Ante la falta de definiciones concretas por parte del Gobierno, ayer se llevó a cabo una nueva asamblea nacional de los trabajadores despedidos de la secretaría de Agricultura Familiar, que llevan varios meses reclamando para alcanzar la reincorporación inmediata a sus funciones.
En ese contexto la jornada provincial tuvo su epicentro en Eldorado donde los afectados se reunieron para analizar la compleja situación.
Al respecto, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Raúl González, delegado de ATE, señaló: “Se convocó a una jornada de lucha nacional, en ese marco realizamos la asamblea en Eldorado donde además de los trabajadores despedidos de la secretaría, también se sumaron organizaciones sociales y pequeños productores acompañando nuestro reclamo que no es solamente sobre la reincorporación sino que también incluye el pedido de mejores políticas públicas”.
“Hay compañeros que tenían más de 20 años de antigüedad, y que ahora están sin trabajo hace dos años, no abunda el trabajo, no hay posibilidad de encontrar otra fuente laboral. Muchos están mal de salud, no la están pasando bien”, recalcó y agregó que “el objetivo del encuentro fue pensar en acciones futuras en el corto y mediano plazo. Vamos a otorgar un plazo a los funcionarios nacionales para que brinden propuestas, pero si para fines de febrero y los primeros días de marzo no tenemos un plan de reincorporaciones y la búsqueda de mejorar la institucionalización de la agricultura familiar, nos veremos obligados a movilizarnos y llevar la protesta a las calles. Parece que vamos a tener que luchar mucho para poder negociar”.
Al mismo tiempo recordó que desde que comenzó el conflicto “hemos tenido más de 10 reuniones con todos los funcionarios, desde la jefatura de Gabinete, hasta los ministros y recursos humanos. Hicimos todo lo que se pudo desde el sindicato pero los que no están cumpliendo con el compromiso que realizaron son los funcionarios. Por eso estamos llegando a una instancia complicada donde no nos queda otra que pensar en medidas más fuertes”.
Por otro lado, el sindicalista cuestionó que “en la provincia, institucionalmente estamos acéfalos, no tenemos jefe, ni autoridad responsable por el organismo, tampoco hay un reglamento de trabajo. Este es el estado de situación que preocupa a las agrupaciones. Sin bien hay un discurso de atender al sector, fortalecer a las economías regionales, a partir de políticas para la agricultura familiar campesina, hoy por hoy eso todavía no se cristalizó en nada”.
Por su parte, Roxana Rivas, abogada patrocinante de un grupo de los afectados explicó el estado en el cual se encuentran los reclamos dentro del contexto judicial.
“En el resto del país había sido medianamente exitosa la vía del amparo para solicitar la reincorporación y la nulidad del acto administrativo que los desvinculó. Pero en nuestra provincia no tuvimos la misma suerte porque el juez federal que intervino acá consideró que no era la vía idónea”, señaló y añadió que “el cambio de instancia tiene consecuencias prácticas en el tiempo porque la vía contenciosa administrativa que se abrió es mucho más larga. Con esa demora venimos lidiando”.
Al mismo tiempo señaló que “puntualmente lo que se pide es la nulidad del acto administrativo que los desvincula. Fue común en los últimos gobiernos, la inestabilidad y precarización con la que fueron contratados estos trabajadores en su mayoría”. Finalmente destacó la importancia de la labor que realizaron los afectados en el área.
“El proceso de desvincularlos se llevó adelante con la estigmatización del trabajador como que no hacía nada, y en realidad la labor sobre todo en la Zona Norte fue fundamental, llegaron a los pequeños productores y comunidades originarias, y hoy se siente la ausencia de estos trabajadores. El vaciamiento que significaron estos despidos es algo que se puede demostrar”, subrayó Rivas.
