El Gobierno provincial, por intermedio del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) tomaría una definición esta semana en relación al conflicto por la administración de la planta de agua de Candelaria.
Dicha planta venía siendo administrada por la Cooperativa de Agua, que responde políticamente al exintendente Daniel Luna, pero la semana pasada el actual intendente, Carlos Flores, tomó el control aduciendo que le pertenece a la Municipalidad y que la comuna la iba a administrar para mejorar el servicio que se presta a los usuarios.
Intervinieron el gobernador Oscar Herrera y el diputado nacional Ricardo Wellbach para pacificar la relación entre los dos rivales políticos y devolver la paz al municipio. En principio se acordó una tregua de 30 días. Flores dijo que luego de ese tiempo va a recuperar el control de la planta y desde la cooperativa, su presidente, Rudy Joner, respondió que acudirá a la Justicia para seguir teniendo el control de la misma.
Antecedentes legales
En la gestión anterior de Carlos Flores, en el año 2014, el municipio de Candelaria recibió de la Entidad Binacional Yacyretá la planta potabilizadora de agua, como parte de las obras complementarias en compensación por la afectación de la represa al municipio.
Flores perdió las elecciones de 2015 y asumió Daniel Luna la intendencia. Durante los últimos años esa planta funcionó bajo la administración de la Cooperativa, que era manejada por el “lunista” Rudy Joner. Hace dos meses, después de perder las elecciones del 2 de junio, el exintendente Luna entregó la planta de agua al EPRAC (en la gestión anterior de José Guccione) y éste se la cedió a la Cooperativa. De esta manera Luna se garantizó el control de la planta aún saliendo de la Municipalidad.
Lo que argumentan ahora desde el entorno de Flores es que eso fue un “maniobra irregular” de Luna para quitarle la planta al Municipio y sostienen que no hubo una ordenanza que legalice ese traspaso, por lo tanto fue ilegal. De acuerdo a esta teoría, la planta sigue perteneciendo al municipio y eso le da derecho a reclamar su propiedad.
Disputa política
La Cooperativa de agua es la segunda caja más importante del municipio ya que administra y cobra el servicio de unos 5.200 socios. En los últimos años se dio la particularidad de que siempre fue manejada por el intendente de turno, así fue en la gestión anterior de Flores y también en la intendencia de Luna.
Ahora ocurre que Flores asumió la intendencia pero no tiene control de la Cooperativa. Según él, la planta de agua fue donada por la Entidad Yacyretá al Municipio, no a la Cooperativa. La red de agua también pertenece al Municipio, aseguró.
El argumento que utilizó Flores para reclamar el control es que la Municipalidad recibe numerosas quejas de los usuarios porque le brindan “un servicio pésimo” y le cobran muy caro. “Por ejemplo, un abuelo que no tiene siquiera ducha tiene que pagar 1.300 o 1.800 pesos”, dijo el intendente actual. La respuesta tendría que estar en manos del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas, que es justamente el organismo provincial encargado de fijar las pautas de este servicio.
La semana pasada, en medio del conflicto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad le habría solicitado al titular del EPRAC, Daniel Di Stefano, que para esta semana le presente una alternativa de solución.
Con esa tarea encomendada, Di Stefano se encargó de recopilar la documentación histórica en la EBY, la Municipalidad y el Concejo Deliberante, para analizar y luego tomar una definición, que sería en estos días. Consultado por PRIMERA EDICIÓN, el ex diputado nacional explicó que “no hay todavía una decisión tomada. Se está analizando la documentación”.
“El Gobernador me pidió que busque una salida correcta pero con la única prioridad de garantizar el servicio de agua de los usuarios”, remarcó. Di Stefano no quiso anticipar cuál podría ser la decisión a tomar pero no pasaría de esta semana.
Lo que creen desde el Gobierno es que la planta de agua no puede funcionar separada de la Cooperativa. El que maneja una parte también debería manejar la otra, sino se generarían conflictos permanentes entre los rivales políticos.
Intimación judicial
Rudy Joner, presidente de la Coscal, señaló que hubo una intimación judicial el lunes advirtiendo a la Municipalidad que no puede tomar ninguna acción sobre la Cooperativa ni sobre la planta de agua de Candelaria. “Con la disposición de la Justicia, ahora estamos un poco más tranquilos. Incluso había otro comunicado previo de la Justicia, emitido por el mismo juzgado pero que fue incumplido totalmente. Por eso fue necesario que salga una reiteración y una especie de llamado de atención para que Flores no pueda realizar ningún tipo de actividad sobre ningún órgano de la Coscal. Aparentemente esto puede no ser suficiente”, dijo.
“Contamos con el apoyo de la Femicap. La federación mandó una nota al Gobernador, con las 44 cooperativas asociadas, pidiendo que no se permita ningún tipo de avasallamiento y que no se asiente ningún mal precedente”, agregó.
