El Gobierno aceptó algunos cambios que reclamaban los sectores afectados por la reforma de las llamadas “jubilaciones de privilegio”, y que la oposición de Juntos por el Cambio respaldaba.
Pese a algunas concesiones puntuales, no hubo fumata blanca y Juntos por el Cambio llevará su propio dictamen de minoría este jueves al recinto, que sesionará a partir de las 12:00.
También presentaron dictámenes en minoría el Frente de Izquierda y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo de José Luis Ramón. Hasta avanzada la noche, la postura que predominaba en la principal bancada opositora era la de no dar quorum en la sesión.
Los cambios en la redacción del dictamen fueron ratificados durante las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; del titular de ANSeS, Alejandro Vanoli, y del secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, que fueron los primeros oradores del debate.
El proyecto del Gobierno eleva del 11 a 18% los aportes adicionales al régimen general, establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años -y no sobre el último haber- y eleva la edad jubilatoria a los 65 años, aunque finalmente, y producto de las negociaciones, el incremento quedó sólo acotado a los hombres y con una escala gradual hasta 2025.
Justamente, una de las modificaciones que quedaron plasmadas en el dictamen es que las mujeres conservarán la edad jubilatoria a los 60 años y no se equipararán a los hombres.
A su vez, se suprimió la condición de haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial como requisito para conseguir la jubilación: se mantienen los 10 años de servicios continuos o bien 15 años de desempeño interrumpido.
Otra concesión del Gobierno fue la que definió que aquellos funcionarios en edad jubilatoria pero que continúan en actividad podrán acogerse al régimen anterior a la promulgación de la ley.
Sin embargo, se mantuvo firme en el rechazo a la inclusión, tal como pretendían las asociaciones judiciales y Juntos por el Cambio, de una “cláusula transitoria” que explicite con claridad estos “derechos adquiridos” para evitar “ambigüedades” en la interpretación.
“Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro”, contestó el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, ante el pedido del diputado nacional del PRO Pablo Tonelli. .
Antes habían sucedido reuniones privadas entre los tres presidentes de las bancadas de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC) con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, en la que los opositores intentaron torcer el brazo de los oficialistas sobre la posibilidad de incluir esa “claúsula transitoria”, pero los esfuerzos fueron en vano. .
Al abrir el debate en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda, Moroni aclaró que el Gobierno no plantea “eliminar los sistemas de protección de jueces” porque comparte la idea de que son funcionarios que “cumplen una tarea especial” y que por lo tanto “deben tener derechos desiguales respecto al resto”.
Sin embargo, el ministro aclaró que lo que está en discusión es “cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo”.
“El sistema previsional ya no tolera más regímenes tan diferenciados porque vamos a tener problemas de financiación” del sistema general, advirtió.
Los argumentos oficiales no fueron suficientes para convencer a los representantes de las asociaciones de magistrados, que no tardaron en expresar sus quejas cuando les cedieron la palabra durante la audiencia.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, aclaró que “en modo alguno” intentan “obstaculizar” el tratamiento pero instó a que el debate adopte “ciertos parámetros de razonabilidad”.
“¿Por qué es tan difícil escribirlo con todas las letras para evitar ambigüedades y eventuales conflictos, y para evitar cataratas de renuncias?”, protestó en referencia a la negativa a incluir la “cláusula transitoria”.
El magistrado alertó sobre los riesgos de “numerosas renuncias” en el Poder Judicial, a raíz de las “sospechas” que genera la normativa propuesta.
Al respecto, dijo que “es muy poca la gente que se jubila antes de los 65 años en el Poder Judicial”, y agregó que actualmente hay un “25% de vacantes”.
“Si este proyecto avanza y las posibilidades de renuncias se concretan, las 25% de vacantes que hoy por hoy existen es probable que se dupliquen”, advirtió.
A su turno, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, también alertó que “los jueces en actividad van a ser menos del 50%”, y a la lista de argumentos sumó que una reforma como la que se plantea “desfinanciaría más el sistema porque hay “150 o 200 (funcionarios judiciales) que se pueden jubilar”.
“Busquemos una alternativa que nos permita financiar al sistema y equiparar hacia arriba y no hacia abajo”, finalizó.
Fuente: Agencia de Noticias NA
