El carácter gratuito de la universidad argentina conforma uno de los pilares fundamentales del sistema de educación superior del país, condición que se integra con la autonomía, las funciones de enseñanza, investigación y extensión y su implicancia para el desarrollo humano, democrático, productivo y tecnológico de la Nación.
Resultado de dichas tradiciones, la universidad argentina es democrática en su organización, popular en su composición estudiantil y está socialmente comprometida con su medio.
La Reforma Universitaria de 1918 estuvo caracterizada por el anhelo de la reforma social y de un espíritu democratizador. Sus protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a las instituciones públicas: sólo las clases altas y medias acomodadas podían estudiar. Durante los años 30 y 40 distintas expresiones estudiantiles, docentes, culturales y políticas militaron activamente para democratizar el acceso a la educación superior.
Retomando el anhelo de los reformistas, el Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos.
En 1949, producto de la organización de un nuevo Estado social de derecho se estableció la gratuidad universitaria y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Ese mismo año se fundó el Ministerio de Educación de la Nación en reemplazo del de Justicia e Instrucción Pública.
Finalmente, la gratuidad de la universidad en la República Argentina se alcanzó con el Decreto Presidencial N° 29337 el 22 de noviembre de 1949. Un aspecto fundamental es que se comprometió al Estado nacional a dotar a las universidades de los recursos complementarios necesarios para alcanzar dicho objetivo.
Aprobada bajo el Nº 14297 en 1954, la Ley Orgánica de Universidades fue la primera norma propiamente educativa sancionada por el Congreso de La Nación que incluyó taxativamente la gratuidad universitaria.
Como resultado de la sanción, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente. Recién con la dictadura militar del año 1976 se generó un retroceso en la inscripción de nuevos estudiantes.
A 70 años de la sanción del Decreto Presidencial N° 29337/49 se continúa reivindicando:
• La gratuidad de la universidad y la función democratizadora de la educación superior que deben ser un instrumento de igualación cultural, política y social.
• La responsabilidad del Estado en el financiamiento de la universidad que incluye el conjunto de las políticas democratizadoras del acceso, como becas, subsidios a comedores, transportes y otros programas que garanticen el acceso, la permanencia y la titulación de los estudiantes.
• El compromiso activo de la comunidad universitaria con la implementación de políticas de apoyo a la permanencia y al egreso de los jóvenes de menores recursos económicos y culturales;
• La función transformadora y comprometida de la universidad que debe ser un centro de debate y de formulación de propuestas para la resolución de los problemas locales, nacionales y regionales.
Fuente: gratuidaduniversitaria.cin.edu.ar
