Es indudable la crisis. Siempre habrá discusiones políticas respecto a las responsabilidades pasadas pero, ahora, lo preocupante es el futuro inmediato de la economía argentina.
Alberto Fernández llegará a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre con un cuadro nada alentador. No es casual que, a pocos días de ocurrir el recambio institucional, el Frente de Todos siga buscando las cabezas más indicadas para el área económica y financiera.
En su equipo tienen preparados planes y programas para ejecutar pero deben conseguir las personas indicadas, capaces de ejecutarlos en tiempos difíciles como los que transcurren y los que están por venir.
La dificultad principal es la urgencia. Entre los técnicos saben que hay apenas un trimestre para acordar con los principales acreedores, un semestre para poner en marcha medidas sociales y como mucho 12 meses para reactivar la industria y el consumo. Si lo logran, será apenas el inicio de un camino a largo plazo pero toda una señal para el electorado que votó a Fernández-Fernández para producir “el cambio del cambio”.
Entre cálculos, propuestas y números, en las oficinas donde se “cocina” el programa económico que vendrá, se mezclan los especialistas con los burócratas y los políticos (también ciertos oportunistas que cada cambio de Gobierno tiene) y, casi todos, coinciden en que deben atender también urgentemente la crisis social profunda de millones de pobres, indigentes y el menor poder adquisitivo de los trabajadores.
Por esta razón, hay que diferenciar la macro economía de la realidad interior de una Argentina quebrada. Pero, la propuesta es ver los tres ejes que se plantean para el inicio de la presidencia Fernández: recursos económicos, una quita de deuda y la urgencia en resolver las dos anteriores y la respuesta social.
El punto de partida, más allá de las lecturas partidarias, son los preocupantes números que deja la economía de cuatro años de gestión de Mauricio Macri. Vale la pena recordar algunos de ellos, comparando el inicio de la gestión con su casi finalización, para intentar comprender la profundización de la crisis (ver Herencia M).
Ni baja del gasto ni liquidez
Cuando Mauricio Macri abandone la Casa Rosada, no habrá resuelto el déficit fiscal. Peor aún, “vació” de liquidez las principales cajas del Estado en poco tiempo y nadie puede arriesgar cuánto dejará de reservas en el Banco Central de la República Argentina.
Los recursos que los economistas llaman liquidez (billetes disponibles) fueron “barridos” por el Ejecutivo a cambio de “papeles” (letras, bonos a largo plazo). Así, se fueron conociendo los casos de bancos estatales (Nación, Provincia de Buenos Aires) o el fondo de garantía de sustentabilidad de la ANSeS. Para tener una dimensión del “canje” de efectivo por bonos que se hizo, se puede citar el último movimiento que involucró 52 mil millones de pesos.
En cuanto al déficit, se estima en 1% este año y el proyectado a 2020 de 1,5% por efecto de la economía que deja Macri. Ambos, sumados los servicios de la deuda incrementan la cifra 4% más.
El problema financiero de la gestión Cambiemos fue inicialmente de dólares y ahora también es de pesos. El primero no depende de la capacidad de emisión del Gobierno argentino sino de las exportaciones que generen esos recursos en el país (no vale la pena referirse a inversiones que quedaron en la prometida “lluvia” semestre tras semestre).
En el caso de la moneda nacional, algunos impulsan la emisión desde la Casa de la Moneda con el riesgo inflacionario que podría significar la medida por sí sola sin resolver otros ejes como los mencionados.
Argentina debe alrededor de 360 mil millones de dólares a sus acreedores. De esa cifra, unos 300 mil millones corresponden a bonistas y el resto al Fondo Monetario Internacional.
Para entender el desafío, para febrero de 2020, la nueva gestión deberá afrontar pagos de intereses y vencimientos de esos bonos que exceden la capacidad de recursos con que cuenta el Estado.
Fernández necesitará entre diciembre 2019 y mayo 2020 disponer de al menos 30 mil millones de dólares para saldar los intereses de bonos, cancelación de bonos en pesos “reperfilados” por Macri y negociar Leliq por 10 mil millones de dólares. Solamente en diciembre vencen bonos por 5 mil millones.
En el Banco Central quedan unos 44 mil millones de dólares pero no todo está disponible para ser utilizado en pagos. Esa cifra se compone en parte con el swap chino, fondos de organismos internacionales, depósitos de ahorristas, remanentes del Fondo Monetario por 3.800 millones que son intocables.
Es decir, menos de 10 mil millones de dólares podrían llegar a diciembre para atender las contingencias y eventualidades.
Para entender el grado de magnitud que significará la carga para el erario público, de asumir los pagos en dólares, es bueno tener en cuenta un dato: la carga durante el año 2015 (último de CFK) fue de 22.500 millones de dólares.
Mientras que la herencia que dejará Macri para 2020 es de 43.100 millones de dólares. Esto significa que las erogaciones han subido a casi el doble, producto del endeudamiento adquirido en los cuatro años de Gobierno de Cambiemos/Juntos por el Cambio.
En el entorno de Alberto Fernández saben que deben reducir el stock de deuda a la mitad y conseguir un período de gracia por todo el año 2020 como mínimo.
