de pesquisas judiciales.
Entre otras cuestiones dicha misiva, dirigida a los jueces, expresaba: “Quiero que tomen conocimiento de lo que ocurre en la cárcel de Eldorado. La semana pasada (…) se conoció que dentro del penal posiblemente existían armas de fuego para una posible fuga. Además, se saca fuera del penal a internos que no están en condiciones de salir a trabajar, mintiendo el lugar adonde van y realizando trabajos a entes públicos”, rezaban algunos de los párrafos del texto, de dos carillas.
Enseguida la carta fue elevada al Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, a cargo de la jueza Nuria Allou, que inició una investigación y ordenó un allanamiento a la cárcel. Los libros de guardia fueron secuestrados y allí, insólitamente, las autoridades encontraron 35 salidas de presos sin autorización judicial. Aunque eran ilegales, estaban asentadas en los registros.
A su vez, la fiscalía de Instrucción 2, a cargo de Bibiana Alderice, realizó una reconstrucción formal sobre lo que -supone la acusación- sucedía tras los muros de la penitenciaría emplazada sobre la avenida Adolfo Julio Schwelm -también conocida como “El Fundador”- entre Sarmiento y Pionero Heidinger.
Según pudo saber este Diario, la citada fiscal consideró cerrada la instrucción y pidió que Benítez y Gómez respondan por los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y ejercicio de las funciones correspondientes a otro cargo, todo en concurso real, ambos en calidad de coautores”.
Los delitos que les sindican
Siempre según el relato de la fiscal Alderice, “en circunstancias en que Benítez y Gómez se desempeñaban como director y subdirector de la Unidad Penal III, ambos habrían autorizado la salida de internos del penal sin autorización judicial correspondiente, a sabiendas de la ilegalidad de sus actos y en clara infracción al procedimiento de la ley provincial 14 de ejecución de las penas privativas de la libertad sobre las salidas laborales extramuros”.
En la resolución consta que los investigadores judiciales descubrieron que entre enero de 2016 y el 16 de agosto de ese mismo año, ambos funcionarios ordenaron 35 salidas de internos sin la debida autorización de la Justicia.
La normativa a la que se hace referencia en el requerimiento fiscal exige que cualquier tipo de salida transitoria de un interno, sea para el fin que fuere, debe contar con autorización del Tribunal de Ejecución Penal. Como en Misiones, esos órganos no existen como sí, sus atribuciones son trasladadas a los tribunales penales. Para ello se debe iniciar un expediente aparte en el que deben constar la autorización judicial, entre otros numerosos requisitos.
