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El IPEC actualizará datos estadísticos de la comunidad LGBTIQ+ en Misiones

17 noviembre, 2019

El género y la diversidad sexual se encuentran entre los puntos de interés en materia de políticas públicas de inclusión al tratarse de una población históricamente discriminada. Sin embargo, para lograr generar herramientas estatales es necesario contar con datos precisos y actualizados sobre la comunidad LGBTIQ+. En ese contexto, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) realizará un estudio en conjunto con asociaciones civiles como parte de los convenios del Observatorio de Violencia Familiar y de Género de Misiones. A su vez, el censo 2020 incluirá una nueva pregunta en el cuestionario que indagará acerca de la identidad de género de la población, lo cual permitirá tener un panorama más amplio de la situación en la que se encuentran en cuanto a acceso educativo, laboral y sanitario en todo el país.

Acerca de los datos con los que cuenta la provincia actualmente, PRIMERA EDICIÓN consultó con la directora del IPEC, Silvana Labat, quien explicó que “hace unos años atrás (2015) con la comunidad LGBTIQ+ hicimos un registro de personas trans en Misiones. Ahora junto con la ONG Colectivo 108, que es muy conocida en la provincia, ya tenemos un convenio firmado en el marco de la creación del Observatorio de Violencia Familiar y de Género. Lo que haremos es actualizar ese registro de base a través de una encuesta”.

El estudio aún no cuenta con una fecha establecida para realizarse pero se encuentra diagramándose. La encuesta “está enmarcado dentro de las herramientas para luchar contra las violencias en la provincia y para ella necesitamos datos más precisos. Se trata de una población que es muy afectada por la violencia”, añadió.

Asimismo, Labat señaló que “es una población muy difícil de ser captada y tenemos que trabajar con la misma comunidad LGBTIQ+  para lograr tener la encuesta. Serán ellos quienes apliquen el registro y realicen las entrevistas porque sino no tenemos forma de hacerlo. Estamos evaluando con el Colectivo 108 como proceder y ya tenemos un formulario conformado. Faltaría ahora avanzar en los métodos del relevamiento con las capacitaciones a la comunidad para que puedan hacer un trabajo respetando el rigor técnico, científico y metodológico”.

Respecto al cuestionario, precisó que “son preguntas muy íntimas como si logró acceder a operarse; cómo vive; las características habitacionales del hogar; con quiénes viven; el nivel educativo alcanzado; será como un censo pero orientado a la comunidad LGBTIQ+”.

Entre los datos más preciados, “buscamos contar con información para ver el acceso laboral y educativo. Además, en cuanto a la cuestión social y económica es necesario actualizarla porque en el último registro realizado en la provincia surgió que un gran porcentaje de las personas trans en la provincia eran prostitutas”, contó Labat.

La titular del IPEC remarcó además que “se trata de una población sumamente vulnerable a la cual el Estado debe atender y las políticas públicas actuales quizás no son suficientes o no llegan a aplicarse. Si bien tenemos leyes que los amparan, es necesario trabajar más para asegurar los derechos de la comunidad LGBTIQ+”.

A nivel nacional, el censo 2020 se prepara para incorporar una nueva pregunta relacionada con las corrientes actuales con perspectiva de género y diversidad dentro de los organismos públicos. Al respecto, Silvana Labat aclaró que “anteriormente era una pregunta que hacia referencia a como se auto percibe. Ahora se reformuló el cuestionario y es más explicita en ese dato. Por un lado se pregunta el nombre, el sexo asignado al nacer y luego se pasa a la identidad de género, en la cual la persona puede considerarse como mujer, varón, mujer trans, travesti, varón trans, otros o ignorado”.

Previamente, “en el 2010 se preguntaba por el sexo y en realidad por descarte sacabas lo relacionado con el género de la persona. El censista tenía que anotar la respuesta de la persona, más allá de que a simple vista quizás no concordaba con un hombre o mujer tal cual respondió en el cuestionario”, agregó.

En el censo realizado hace nueve años atrás “había sólo dos opciones en cuanto a la identidad, varón o mujer. En el momento de la entrevista, si respondía mujer al nacimiento pero el nombre no concordaba, eso daba cuenta de una identidad cuando hacías el cruzamiento de la información. En ese sentido, la pregunta de la identidad de género no estaba hecha de manera explícita”, recordó Labat.

Esta incorporación de la población trans y de la diversidad en general dentro de los estudios estadísticos “se dan después del 2010, fecha en la que empezó esta corriente nacional relacionada con la identidad de género”. En Argentina, desde la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans logró visibilizar la situación en la que se encontraban en materia de acceso a derechos. Como ley, la Identidad de Género se sancionó en 2012.

Para el censo 2020, se realizó hace poco una prueba piloto. “Con ella se evaluó justamente estas nuevas preguntas que se incorporan. Dependiendo de esto, dejan esas preguntas o las cambian. No obstante la cuestión del género -al estar tan instalada- creemos que será definitiva por la corriente que existe con la temática”.

 

Tags: comunidad lgbtiqInstituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)MisionesONG Colectivo 108
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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