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Docente embarazada no cobró siete meses por designación irregular

15 octubre, 2019

Lis Soledad Achterberg, una maestra de grado de San Vicente, quedó envuelta en medio de una aparente maniobra irregular, en el marco de la cual y tras siete meses de idas y vueltas, recién la semana pasada salió la resolución para su cargo y el pago de haberes.

Actualmente la mujer cursa los últimos meses de un embarazo de alto riesgo y para colmo la docente que pusieron a trabajar en su lugar, atravesó por idénticas condiciones de irregularidad en las que ella ya había trabajado.

Su caso tiene un entramado muy complejo, pero lo cierto es que tras haber hecho un amplio reclamo ante las autoridades educativas de provincia, el CGE inició un sumario administrativo y una investigación, tanto al supervisor de zona IV del nivel primario, Diego Luján Sartori, y al delegado escolar del Consejo Escolar del Departamento Guaraní, Oscar López.

Para hacer visible la situación, Achterberg hizo un pormenorizado relato ante medios locales y aunque temía que tomaran “represalias” por haberse atrevido a dar su versión, aseguró que se animó a hablar para que no vuelvan a darse similares irregularidades.

 

La mejor valorada

Con cuatro años de antigüedad, de los cuales en tres se desempeñó como suplente en la escuelita de una colonia de esa localidad, en diciembre del año pasado la maestra había quedado cesante porque se presentó su titular.
Así las cosas, a principios de 2019, con una valoración de 29.66 (en ese momento se encontraba en la lista como mejor valorada) la maestra reclama un cargo en la Escuela 797, al enterarse que la docente que lo ocupaba había renunciado. Sin embargo, según su relato, entre el supervisor Sartori y el delegado escolar López la convencieron que éste no le correspondía porque la titular había renunciado a la modalidad pero que se llevó su cargo y le impusieron ocupar otro.

“En ese momento me dijeron que el que quedaba vacante le correspondía a una docente titular de la Escuela 453, quien fue enviada a cubrir el cargo vacante de la 797 que yo pedía. Me indican que lo que me correspondía a mí era ser suplente de esa titular que venía de la 453 y que si lo no tomaba ahí mismo iban a tener que hacer por escrito una nota en la cual yo renunciaba a él, o bien, que me firmaban la nota solicitando el cargo de la 453”, comenzó su relato lleno de detalles sobre una aparente maniobra tejida alrededor.

“Al verme en ese aprieto, para no quedarme sin nada -además me aseguraban que iba a ocupar un cargo de mayor remuneración- tomé la vacante de la 453 y no reclamé el de la 797”, relató la mujer.

Pasadas estas cosas, la docente se presentó a trabajar con una designación, pero hecha por el secretario escolar, quien le aseguró que el trámite y designación del CGE iba a salir en la semana.

“Me fui tranquila pero a la semana no salió el instrumento legal, de todas maneras sigo trabajando desde fines de marzo, todo abril y mayo. Ese mes, quien era la titular del cargo que yo ocupaba como suplente lleva una disposición (62/19) hecha por Diego Sartori, donde le concede la licencia para desempeñar el cargo de maestra de grado de jornada extendida en la escuela 797 desde el 27 de marzo hasta el 12 de diciembre de 2022, pero no genera la vacante que yo ya venía ocupando”, explicó.

“Sin embargo, luego de esa disposición, rellené todos los formularios requeridos por la 453 y los elevé a la secretaria escolar, porque supuestamente en esos días iban a mandar mis papeles al CGE para que impacten mis papeles para poder cobrar mis haberes”. 

“Hice todo como me dijeron pero nuevamente me fijo en el sistema y seguía sin aparecer. Esperé unos días más y llamé a Posadas para averiguar qué había pasado y me encuentro con la sorpresa que no había ningún papel mío. Me pongo en contacto con Sartori y este me dice que no podía elevar mis papeles sin que salga la resolución donde designaban a la titular de la 453 en el cargo de la 797 con jornada extendida”.

“Pasó todo mayo y seguí esperando. Al hacerme un control de rutina me entero que estaba embarazada y que era de alto riesgo porque tenía hematomas y padezco presión alta, por lo tanto el médico me mandaba de reposo”, prosiguió.

 

Otra suplente, igual situación 

Achterberg obtuvo la licencia médica, pero contando con las palabras del supervisor, que esa resolución que ella estaba esperando iba a salir y que le iban a cargar la licencia en cuestión.

“A todo esto, designan a otra suplente pero de la misma manera en que a mí y ahora ya somos dos suplentes sin papeles, y hasta el día de la fecha sin cobrar, porque las dos seguíamos esperando la resolución”, indicó.

Finalmente, el 30 de julio, Achterberg y su suplente empiezan a tener claridad de que habían quedado envueltas en una maniobra en la cual lo único que se hizo fue desafectar el cargo en la Escuela 453 y llevarlo a la Escuela 79, por lo cual dejaron a 25 alumnos sin maestra y para “salvar la situación” después se presta un cargo de la 797 a la 453.

“Lo que nos prometieron fue una mentira, Sartori ni López cumplieron nada de lo que nos habían asegurado, cuando me acerqué a hablar con él, los términos habían cambiado y me di cuenta que jugó con mi necesidad de trabajar”, denunció.

 

Otro “raro” ofrecimiento

Siempre de acuerdo al relato de la mujer, faltaba la “frutilla del postre”: “Pasados unos días, después de mi reclamo por desafectar el cargo sin generar otro, me dicen que lo iban a solucionar. Pasados me llaman para decirme que el trámite que me prometieron no iba a salir, porque no lo podían hacer con fechas atrasadas. Es ahí cuando me ofrecen un cargo en la Escuela 74, pero con fecha de agosto y que por los otros meses que había trabajado sin cobrar mi abogado debía hacer una nota solicitando al Consejo el pago”, se indignó.

Ya sin saber a quien más recurrir, la docente afectada elevó un reclamo al CGE donde hizo un relato pormenorizado de todo lo ocurrido desde el 27 de marzo y salió a los medios locales a dar su testimonio.

“El supervisor (Diego Sartori) debe responder al Consejo sobre lo ocurrido”, explicó la trabajadora.

 

“Obré según la reglamentación vigente”

A fin de esclarecer la situación irregular en la designación de personal suplente en la escuela N° 797 de San Vicente y los acontecimientos en la 453 de la misma localidad, el CGE inició un sumario administrativo y una investigación al supervisor de zona IV del nivel primario, Diego Luján Sartori, y al delegado escolar del Consejo Escolar del Departamento Guaraní, Oscar López.

Asimismo, el CGE dio a conocer que aprobó la designación de la docente suplente Lis Soledad Achterberg quien no había percibido ningún mes de sus haberes.

Todo esto, después de una larga espera, ya que recién el 7 de octubre último el Presidente del CGE, Mauricio Maidana, firmó la Resolución N° 6526 en la cual ratifica la Resolución N° 5252/19 y “Autoriza a la Dirección de Personal y Recursos Humanos del Consejo General de Educación, de forma excepcional realizar el alta y liquidación de haberes el personal docente suplente designado en reemplazo de la docente … en uso de la licencia Artículo N° 11 de la Ley VI N° 47”. Por su parte, Sartori aseguró que la resolución avala lo realizado por él y que “obré según la reglamentación vigente”.

Tags: cargo suplenteCCGDesignaciónIrregularidad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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