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Chile: en el sexto día de movilización ya son 18 los muertos

23 octubre, 2019

La cifra de fallecidos fue confirmada a los medios de prensa por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, actualizando los números que hasta este martes, hablaban de 15 personas, sin embargo, ocurrieron tres nuevos decesos en las últimas horas.

Un menor de cuatro años y un adulto de 37 años fallecieron tras ser atropellados en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, en el centro del país, cuando un conductor ebrio y sin salvoconducto, debido a que existe toque de queda, arremetió contra una multitud de manifestantes. y en el hecho resultaron además 18 personas lesionadas.

Por su parte el papa Francisco se mostró preocupado por la situación en Chile. “Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Chile. Espero que, poniendo fin a las manifestaciones violentas, a través del diálogo se pueda trabajar para encontrar soluciones a la crisis y hacer frente a las dificultades que la han generado, por el bien de toda la población”, dijo al final de la audiencia general de hoy.

El martes a la noche, el presidente Sebastián Piñera cambió el tono de su discurso, pidió perdón por su “falta de visión” y prometió reformas sociales como el aumento del salario mínimo y subir en un 20% la pensión básico. Ya antes había retirado el aumento a los precios del metro, el detonante de las protestas.

Sin embargo este miércoles la gente volvió a ganar las calles, en forma pacífica reclamando la renuncia del mandatario y señalando que las medidas anunciadas son “insuficientes”.

El general Javier Iturriaga, designado por el Presidente Sebastián Piñera como jefe de la defensa nacional en Santiago, planteó el toque de queda como una forma de evitar los incendios y saqueos registrados desde el inicio de las protestas y en forma paralela a las manifestaciones pacíficas, pero la consecuencia fue que los saqueos y los enfrentamientos se multiplicaron.

La oposición política ha pedido derogar la prohibición de salir en las noches y desmilitarizar el país, a medida que aumentan las denuncias de violencia policial y militar.

 

Medidas

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes una agenda social para reformar el sistema de pensiones, la salud y los medicamentos, los ingresos mínimos y las tarifas eléctricas, entre otras medidas, tras pedir perdón a los ciudadanos por no haber visto sus necesidades.

La agenda social anunciada por el mandatario contempla también mayores impuestos a los sectores más pudientes, la creación de una Defensoría de las Víctimas, una reducción de las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública.

Piñera presentó estas medidas en una cadena nacional en las horas finales del quinto día de masivas protestas  en reclamo de un país más equitativo, y mientras gran parte del país se encuentra en estado de emergencia y bajo toque de queda con el Ejército a cargo de la seguridad, dados los desmanes y actos vandálicos que han acompañado este estallido social.

La reforma de las pensiones contempla incrementos en el llamado Pilar Solidario (por el que el Estado participa en el sistema de pensiones), con un incremento del 20% de la Pensión Básica Solidaria y de otro 20% en el Aporte Previsional Solidario, lo que, según dijo, beneficiará a 590.000 y 945.000 pensionados, respectivamente.

Además, anunció un aumento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios durante los años 2021 y 2022, para los pensionados mayores de 75 años; aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan, y aportes de recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes.

El sistema de pensiones es uno de los puntos que más rechazo concita en la sociedad chilena. Obliga a los trabajadores a depositar cada mes cerca del 12% de su sueldo en cuentas individuales manejadas por entidades privadas que entregan en promedio pensiones de unos 220 dólares, poco más de la mitad del sueldo mínimo, que está en 422 dólares mensuales.

Anunció un tratamiento legislativo de “urgencia” de un proyecto de ley que ya había enviado al Congreso para crear el Seguro de Enfermedades Catastróficas, “de forma de asegurar un techo al gasto de salud de las familias”.

Dijo también que creará un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos de las familias chilenas y una ampliación del convenio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) con las farmacias para reducir el precio de los medicamentos.

El mandatario anunció la creación de un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complementan el salario de los trabajadores a jornada completa cuando sea inferior a esa cantidad, beneficio que se aplicará en forma proporcional a los menores de 15 y mayores de 65 años.

Las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos 11.000 dólares) pagarán un impuesto del 40%, mediante el cual se espera recaudar 160.000 millones, que servirán para financiar estas nuevas medidas, dijo el mandatario.

Anunció una reducción de las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública, además de una reducción de los parlamentarios y una limitación de las veces que pueden ser reelecciones.

Finalmente, Piñera prometió la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, que permitirá anular la reciente alza 9,2% de la electricidad.

Además, pidió al Congreso que acelere el trámite de algunos proyectos de ley enviados por el Gobierno sobre para proteger a los niños y adolescentes y a los ancianos que no pueden valerse por sí mismos.

Finalmente, anunció un plan de reconstrucción dotado en 350 millones de dólares para la reconstrucción de los daños y destrucciones provocados por la violencia y delincuencia ocurrida en los últimos días en Chile.

Fuente: Agencia de Noticias AFP/NA y Medios Digitales

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Tags: ChileMedidasProtestas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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