Con duras críticas a la gestión de su antecesor en el cargo, Daniel Luna, y a los concejales que aprobaron la Ordenanza 01/20 a fines de enero, el intendente Carlos Flores vetó la norma en forma total. De este modo, ratificó que la comuna tiene la potestad del manejo de la planta potabilizadora de agua construida por la EBY y transferida por el municipio a la Cooperativa de Servicios Candelaria Limitada (COSCAL).
Fue un nuevo capítulo de la puja interna de la renovación para el manejo del servicio de agua, que tuvo al reelecto jefe comunal como protagonista de la toma del predio en enero pasado. Por esta razón, cuatro de los siete ediles realizaron una sesión especial en la que eliminaron la posibilidad de que el municipio se haga nuevamente de la planta, con la Ordenanza 01/20.
De hecho, esa sesión se realizó en una vereda, con la elaboración del acta arriba del capot de un auto, ya que el presidente del Concejo (que responde al intendente actual) no habilitó el recinto.
“Transferencia irregular”
PRIMERA EDICIÓN accedió al texto del decreto de Flores firmado el 7 de febrero pasado pero fue publicado en el Boletín Oficial el pasado viernes 14.
En los fundamento del veto, el alcalde fustigó a Luna: “Existen pruebas contundentes del mal accionar del intendente saliente Daniel Luna, en llevar adelante en su oportunidad una resolución firmada sin autorización o aprobación del Concejo Deliberante de Candelaria, celebrando un Acta de Transferencia entre la Municipalidad de Candelaria, el EPRAC (Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas) y la Cooperativa de Servicios Candelaria Limitada, el cual se perfeccionó el 7 de agosto de 2019, consistente en la transferencia irregular de un bien municipal recibido desde la EBY a favor del Municipio de Candelaria (Entidad Binacional Yacyretá – Planta Potabilizadora y Tanque Elevado y demás Obras menores)”.
Así, dejó por escrito que para su administración “… la tutela de un bien público municipal o Derecho de Administración y Explotación Público Municipal sólo puede transferirse por una Ordenanza que habilite tal acción, de lo contrario se estaría ante una gravísima irregularidad, situación ocurrida durante la gestión anterior”.
Críticas a los ediles
Al momento de fundamentar el decreto de veto a la ordenanza 01/20, Carlos Flores dedicó unos considerandos a los concejales opositores. Los acusó de “convalidar” una “grave irregularidad”.
Así, escribió: “… atento a lo manifestado, existen concejales que continúan en funciones, y que en su oportunidad hicieron caso omiso a las acciones perjudiciales que se llevaron adelante, convalidando a través de su inacción la grave irregularidad cometida, cuando hoy, los mismos concejales defienden una acción de orden público que nunca debió ocurrir, en tanto que daña acciones protectorias de Bienes y Derechos que son de toda la comunidad”.
Agregó que “varios concejales durante la gestión anterior requirieron información respecto de esta cuestión al Departamento Ejecutivo Municipal, sin recibir respuesta alguna, obligación ineludible del Departamento Ejecutivo ante cualquier solicitud”; “… en el mismo sentido Concejales de la gestión anterior solicitaron a la COSCAL información en esa materia, la que tampoco brindó ninguna información, desconociendo que el órgano rector en cuestiones de orden público municipal es el Concejo Deliberante”, siguió en sus críticas.
Sin salida… por ahora
La orden del gobernador Oscar Herrera Ahuad al flamante titular del EPRAC, Daniel Di Stefano, fue encontrar un instrumento legal que permita cerrar este conflicto institucional y político de Candelaria. Sin embargo, pasado más de un mes desde la toma de Carlos Flores a la planta potabilizadora, esa normativa no llegó.
El Intendente había prometido el 8 de enero, cuando depuso su actitud tras el llamado del primer mandatario provincial, volver al lugar para cumplir con su finalidad de manejar dicha planta. El conflicto, por ahora sin salida, promete más capítulos.
