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El aumento otorgado por el Gobierno servirá para “reactivar el consumo”

20 enero, 2020

Referentes de gremios y sindicatos de Misiones dieron su visto bueno al aumento salarial de 4.000 pesos otorgado por el Gobierno nacional al sector privado.

Consideraron que “es un paliativo que ayudará recuperar parte del poder adquisitivo perdido; además será una inyección al consumo interno”. Expusieron que “seguro se verá la reactivación en el comercio y después en los otros sectores”.

La decisión fue publicada en el decreto 14/2020 a principios de este mes y establece que “el aumento deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias, y no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o individual de trabajo”.

Referentes de la CGT Andrés Guacurarí dijeron a PRIMERA EDICIÓN que “todo dinero que ingrese al bolsillo del trabajador siempre es bueno e importante”.

A la vez, sostuvieron que “sumado a la pérdida que se tuvo en 2019 y lo que se debe recuperar en el 2020, este incremento es un porcentaje importante para aquellos que ganan menos de lo que establecen los convenios colectivos de trabajo del sector privado”.

A modo de ejemplo, detallaron que el sector del comercio no tiene dicho inconveniente, pero deslizaron que “la inflación es de un 55% anual y (el trabajador) debe recuperar casi 17%; por lo cual esto atenuaría la discusión posterior”.

En lo que respecta al sector comercial, desde la CGT dejaron firme su opinión sobre que “no se permitirá que se discutan los montos de salario por región”, sino que “pretendemos que sea básico para todo el país”.

Indicaron que es interesante que “el Gobierno haga un gesto para el sector privado, eso es importante”.

Recordaron, en tanto, que “el sector privado y los trabajadores perdieron poder adquisitivo y la demostración de eso es la caída del consumo”.

En esta línea, afirmaron que “el trabajador debe recuperar el salario y sobre todo los que están en relación de dependencia. De esta franja es de la que se debe ocupar el Gobierno, porque es la que más perdió en estos últimos tiempos, producto de la inflación y de la crisis que se vive a nivel nacional”.

 

“Un puntapié”

El secretario general de la CGT Misiones, José Milcíades Giménez, sostuvo que el aumento otorgado por el Gobierno nacional “es un puntapié” y estimó que las paritarias “seguro van a superar este valor, pero es un paliativo para que las empresas inyecten ese incentivo a lo que serán los futuros aumentos que se puedan lograr”.

Asimismo, apuntó que “todo aquello que sea para incentivar el consumo interno y que pueda paliar el salario de los trabajadores, bienvenido sea. Por eso, esta decisión tiene el total apoyo de la CGT”.

En lo que respecta al pago de los 4.000 pesos, Giménez dijo que “la mayoría de las empresas están en condiciones de pagar y lo harán sin ningún inconveniente” y agregó que “esto es un otorgamiento y está firmado por decreto. Es una de las herramientas que está articulando este Gobierno para paliar la caída del salario”.

 

Sector maderero

Desde el sector maderero también consideraron que el aumento es importante. Al respecto, el presidente de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), Román Queiroz, subrayó a este Diario que “es un aumento fijo y para el sector maderero, donde se mide el salario en horas, es algo nuevo, porque es como un bono, pero se mantiene hasta la nueva paritaria que empieza a regir en junio”.

Recordó que “se trata de un fijo de 3.000 pesos que se abonará con el salario de enero y el mes siguiente se suman 1.000 pesos. Es decir que se paga 4.000 pesos en febrero, marzo, abril, mayo y en junio se absorbe con la paritaria que empieza a regir este 2020”.

Precisó que “para el operario que hace más horas tendrá un menor impacto que para aquel que trabaja menos horas”.

En cuanto a lo que significa para el sector, deslizó que “con la paritaria ya acordada, más este aumento, implica entre el 21% y 23%; por lo que terminará siendo un incremento anual del 50% al 53% aproximadamente. Es decir, que acompaña un poco la inflación”.

Queiroz advirtió que “creemos que es necesario para que el trabajador no pierda poder adquisitivo, pero es muy difícil afrontar para el sector privado”.

En cualquier caso, expuso que está convencido que “esto reactivará el consumo interno. Es más plata en la calle y, por ende, empieza una reactivación que se notará en lo siguientes meses. Primero lo sentirá el comercio y los demás sectores más adelante”.

En consonancia, el secretario general del Sindicato Obreros de la Industria de la Madera (SOIME), Domingo Paiva, opinó que “entendemos que (las empresas) están en condiciones de pagar”.

Señaló que “los trabajadores son los más castigados por la inflación; por eso en este contexto los empresarios deben hacer un esfuerzo y demostrar interés en sus dependientes, porque en todo este tiempo mostraron esfuerzo y voluntad cumpliendo con sus obligaciones”.

Paiva subrayó que las empresas “no tendrían dificultad ya que todos están retomando sus actividades, salvo algún que otro caso puntual”. Opinó al respecto que “todos tenemos dificultades y es ahí donde debemos pensar en los trabajadores y sus familias”.

 

Decisión nacional

A principio de año el Gobierno oficializó el aumento de salarios de 4.000 pesos para los trabajadores del sector privado. Será a cuenta de futuras paritarias, según el Decreto 14/2020 publicado en el Boletín Oficial. De esta forma se dispuso un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

El decreto indica que “a través de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario y de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, se evaluará la posibilidad de instrumentar medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores y trabajadoras”.

Tags: Aumento salarialComercioGobierno nacionalMadererossector privado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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