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El aumento de marzo a jubilados será de 11,5%

18 enero, 2020

Los jubilados y pensionados recibirán en marzo un nuevo aumento, que llegaría a un 11,5% promedio en los haberes más bajos, ya que el ajuste no será para todos los casos por igual.

Según indicaron ayer fuentes de ANSeS, ese porcentaje no se aplicaría directamente a cada categoría, sino que sería diferente al depender del monto que se perciba con el objetivo de acortar la distancia entre los haberes más bajos y los más altos.

El director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli, había afirmado que el Gobierno analizaba la posibilidad de que el aumento para los jubilados previsto para marzo se concrete a través de una suma fija.

“Probablemente sea una suma fija pero el criterio que el Presidente (Alberto Fernández) ha instruido es que la jubilaciones, especialmente las más bajas y las de los sectores más castigados, mantengan su poder adquisitivo”, dijo Vanoli el miércoles durante un contacto con periodistas acreditados en Casa Rosada.

“Sobre esa base y teniendo en cuenta la realidad fiscal, que es muy compleja, se pueda mantener la viabilidad fiscal y sin agravar la situación en un momento difícil”, agregó entonces el jefe de la ANSeS.

Hasta diciembre pasado, el aumento se aplicaba en forma porcentual sobre los haberes en curso, mientras que ahora se distribuirá en forma diferenciada por rango de haberes. El 11,56% sobre la masa de haberes actual implica un desembolso fiscal de $18.000 millones.

 

Cómo se aplicará el cálculo

De acuerdo con las diferentes escalas de haberes, se estima que 4,5 millones de jubilados y pensionados recibirían el 11,56% o más, con lo que recortarían la pérdida sufrida en los últimos cuatro años, al tiempo que los restantes, es decir 2,8 millones, profundizarían el retroceso de sus ingresos.

Si el monto del costo fiscal se distribuyera como una suma fija entre los 7,3 millones de beneficiarios, resultaría un incremento de $2.465 por persona. Con la aplicación diferenciada del aumento para los que ganan el haber mínimo, de $14.068 representaría un incremento del 17,5% y para los que perciben $20.000, de 12,3%.

La línea de corte del 11,56% serían los $21.323 y, por encima de ese valor, la suba sería inferior al promedio. En un haber de $25.000, el incremento sería del 9,9%, en el de $40.000, del 6,2% y seguiría descendiendo hasta representar sólo el 2,4% para los que cobran el haber máximo de $103.064.

El cambio de esa fórmula significó entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019 una pérdida del 19,5% a todos los jubilados y pensionados con relación a la inflación.

El aumento tiene que estar definido antes del 10 de febrero para que la ANSeS pueda realizar el envío de los fondos a los bancos que pagan a los jubilados.

 

Nueva fórmula solidaria

El Gobierno avanza en la definición de la nueva fórmula transitoria para aumentar en marzo las jubilaciones y prestaciones sociales.

Si bien todavía la discusión sigue abierta en el Ministerio de Economía, la idea que se baraja por estas horas es aplicar un esquema de dos o tres velocidades, con eventuales incrementos de suma fija que tendrán un impacto diferenciado.

Esto es un mayor beneficio para las escalas más bajas y en menor medida para las medias y altas. Se trata de un mecanismo similar al del bono de $5.000 otorgado en diciembre y enero a los jubilados y beneficiarios, con un tope hasta los $19.000. En esa ocasión, los titulares del haber mínimo recibieron dicha suma, mientras que las escalas subsiguientes obtuvieron la diferencia hasta llegar al límite fijado.

Así, según datos de ANSeS, fueron alcanzados 4,5 millones de adultos mayores, el 64% de un universo de 7,3 millones, y el resto fue excluido del beneficio. Lo que se estudia ahora es que el próximo ajuste alcance también a las jubilaciones de entre $19.000 y $30.000, aunque con incrementos menores al de los haberes mínimos, según estimaron fuentes del Gobierno consultadas por iProfesional.

La lógica de este esquema es transferir recursos a los sectores más bajos para dinamizar el consumo, pero también establecer la recuperación del poder adquisitivo perdido.

“En marzo se va a contemplar particularmente la situación de las mínimas pero también las jubilaciones bajas y medias bajas que han sido muy golpeadas”, dijo a principios de enero el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, y en las últimas horas confirmó que “muy probablemente” será mediante sumas fijas.

En tanto, el jefe de Gabinete, Sergio Cafiero, reconoció días atrás que “faltó” llegar a los que ganan $25 mil y “no llegan a fin de mes”.

El argumento oficial es que el sistema previsional es uno de los más desiguales del mundo, ya que la diferencia entre la jubilación mínima y la máxima es de siete veces. Y, por otra parte, que la inflación impactó en forma diferente en los haberes.

Fuente: Medios Digitales y Agencia de Noticias NA

Tags: AumentoJubiladosSalarios
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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