El fiscal Carlos Rívolo pidió la elevación a juicio oral de la causa que complica a un puñado de intendentes por el manejo que realizaron de fondos para residuos urbanos durante el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner. Se trata de la causa que es llevada adelante por el juez Claudio Bonadio.
La decisión sacude al municipio misionero de Puerto Rico, ya que su intendente, Federico Neis, se encuentra implicado en la causa, junto a otros 46 intendentes de todo el país y tres ministros del último gobierno de Cristina Fernández: Fernando Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.
Para la Fiscalía, hubo irregularidades en cómo los municipios administraron los fondos, y fundamentalmente, en la forma en que se distribuyeron. Y también involucra a Juan José Mussi, en su rol de ex secretario de Ambiente.
En concreto se trata de los funcionarios procesados por el juez Claudio Bonadio en primera instancia y cuya decisión fue confirmada por la Cámara Federal meses atrás. Se espera por más medidas.
Rívolo inició la investigación a fines de 2016, a partir de una auditoría de la Secretaría de Ambiente en colaboración con la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la Jefatura de Gabinete, en el marco de un proceso de revisión de documentos de la gestión anterior.
En su dictamen, Rívolo dio cuenta de las irregularidades. “Las maniobras ilícitas perpetradas por los funcionarios que gestionaron los fondos asignados a aquel proyecto (un total aproximado de $590.136.927), han incidido directamente en que, habiendo transcurrido más de una década desde la implementación del Programa, el país se encuentre sumamente atrasado en materia de tratamiento de los residuos que generan sus habitantes y que, a grandes rasgos, no se hayan cumplido los principales objetivos fijados en el Proyecto (reducción y valorización de RSU, implementación de la GIRSU, clausura de basurales a cielo abierto, recopilación, procesamiento y difusión de información y comunicación y participación); privando a la ciudadanía de gozar de una mejor calidad de vida en materia ambiental”.
Causa
El juez Bonadío investiga el destino de más de 600 millones de pesos durante la gestión kirchnerista, otorgados a alcaldes y exalcaldes para proyectos de reciclado y de gestión de residuos entre 2013 y 2015.
En julio, la Cámara Federal porteña había confirmado el procesamiento de 47 actuales y exintendentes en el marco de la megacausa que investiga el uso de fondos públicos para obras medioambientales.
En esa instancia, el tribunal de apelación sobreseyó a uno de los jefes comunales y dictó la falta de mérito a otros 15.
Polémica en Puerto Rico
“Al municipio de Puerto Rico, que se sitúa en la provincia de Misiones, se le giraron durante el año 2013 $2.783.936 en razón de un proyecto que sus propias autoridades reconocieron como no ejecutado, pero cuyos fondos permanecían congelados. Aquí acierta el magistrado cuando señala que tal inacción también es perjudicial, en tanto los subsidios nacionales tenían por misión introducir avances que el paso del tiempo podía tornar imposibles”, indicó la resolución judicial para fundar la medida contra Federico Neis.
Cuando Bonadio lo procesó en febrero de este año, Neis apeló a las redes sociales para hacer su descargo. Entonces aseguró que “durante todos los años de gobierno, hice las cosas de la mejor manera posible. Con responsabilidad, honestidad y respeto a la comunidad que me eligió para este cargo, abierto al diálogo con todos los vecinos. Estoy seguro y tranquilo de que esto en corto tiempo, estará aclarado”.
Ahora, el magistrado podría remitir a juicio la causa y Neis debería sentarse en el banquillo de los acusados.
En su descargo Neis dio detalles de donde se encuentran los fondos. Dijo que el primer proyecto no prosperó porque el predio de la comuna no era apto ambientalmente y se compró otro lote de 4 hectáreas, pero los vecinos del lugar se opusieron a una planta de reciclaje cerca de sus casas. En 2016 se elevó a Nación un nuevo proyecto que en 2017 se empantanó en la burocracia nacional, debido a cambio de autoridades.
“No hubo malversación de fondos ni corrupción”, aseguró Neis en un comunicado. Parte del dinero se invirtió en equipos (una pala frontal y una extrusadora de plásticos) y el resto sigue depositado en una cuenta especial, aseguró.
“Dicho dinero no se puede colocar a plazo fijo”, aclaró Neis.
El nuevo proyecto prevé la recuperación de residuos sólidos, disminuir los residuos que van al relleno sanitario y crear una cooperativa de reciclaje. La idea es generar puestos de trabajo y concientizar a los vecinos en la separación de la basura y la recuperación de la mayor cantidad de residuos que puedan ser comercializados por la cooperativa de gestión de residuos sólidos urbanos.
En definitiva, el dinero está, según el intendente Neis. Restando los $471.000 que se invirtieron en equipos, menos el costo de mantenimiento de la cuenta 4170011090 a nombre de la Municipalidad de Puerto Rico, el remanente total es de $2.311.627,48, dijo hace algunos meses.
