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Motín en la cárcel de Puerto Rico dejó un penitenciario hospitalizado

1 diciembre, 2019
UNIDAD PENAL VII. La cárcel de Puerto Rico donde fue alojado uno de los supuestos ejecutores de las muertes de Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra.

UNIDAD PENAL VII. La cárcel de Puerto Rico donde fue alojado uno de los supuestos ejecutores de las muertes de Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra.

SUMARON CAUSAS. Los cuatro protagonistas del motín ahora deberán responder ante la Justicia por ese hecho y por las lesiones al efectivo.

Un penitenciario sufrió lesiones de distinta consideración tras ser atacado por cuatro presos que incendiaron colchones en una de las celdas de la Unidad Penal VII, ubicada en la colonia San Alberto de esta localidad.

La agresión al efectivo se registró el pasado viernes a la tarde y en medio de un motín que se extendió hasta entrada la noche, cuando fue controlado por una unidad especial del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

Los reos vinculados al grave incidente y de acuerdo a las primeras informaciones, reclamaban el traslado a otras dependencias carcelarias.

Se supo que uno de ellos, quien sería el que lideró el vandálico episodio, tendría un frondoso prontuario. El uniformado que resultó víctima y según fuentes del caso, sufrió quemaduras y sofocación, producto de la inhalación de monóxido de carbono debido a la presencia de abundante humo en los pasillos de la mencionada unidad carcelaria.

Tras el hecho y luego de presentarse en la escena el juez de Instrucción 1 de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, los cuatro internos involucrados fueron alojados en distintos sectores del predio, hasta que se resuelvan los roles que habrían cumplido en el motín.

De acuerdo a los voceros el magistrado ordenó que se preserve el lugar del hecho como así también que se resguarde todo tipo de elementos probatorios, además que en el lugar se realicen las pericias de rigor, que estuvieron a cargo de efectivos de la División Criminalística de la Unidad Regional IV de la Policía de Misiones, con asiento en esa localidad.

 

“Cerca de nuestras familias”

Fuentes del caso indicaron que los cuatro reclusos tenían el mismo reclamo: su traslado a otras cárceles de la provincia para facilitar las visitas de sus parientes.

En ese sentido se pudo saber que dos de ellos solicitaron a las autoridades del penal ser enviados a dependencias de la Policía en Puerto Iguazú, y un tercero pidió su traslado a la Unidad Penal 1 de Loreto. Un cuarto interno al principio se creyó que era un rehén de los otros detenidos, sin embargo por distintos indicios se supo que se habría “asociado” a quienes realizaron el reclamo debido a que también pretende traslado a la Unidad Penal III de Eldorado.

“Queremos estar cerca de nuestras familias”, habrían dicho en un primer momento y antes de pasar a protagonizar el motín.

Voceros agregaron que los involucrados pertenecerían a distintos pabellones y que se habrían reunido en un sector del penal durante ese viernes debido a que coincidían en sus planteos.

Al principio hubo diálogo entre los penitenciarios y los presos, sin embargo en determinado momento los reos tomaron algunos colchones y los prendieron fuego. Fue allí que se le dio intervención al Grupo de Intervención Especial Penitenciaria (GIEP), quienes rápidamente controlaron la situación.

En esas circunstancias uno de los efectivos terminó con quemaduras cuya gravedad aún no trascendió y sofocación, debido a que inhaló monóxido de carbono, revelaron las fuentes.

La Unidad Penal VII tiene presos condenados y otros con prisión preventiva, en distintos sectores.

 

Tercer motín en el año

El sábado 2 de marzo pasado a las 21.30 un guardiacárcel cerró las últimas celdas de la Unidad Penal 1 de Loreto y cuando estaba regresando a inspectoría un interno lo llevó al baño bajo engaños. “Está toda la cañería trancada”, le dijo. Una vez en dicho sector entre tres presos lo tomaron de rehén.

Los involucrados querían que la Justicia acelere sus causas. En un descuido el penitenciario huyó de sus captores. En pocos minutos el GIEP, tras enfrentarse a los tres individuos, controló la situación.

El domingo 9 de junio último, minutos antes de las 20 dos internos alojados en el módulo A del sector A en el penal de Loreto tomaron de rehén a otros tres presos, exigiendo ser llevados a la UP III de Eldorado, donde finalmente fueron trasladados.

Las tres víctimas terminaron hospitalizadas.

Tags: MotínPuerto RicoServicio Penitenciario ProvincialUnidad Penal VII
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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