“Ha sido actualizado y va a seguir siendo actualizado. Y cuales son las dos razones centrales. Por un lado las modificaciones que ocurren en la legislación de nuestro país. En el Código Civil y Comercial del 2015 se incluyeron derechos que no estaban en el protocolo del 2015. Y la segunda parte es que la evolución del procedimiento hace que se modifiquen cuestiones científicas, la medicación que se utiliza y eso usando cánones internacionales está puesto en este nuevo protocolo”, afirmó el ministro.
Y sentenció: “Iniciamos un camino que es el de aplicación de la ley y creemos que va a haber algunas organizaciones antiderechos que van a cuestionar. Nosotros estamos dando un instrumento sanitario para que se cumpla la ley y los derechos de la persona que lamentablemente están en situación de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
Si bien no dio muchos detalles sobre qué incluye el nuevo texto, explicó: “Rápidamente describe cuál es la situación del aborto en la Argentina y en el mundo y por supuesto cómo se debe proceder desde el conocimiento, qué deben hacer los equipos de salud, cuál es el abordaje del equipo, cuál es la evaluación médica que se tiene que hacer, cuál es el procedimiento para la interrupción del embarazo”.
También se refirió a la objeción de consciencia: “Somos respetuosos pero no puede ser una coartada para que no se cumpla la ley. La ley respeta la objeción pero no puede quedarse sin respuesta institucional. Sabemos que hay instituciones que colectivamente han intentado hacer esto y obviamente lo que plantea es lo que se dice la ley”.
Y completó: “Lo que nosotros no queremos es que esto se convierta en un combate. No es un combate ni un búsqueda de votos ni una decisión que se toma para ganar una elección. Esto claramente es cómo se ejercita un derecho y cómo se cumple con la ley”.
Asimismo Ginés destacó que todo su equipo trabajó “desde fuera del Estado en los protocolos en los conocimientos científicos nuevos y en la nueva legislación” e insistió en que “va a haber nuevos protocolos, posiblemente en uno o dos años va a haber otro”.
Al respecto, hizo referencia, sin nombrarlo, a lo ocurrido con Rubinstein: “El primer protocolo no generó controversias. Acá, a partir del episodio de los últimos días, me preocupa que sea una seguridad para los trabajadores de salud. En estas controversias los trabajadores se asustan o intimidan. Tratamos de que tengan el respaldo del Gobierno nacional porque están respaldados por la ley”.
Al momento de las preguntas, tomó la palabra Mariana Romero, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y brindó algunos detalles más: “La normativa argentina no establece un límite de edad gestacional. Por lo tanto, este protocolo está hecho en base a los mismos estándares que maneja la OMS. Los equipos de salud vamos a tener que trabajar como venimos haciéndolo. Respecto a la objeción de conciencia, es individual, la ejercen las personas y no las instituciones. El protocolo es claro. Da lugar a la objeción de conciencia, pero las instituciones y particularmente las instituciones públicas somos responsables de prestar los servicios en el marco de la ley. El plazo es de 10 días. No es que aplica a la violación, aplica al momento de la solicitud, no importa la causal: en 10 días debe darse lugar a la práctica”.
En relación a lo que sucede en casos de violación, la doctora expresó: “La violación es un delito de instancia privada. La persecución de ese delito va a depender de que esa mujer decida o no hacer la denuncia. No significa que la interrupción del embarazo a la que la mujer tiene derecho, sufra algún tipo de dilación o demora porque ella está en el proceso de decidir o no hacer la denuncia”.
“Vamos a trabajar para que se apliquen las leyes vigentes. En relación a la legalización del aborto exige un trámite parlamentario, un tiempo distinto. Mi tema, lo dije siempre, más allá de que soy respetuoso de los derechos, es que hay 30 muertes evitables por año y más de 50 mil internaciones muchas de las cuales son evitables como consecuencia de cómo están las reglas del juego. Para lo único que sirve es para eso, porque todo sigue igual”, remarcó González García.
Consultado por la emergencia sanitaria, el ministro reveló: “A ninguno nos gusta declarar la emergencia. Yo hice una emergencia que todavía no fue levantada. ¿Cuál es la situación que hay ahora? Por ejemplo, con el gobierno anterior todos saben lo que pasó con las vacunas. Hay una cosa dura que es que ha comprado las vacunas. Están desde junio y julio en la Aduana. Y como existen tasas de Aduana muy duras no salieron de Aduana. Son vacunas públicas de uso público y que el Estado pagó en parte. En la emergencia está eso: sacar las tasas que se vinculan con vacunas”.
Respecto al tema de los medicamentos, y ante la información de que los laboratorios propusieron una rebaja de hasta un 9% en el precio de los remedios, el ministro de Salud completó: “Queremos recomponer el acceso de los medicamentos, le hemos pedido de urgencia a la industria que tenga una rebaja masiva para todos los medicamentos y sé que están trabajándolo intensamente. No puedo decir nada hasta que no lo digan ellos. Yo no tengo ninguna información, pero le hemos pedido que sea estable, que dure al menos varios meses”.
Fuente: Medios Digitales y Agencias de Noticias
