La confesión aparece en un fragmento de sus memorias, “Nada menos que tudo” (“Nada menos que todo”), que saldrá a la venta la semana que viene, y se refiere a un episodio ocurrido en mayo de 2017.
“En uno de los momentos de dolor agudo, de ira ciega, me puse una pistola cargada en el cinto y por poco no la descargué en la cabeza (del juez)“, confesó Janot, fiscal general entre 2013 y 2017, una figura clave en la megaoperación anticorrupción Lava Jato.
“No iba a ser una amenaza. Lo iba a asesinar. Lo iba a matar y después a suicidarme”, explicó en una entrevista al diario O Estado de S. Paulo para promocionar el libro.
Según el exfiscal general, de 63 años, la difusión de “una historia mentirosa” sobre su hija por parte de Mendes despertó su intención de asesinar al juez.
Janot había pedido la recusación de Mendes en el análisis de un recurso de habeas corpus del encarcelado empresario Eike Batista, con el argumento de que la mujer del juez, la abogada Guiomar Mendes, trabajaba en el bufé de abogados de Batista.
“Eso me molestó mucho”, dijo, pero no disparó, por “la mano de Dios”.
“Ayuda psiquiátrica”
La explosiva revelación desató todo tipo de reacciones entre la clase política y judicial de Brasil, en un país acostumbrado a todo tipo de escándalos y declaraciones.
En un comunicado, Mendes se declaró “sorprendido” con la declaración de Janot y le recomendó “ayuda psiquiátrica”.
“Solo me queda lamentar el hecho de que, durante un buen tiempo, una parte del debido proceso legal en el país fue rehén de quien confiesa tener impulsos homicidas”, afirmó Mendes.
Janot, cuya enemistad con Mendes era de sobra conocida, denunció durante su gestión a cinco expresidentes, entre ellos los izquierdistas Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), del izquierdista Partido de los Trabajadores, y el conservador Michel Temer (2016-2018).
Polémico y amante de frases altisonantes, Janot fue muy cuestionado por otorgar un crédito excesivo a los delatores que colaboran con la justicia a cambio de la reducción de pena, una práctica muy recurrente en el Lava Jato, que reveló una vasta red de corrupción centrada en la estatal Petrobras.
Ahora, el caso cobró una nueva dimensión cuando, a pedido de otro juez del STF, Alexandre de Moraes, la Policía Federal (PF) llevó a cabo registros en la oficina y en casa del exfiscal en Brasilia para, entre otras cosas, incautar el arma.
Además, De Moraes le suspendió el permiso de porte de armas y le prohibió acercarse a los integrantes de la máxima corte.
El presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, reaccionó en un tono irónico: “Hoy descubrimos que el fiscal general quería matar a un juez del Supremo. ¿Quién va a querer invertir en un país como este?”.
Fuente: Agencia de Noticias NA.
