En este marco el magistrado hizo un análisis respecto del modo en que se aborda la problemática de los delitos transnacionales del crimen organizado en la Triple Frontera.
Sostuvo que “las nuevas tecnologías facilitan al crimen organizado ejecutar delitos en varios puntos del mundo al mismo tiempo, como en Asia, Paraguay y Argentina, o bien, hechos delictivos autónomos pero con un mismo fin económico”.
Esta situación hace que se deba trabajar en mecanismos de colaboración internacional para abordar en forma simultánea la investigación.
Reconoció, sin embargo, que en ocasiones parte del trabajo investigativo debe realizarse con el manejo informal de información. Esto es porque la normativa que se debe aplicar para la sistematización de datos en el ámbito judicial quedó obsoleta ante la rapidez con la que las organizaciones delictivas se comunican.
Ejemplificó el caso con el asalto ocurrido en Paraguay a una entidad bancaria, perpetrado por el Comando Primeiro Capital. “A los pocos minutos de haber ocurrido el asalto ya teníamos la información de quienes eran al menos 20 de los sospechosos, porque desde Paraguay ya se emitió un alerta. Pero estos datos se manejaron por whatsapp y no por los mecanismos formales”.
Abogó en este sentido por normativas que permitan acelerar los procesos de circulación de la información para optimizar los recursos y tener así celeridad a las investigaciones.
Respecto del contrabando hizo referencia al daño que causa la circulación de mercadería apócrifa o ingresada ilegalmente al país. “Se trata de mercadería que luego se vende a menor costo en el mercado. Y en cierta forma, esto le beneficia a la gente que compra esto a menor precio, y también le beneficia al comerciante. En ocasiones cuando se hace un allanamiento, los comerciantes que venden esta mercadería ingresada de contrabando o con marcas falsas, dicen que no le causan daño a nadie”, contó el magistrado.
“Hace poco en Eldorado cerró una fábrica de calzados de primera marca. Los empresarios aseguraron que pueden competir en el mercado con otras marcas importadas ingresadas legalmente al país, pero no lo pueden hacer con la mercadería de contrabando. ¿Iría a explicarle a esos 300 trabajadores despedidos que la venta de esa mercadería de contrabando no causa daño a nadie?”, reflexionó.
El magistrado expuso en las Jornadas de Actualización Profesional en relación a los Lelitos del Crimen Organizado, que se realizan en la ciudad de Corrientes.
La capacitación es desarrollada por la Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Prefectura Naval Argentina.
La misma está destinada a efectivos de las fuerzas de seguridad, federales y policiales y al personal del poder judicial y Ministerio Publico Fiscal Federal.