Para negociar con los acreedores externos, ya se está trabajando en ello, siendo el Citibank – en su rol de banco agente- quien asuma el liderazgo frente a los acreedores para comandar con la gente del nuevo Gobierno un nuevo proceso de negociaciones que desembarquen en una refinanciación y reestructuración de la deuda argentina en poder de los bonistas.
El nuevo Gobierno debe dar certidumbre a los pagos futuros, con tasas variables ajustadas a ítems como crecimiento del PBI o de las exportaciones, por ejemplo.
A cambio, debe conseguir una quita importante y plazos más largos. Mientras se negocia, los bancos encargados de la negociación pueden adelantar fondos frescos al nuevo gobierno para enfrentar los objetivos.
Con el FMI, se sabe que el organismo no aplica quitas a los montos, sólo refinancia plazos y de ello se deberán ocupar los futuros funcionarios que lleguen a Economía y Finanzas. El mejor escenario con el Fondo sería conseguir la refinanciación con el aporte de dinero de libre disponibilidad para sumar a las arcas del BCRA.
Blanqueo y fuga de capitales
Apenas asumió Mauricio Macri, el Gobierno consiguió la ley de blanqueo de capitales con un resultado histórico para 2017: casi 117 mil millones de dólares declarados por empresarios. Además, con ese reconocimiento, se duplicó la base imponible impositiva, generando mayores impuestos al país. El Gobierno, por entonces, lo presentó como “una muestra de confianza en el país” cuando se iniciaba la era Macri.
Sin embargo, no hubo control en la fuga de capitales, incluso con los reclamos del FMI una vez cerrado el mega crédito del organismo. ¿Resultado? Se fugaron cerca de 140 mil millones de dólares en apenas dos años del final del mandato de Cambiemos, producto de la inestabilidad, la desconfianza y la especulación de grandes empresas ayudadas por el Gobierno nacional al no aplicar ninguna contención, como ocurre en muchos países donde se puede ingresar libremente los fondos pero no así retirarlos.
El resultado más mediático es el “cepo” financiero, último recurso para que los dólares que quedan, no se fuguen del país.
El desafío para el próximo Presidente será incrementar la cantidad de dólares disponibles en el país, sabiendo que no llegarán con inversiones a corto plazo como se necesitan. Entonces, la principal fuente de moneda norteamericana son las exportaciones pero, sin medidas de incentivo, éstas no crecerán como el país necesita.
En este sentido, hay empresarios del rubro alimenticio que pueden hacer grandes negocios en países extranjeros con mayor valor agregado industrializado, que sumaría opciones a la exportación de granos tradicional. De reactivarse la alta capacidad ociosa de las fábricas, se generaría empleo y movimiento económico además de recursos.
Respecto a la liquidación de las exportaciones, en el equipo de Alberto Fernández trabajan en dos cuestiones: modificar las reglas hacia los exportadores en temas como tiempo de liquidación, el lugar donde hacerlo (Macri les permitió liquidar y dejar fuera del país los dólares), las retenciones segmentadas de acuerdo al sector agropecuario que se trate.
Otra cuestión no menor es el futuro del MERCOSUR, que implicará un cambio de socios comerciales por fuera de la relación con Brasil, Uruguay y Chile. Sin embargo, cualquier trato con un país asiático o europeo (hay muchos interesados en los productos primarios argentinos), de manera unilateral y sin los socios del MERCOSUR, implicaría más dolores de cabeza para la política exterior y la económica.
Si todo se diera en el camino trazado, la balanza se inclinaría hacia el ingreso de dólares que permita apuntalar la economía interna del país, reactivando la congelada obra pública y financiando la acción social que el Gobierno entrante sabe que demandará muchos recursos.
Pacto precios-salarios
Otro gran desafío para Alberto Fernández es no dañar más el aspecto social de los argentinos ni el bolsillo de los asalariados. Algo que el equipo del Presidente electo sabe, es que la inflación no bajará tan rápidamente como las expectativas de la población pretenden. Por eso se proyecta un 40% para 2020 si aparecen mejoras en la economía.
Volviendo a la cuestión social, en campaña y una vez electo, el mandatario elegido en octubre promovió un pacto social donde aparecen la lucha contra la pobreza, el mayor acceso a los alimentos que depende de “congelar” los precios y, en el mismo camino, las paritarias salariales.
En el equipo económico de Alberto Fernández se proponen “inyectar un shock de dinero” comenzando con los jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales para luego avanzar con los salarios más bajos del sector privado.
De concretarse, dependiendo mucho de lo económico financiero ya explicado más arriba, se lograría reactivar el consumo. Con ese incremento de demanda, las fábricas trabajarían más tiempo en la elaboración tomando más personal. Y la “rueda” de la economía volvería a girar.
En cuanto al pacto, se promovería el congelamiento de precios y salarios por un semestre, con el desafío que significará la intervención del Estado en la cadena comercial.
No es casual que la cúpula de la CGT haya anticipado que no pedirá un bono de fin de año y que los líderes sindicales no se hayan pronunciado sobre las metas salariales que discutirán en las paritarias del año que viene.
Los desafíos de la era Fernández están planteados. En apenas dos semanas debe conseguir los ejecutores y firmar las medidas que crea más convenientes. Los argentinos esperan señales esperanzadoras de que algo comenzará a mejorar y el nuevo Gobierno deberá tratar de cubrir esas expectativas.
