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Municipios: menos de la mitad avanzó en la gestión de asistencia alimentaria

17 octubre, 2019

Menos de la mitad de los 76 municipios misioneros avanzó en la conformación del Consejo Asesor, requisito necesario para recibir la asistencia establecida a través de la Emergencia Alimentaria aprobada por ley en la Legislatura provincial el pasado 12 de septiembre.

Así lo confirmó a PRIMERA EDICIÓN el ministro coordinador de Gabinete de la provincia, Adolfo Pischik, quien explicó que “la idea es hacerles transferencias monetarias a todas aquellas comunas que van conformando sus consejos asesores, pero hasta ahora sólo lo hicieron 38”.

Cabe mencionar que la normativa pone en marcha una serie de programas destinados a garantizar la asistencia a los sectores más vulnerables, bajo la supervisión de un Consejo que integrarán funcionarios y organizaciones sociales.

Para acceder a estos, los municipios deben conformar sus propios consejos, integrados por representantes de las áreas sociales, con el objetivo de informar la cantidad de comedores y de personas que asisten a ellos, además de las distintas ayudas y subsidios municipales disponibles. Sin embargo, son pocas las comunas que avanzaron con este trámite.

“Vamos a tener que acelerar para que aquellos que no lo hicieron se pongan al día con la conformación de estos consejos asesores, está previsto que se realicen transferencias directas a las comunas para que compren alimentos en comercios locales”, apuntó Pischik.

Y aclaró que “estas transferencias se realizarán únicamente a las comunas que tengan un Consejo Asesor constituido. El apuro debe ser de cada Gobierno local para que puedan recibir y fortalecer la asistencia alimentaria en cada municipio”.

Asimismo, comentó que en el marco de una nueva reunión del Consejo Asesor de la Emergencia Alimentaria a nivel provincial surgió la idea de la creación de un ticket canasta para la compra de productos frescos en las ferias francas de toda la provincia.

“Repartiremos estos tickets para que las familias puedan acceder a hortalizas, frutas y alimentos de las ferias. Este martes ya tuvimos una reunión para definir estas cuestiones. También estamos viendo la posibilidad de acceder al fortalecimiento de los merenderos de las organizaciones sociales para llegar a unas 27 mil personas con copas de leche y cereales”, señaló.

 

Inconsciencia

A todo esto el diputado del Partido Agrario y Social (PAyS), Martín Sereno, uno de los autores de la iniciativa, advirtió que “un poco menos de la mitad mandó algunos datos”, y aclaró que “no es necesaria la adhesión municipal a la ley”, aunque sí se requiere la conformación de los consejos para su puesta en marcha”.

“Son cerca de 45 los municipios que no han enviado la información necesaria, lo cual atrasa la implementación práctica de la norma en el interior. En la última reunión planteamos esto y hubo un compromiso por parte del Gobierno provincial para volver a hacer una convocatoria con un llamado de atención para que formen estos consejos que habilitan la asistencia para las comunas”, reveló.

En este sentido, manifestó que le preocupa “la falta de conciencia de algunos intendentes”. “Ellos no se ocupan y eso que la ley ya se sancionó hace casi 40 días, ni siquiera tienen en cuenta los avances que hubo en la determinación de casi toda la implementación en conjunto con el Gobierno provincial. No sé si no tienen conciencia del hambre o están preocupados por otra temática, pero esto es urgente, por algo se declaró la emergencia alimentaria”, enfatizó.

En este contexto, opinó que este retraso se debe a que “en la mayoría de las comunas la asistencia social y nutricional de merenderos y comedores es realizada por las organizaciones sociales con muy poca participación municipal”.
“Quizá no sea así, pero es la impresión que dan”, consideró.

Detalló que entre las distintas ayudas que se prevé enviar hasta los municipios se encuentran: leches, cereales y azúcar para los merenderos, de acuerdo a la cantidad de asistentes. También se pretende un aumento de 400 pesos en los montos de 31 mil beneficiarios de tarjetas del IPLyC. Además se está discutiendo el incremento de las raciones de las cocinas centralizadas, y la entrega de mercaderías en el interior provincial mediante la provisión de alimentos frescos comprados a productores y colonos de la zona. Remarcó, a su vez, que otra de las propuestas consiste en mantener las partidas de los comedores escolares durante el receso estival.

Para finalizar destacó que en Posadas ya se entregó la primera parte del aporte municipal para las organizaciones sociales las cuales retiraron ayer las mercaderías para los merenderos que funcionan en los barrios. “Confiamos que la semana que viene se concrete esta asistencia a nivel provincial”, concluyó Sereno.

Tags: Comedoresemergencia alimentariaMunicipios misioneros
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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